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El ministro de Consumo indicó que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno pasa por aprobar antes de que finalice este mes un decreto ley que incluirá algunas de las medidas que el Ejecutivo considera "fundamentales" para responder a la situación de la vivienda. Entre ellas, citó la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones utilizados de forma fraudulenta, así como una fiscalidad "disuasoria" para las viviendas de uso turístico -elevar el IVA al 21%-, al considerar que están reduciendo la oferta disponible en el mercado del alquiler.

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este 14 de julio la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

La proposición de ley catalana para limitar la compra especulativa de viviendas ha dado este miércoles un nuevo paso en el Parlament, aunque todavía está lejos de convertirse en una realidad. La Cámara catalana ha aprobado su tramitación por el procedimiento de lectura única, una vía que permite acelerar el proceso legislativo, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP. Sin embargo, la aprobación definitiva de la norma no llegará antes del verano después de que PP y Junts hayan anunciado y formalizado la petición de un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), un trámite que suspende el procedimiento parlamentario hasta que este órgano emita su informe.

El Gobierno inició esta semana los trámites confirmando su renuncia a las Cuentas Públicas de 2026, en un momento en el que aumenta la presión por el 'caso Leire' y los socios se distancian. Precisamente, el jefe del Ejecutivo confía en la "responsabilidad" de los que fueron sus aliados de investidura y afirmó que los nacionalistas vascos "se han abierto al diálogo" mientras que su partido, el PSOE, ya trabaja para mejorar la mermada relación con los de Carles Puigdemont.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, después que los de Carles Puigdemont se hayan abierto a ello bajo algunas condiciones."Junts se ha

Junts se ha mostrado abierto a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual. De hecho, el grupo que lidera Miriam Nogueras en el Congreso ya presentó a mediados de abril una proposición no de ley que plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros anuales.

El debate sobre el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales vuelve a tensionar el escenario político catalán. En pleno aumento de los flujos migratorios y con Cataluña superando ya los ocho millones de habitantes, Junts per Catalunya ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca endurecer los requisitos de acceso a los llamados “derechos de alta intensidad”, entre ellos, la vivienda protegida. La formación liderada por Carles Puigdemont trabaja desde hace meses en el denominado Plan 8 millones, una estrategia que pretende ordenar el crecimiento demográfico y redefinir el acceso a los servicios públicos en función del grado de arraigo de la población. El documento, aún en fase de revisión, establece diferentes escalones de acceso a derechos sociales para los extranjeros que llegan a Cataluña.

Sumar quiere volver a llevar al Congreso de los Diputados el decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres con cesiones a Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros para que estos apoyen el texto y pueda convalidarse. El PP, Vox y Junts tumbaron el pasado martes 29 de abril en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler. Tras el varapalo, varios miembros de Sumar han salido a reprochar el voto en contra de estos partidos al decreto y han avanzado que su intención es llevar al Consejo de Ministros lo antes posible un nuevo decreto para intentar aprobarlo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha saludado que Junts se abra a negociar un nuevo decreto para prorrogar los contratos de alquiler si se añaden medidas solicitadas por la formación catalana independentista, por lo que considera que "ha abierto una ventana de oportunidad""S

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha negado que su formación esté "en contra de una prórroga" de los alquileres durante dos años, pero ha insistido en que sólo apoyarían un nuevo decreto ley si se trata de un texto "corregido". Según Nogueras, el texto impulsado por Sumar que ha tumbado la Cámara Baja contiene "artículos que son jurídicamente inaplicables", y solo estarían abiertos a apoyar un nuevo decreto si incluye salvedades a la prórroga, como que el propietario necesite la vivienda o que el inquilino haya incurrido en impagos; y recoge el IVA franquiciado para autónomos y nuevas desgravacaciones fiscales para los alquileres y las hipotecas.

Sumar afronta la previsible derrota que sufrirá este martes el decreto ley que prorroga automáticamente los contratos de alquileres que vencen en 2026 y 2027 entre reproches al PSOE, por no haberse implicado lo suficiente en la negociación, y a PNV y Junts por haber anunciado que no van a apoyar el

Sumar se ha mostrado partidario de ofrecer concesiones a Junts como bonificaciones a caseros y aplicar el IVA franquiciado y ha emplazado al PSOE a implicarse en esta negociación para forjar un acuerdo que permita salvar la prórroga de alquileres, incluida en el decreto de medidas de vivienda que se votará este martes en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que estas dos medidas son demandas públicas de los postconvergentes y que pueden hacerles cambiar de opinión, pese a que han expresado su rechazo a este decreto al igual que PP y Vox.

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda del PP on el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno. La normativa, que ya había sido aprobada por el Senado, incluye una reforma de la Ley del Suelo para dar más seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos, deroga las zonas tensionadas en vivienda y el índice de precios de referencia de los alquileres, y promueve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que bancos y fondos de inversión puedan acudir a un juicio verbal y acelerar así la recuperación de la posesión de sus inmuebles en caso de okupación. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

La formación catalana ha insistido en su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno que incluye la prórroga de dos años de los alquileres y la limitación del 2% a la actualización anual de las rentas, lo que anticipa la caída del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo 28 de abril. De hecho, Junts ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con rebajas fiscales como una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual y bonificaciones para la rehabilitación, ya que insiste en que las reducciones impositivas son una vía mucho más eficaz que los controles de precios.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado durante su intervención en el European Pulse Forum 2026 celebrado en Barcelona, que ya están negociando con Junts sobre la convalidación del Real Decreto-ley que incluye la prórroga automática de dos años de los alquileres y el tope del 2% a la actualización de las rentas. La líder de Sumar se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo y ha lanzado un aviso al partido catalán: "Quien tumbe este Real Decreto-ley se va a colocar en contra de la ciudadanía de nuestro país", ha afirmado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha censurado este miércoles el decreto ley auspiciado por Sumar con medidas en materia de vivienda como prohibir los desahucios o prorrogar los alquileres, al tiempo que ha avisado de que el otro decreto con rebajas fiscales para paliar el impact

El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

La formación catalana ha confirmado que, de momento, mantiene su rechazo al nuevo decreto del escudo social que entró en vigor el pasado 5 de febrero y que debe votarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. El texto, que incluye la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional para propietarios de tres o más viviendas, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidado, pese a que Podemos ha adelantado que votará a favor. Si decae, también desaparecerá la posibilidad de los arrendadores de solicitar una compensación económica por las rentas no percibidas.

La reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones vuelve a agitar la política municipal en Barcelona en un momento especialmente sensible: la recta final del mandato y el horizonte electoral cada vez más cerca.

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros de 9 de diciembre un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont. Además, se ha aprobado otro real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha formalizado la ruptura con el Gobierno que el partido independista catalán anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras. Pese a todo, Junts quiere "cobrarse" los acuerdos que han alcanzado en torno a normas concretas e 'indultará' cinco leyes, entre ellas la de movilidad sostenible, la de atención a la clientela o la norma que dota de financiación a la atención a los pacientes de ELA.

Siete años después de su aprobación, la norma que obliga a reservar el 30% de vivienda social en las nuevas promociones de Barcelona está en el punto de mira. El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha dado un paso al frente dirigiéndose por carta al alcalde Jaume Collboni (PSC) y al líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, para proponer un pacto tripartito que elimine esta obligatoriedad y desbloquee la construcción residencial en la ciudad.

Junts ha roto las negociaciones con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para reformular la polémica normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. La formación independentista considera que “el PSC no tiene una propuesta clara” y ha retirado su apoyo a cualquier cambio en la norma vigente. El grupo municipal se desmarca así del pacto que el gobierno de Collboni buscaba tejer para modificar una medida que el propio alcalde ha considerado “ineficiente” en varias ocasiones, y que apenas ha generado vivienda social desde su entrada en vigor en 2018.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la intervención pública en el mercado de la vivienda porque "no funciona" tras una pregunta de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Sánchez ha defendido que medidas como la Ley de Vivienda han permitido bajar el precio de los alquileres en Cataluña, a lo que Nogueras le ha respondido que "es imposible encontrar una vivienda digna que se pueda pagar" y ha espetado al presidente que todavía no se ha visto ninguno de los pisos que anunció que iba a crear. "Siguen vendiéndonos humo", ha reprochado.