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En 2020 crecerá un 50% el número de inquilinos que gasten más del 30% en el alquiler, según Oliver

Kara Eads vía Unsplash
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Autor: Redacción

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB Josep Oliver estima que en 2019 cerca de 1,2 millones de hogares (un 39% del total) dedicaba más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y sus estimaciones apuntan a que, si los alquileres continúan este año en niveles del pasado, 1,8 millones de hogares gastarán más del 30% en el alquiler, es decir, subirá un 50%. Los expertos apuestan por aumentar la oferta y llevar a cabo la colaboración público-privada.

Durante unas jornadas organizadas por Esade denominadas ‘La vivienda en un nuevo entorno’, Oliver ha señalado que en nuestro país hay un total de 3,1 millones de hogares en alquiler y que de estos el 62% de los hogares tenían unos ingresos inferiores a los 2.000 euros al mes y 1,4 millones de personas tenían unos ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales.

El catedrático ha indicado que antes de la crisis el 45% de las familias en alquiler de mercado (1,4 millones del total de 3,1 millones de contratos de alquiler) dedicaba más del 30% de sus ingresos al alquiler, mientras que aquellas familias con renta inferior a 1.000 euros/mes (unas 700.000 familias) atendían pagos medios de alquiler por encima del 45%.

Tras el covid-19 hay riesgo de que aumente en un 50% el número de hogares que destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la renta. Oliver ha recordado que los expertos consideran que destinar más del 30% de los ingresos supone tener dificultades para hacer frente a los pagos.

Mientras en Alemania, los hogares destinan un 21% de sus ingresos a pagar el alquiler, en países como Austria se destina un escaso 12%.

Por eso, los expertos que han participado en esta jornada han señalado la importancia de encontrar fórmulas de colaboración público-privada para garantizar la accesibilidad a la vivienda de alquiler asequible, especialmente ante el importante déficit público del Estado, que no podrá afrontar la ampliación del parque sólo con recursos públicos. Para que estos acuerdos sean efectivos, los representantes del sector consideran clave la seguridad jurídica para los inversores.

“La seguridad jurídica es clave, si no, nadie va a invertir. Limitar garantías adicionales para el arrendador, las medidas que fomentan la ocupación de la vivienda, fijación de topes al precio: estas medidas van en contra de aumentar el parque público de vivienda”, ha subrayado Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild España y vicepresidente de CEOE.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha explicado que el sector inmobiliario puede ser un elemento tractor de la economía. “Venimos trabajando en diferentes líneas para ver de qué manera podemos garantizar la vivienda y aprovechar que el sector está más saneado para generar esa atracción económica”.

De hecho, en el BOE ya se ha publicado cómo se va a articular el uso del derecho de superficie de suelos públicos por parte de promotores privados. La concesión de ese derecho de superficie se dará hasta 80 años y la posibilidad de que no se contemple el abono de canon o precio a cambio de la construcción y gestión de viviendas dedicadas al alquiler social, es decir a precios asequibles.

Además, en la mesa se ha hablado de la necesidad de aprobar ayudas directas a los inquilinos para que, en los próximos meses, puedan hacer frente al pago de sus alquileres. En esta línea, el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce, ha apuntado que, a consecuencia de la crisis, unas 350.000 familias van a requerir tasas de esfuerzo superiores al 45% (nuevas tasas), por lo que conviene poner en marcha estas ayudas, que ya han sugerido entidades como ASVAL. En concreto, esta entidad pide al Gobierno ayudas directas por importe de 750 millones de euros para ayudar a unas 350.000 familias que están destinando un 48% de su sueldo al pago del alquiler.

“Hay una petición brutal de ayudas directas y en la mayoría de las comunidades autónomas se han agotado. Esto nos indica que la gente no quiere endeudarse para pagar su alquiler”, ha destacado Mendiluce en referencia a las moratorias de pago y créditos del ICO impulsados desde el Gobierno.