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Un juzgado ha estimado la demanda de un inquilino afectado por la venta de la vivienda pública en la que habitaba por parte de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión en 2013. La sentencia anula la transmisión de la vivienda a la entidad privada, así como el acuerdo de venta de casi 3.000 casas que cerró la región con el fondo por 201 millones de euros

El juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid ha dado la razón a una inquilina afectada por la venta de la vivienda pública en la que vivía, y perteneciente al Instituto de la Vivienda (IVIMA) de la Comunidad de Madrid, al fondo Azora Gestión en 2013.

La sentencia cierra su relación con dicho fondo de inversión pero además anula el acuerdo suscrito entre la Comunidad de Madrid y el fondo por el que se vendieron 2.935 viviendas sociales, garajes, trasteros y locales por 201 millones de euros. Esta sentencia es recurrible al tribunal superior.

En la sentencia, el juez pone en duda la ”declaración de innecesariedad de las 32 promociones de viviendas publica que se realizaron en 2013, sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal". Critica además que la decisión no pasase por manos del consejo de administración del IVIMA.

El juez deja sin efecto la adjudicación y enajenación por 201 millones de euros del acuerdo de 29 de agosto de 2013 hecho por la dirección de gerencia del IVIMA y el fondo. Se abre la vía al resto de afectados para que puedan recurrir a los tribunales para que la vivienda de alquiler en la que viven vuelva a ser de titularidad autonómica.

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