El Pleno del Tribunal Constitucional debatirá el martes 24 de febrero sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2023 por la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda. Este recurso se centra en varios preceptos de dicha normativa que el Gobierno de Ayuso considera que invaden competencias autonómicas. Se trata del cuarto recurso contra esta norma. Los otros tres recursos han sido ya resueltos por el Constitucional que ha avalado varios conceptos cuestionados, como la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; o que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda.
El pasado 26 de mayo de 2023 entraba en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, una normativa que desde su nacimiento ha levantado mucha polémica por parte de otros partidos políticos, por expertos del sector inmobiliario y economistas. Esta norma ha traído consigo la creación de zonas tensionadas de alquiler, la figura de gran tenedor o la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria por el alquiler y los de formación del contrato de arrendamiento sean a cargo del arrendador.
En el caso del recurso interpuesto por el Gobierno de Ayuso, se centra en varios preceptos de la Ley de Vivienda estatal bajo la premisa de que el texto invade competencias autonómicas. En concreto, versa sobre 11 apartados de ocho artículos en los que se "extralimita" la interpretación de las competencias del Estado. En concreto, los artículos recurridos son el 8, apartado a); 15, apartado 1; 16, apartado 1.d); 17, apartado 4; 18, apartados 2 a 4; 19, apartado 3; 27, apartados 1 y 3; 28, apartado 1; y disposición final quinta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, estuvo meses de 2023 anunciando su intención de recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional, incluso antes de su puesta en marcha, e insistiendo en aquellas medidas que dependan de la iniciativa autonómica, como por ejemplo la declaración de zonas tensionadas de mercado residencial, que no se aplica en la región. Ayuso se mostró tajante en sus afirmaciones: “la ley aprobada con Bildu y ERC invade competencias de las CCAA, contiene artículos inconstitucionales y graves errores jurídicos que perjudican seriamente al mercado inmobiliario y muy especialmente a los madrileños", destacaba la mandataria del PP en las redes sociales.
Los otros recursos resueltos por el TC contra la Ley de Vivienda
Con este recurso que le toca al Constitucional resolver la próxima semana suman ya cuatro. A finales de enero de 2026 el máximo defensor de la Constitución española desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra determinados artículos de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 que consideraba que invadían competencias autonómicas.
Las otras dos sentencias del Constitucional sobre la Ley de Vivienda son una que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Andalucía, pero que avalaba gran parte de dicha normativa, y la otra sentencia es la que estimaba también parcialmente el recurso promovido por más de 50 diputados del PP contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda.
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