Un juzgado ha estimado la demanda de un inquilino afectado por la venta de la vivienda pública en la que habitaba por parte de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión en 2013. La sentencia anula la transmisión de la vivienda a la entidad privada, así como el acuerdo de venta de casi 3.000 casas que cerró la región con el fondo por 201 millones de euros.
Una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo avala que los afectados por la venta de casi 3.000 viviendas del Instituto de Vivienda (Ivima) de la Comunidad de Madrid al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs puedan impugnar la operación.
El Gobierno de Cristina Cifuentes prepara un decreto en el que creará un registro de agentes de la propiedad inmobiliaria (APIs) con el que pretende proteger al comprador de vivienda y garantizar un correcto asesoramiento.
La Comunidad de Madrid ha vendido 3.000 pisos del plan joven del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo inversor formado por Goldman Sachs y la inmobiliaria Azora por un importe de 201 millones de euros.
La comunidad de Madrid ha decidido poner a la venta 2.935 viviendas protegidas y que pertenecen al instituto de la vivienda de Madrid (ivima). Estos inmuebles se venden con un descuento del 40% y el precio de salida es de 169 millones de euros.
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