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El Gobierno facilita el uso de suelo público para que inversores construyan pisos de alquiler social

Gtres
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La esperada colaboración público-privada en la gestión del mercado de alquiler se abre paso en la nueva normalidad tras superar lo peor de la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado una nueva normativa para impulsar la construcción de viviendas en régimen de alquiler social en suelos públicos por parte de promotores privados a través del  Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, y publicado en el BOE.

La crisis económica derivada de la pandemia de covid-19 aumenta la necesidad creciente de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para responder a la necesidad de amplios grupos de población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y las medidas articuladas para combatirla y revertirla.

Los inversores privados se encargarían de la construcción y la gestión de estas viviendas de alquiler social a cambio de una concesión del derecho de superficie de esos suelos públicos por un periodo de tiempo que puede alcanzar los 80 años. Además, se abre la posibilidad de que no tengan que pagar nada por el canon que legalmente se tendría que pagar por el uso de suelos públicos de cualquier administración o ente público, con la condición indispensable de que se dediquen a viviendas de alquiler asequible o social.

“Se prevé que no sea preceptiva la existencia de canon a abonar a la Administración pues su nota diferenciadora será el compromiso del adjudicatario de esos derechos de ofrecer viviendas con rentas asequibles o sociales, en todo caso limitadas”, aclara el BOE.

Estas viviendas destinadas al alquiler asequible o social podrán tener la consideración de viviendas con protección pública, según la normativa autonómica que aplique en cada caso.

Los suelos públicos disponibles se podrán ofertar a través de la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes) a través de licitación pública. Tanto las administraciones como los inversores podrán ver dónde es más necesaria la construcción de vivienda en alquiler social.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura, llegó a adelantar este plan pretende aunar el desarrollo de viviendas con una dotación de 2.000 millones de euros en los próximos dos años, que podría suponer la creación de 221.000 puestos de trabajo.

Otra de las medidas que habilita el Mitma es que permite a las Comunidades Autónomas que no han ejecutado las obras previstas en el Plan de Vivienda 2028-2021 no tengan que devolver esas ayudas, sino que puedan aplicar ese remanente para otros planes que tengan que ver con el acceso a la vivienda.

“Igualmente, se regulan las especialidades de los instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas para ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social”, aclara el BOE.