Desahucio inquilino

¿Hasta qué punto puede un propietario poner fin al alquiler por el comportamiento de su inquilino? La respuesta no depende de una simple discusión con los vecinos ni de un incidente puntual. Cuando las conductas son reiteradas o ponen en riesgo la seguridad del edificio, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) abre la puerta a resolver el contrato. Ese es precisamente el criterio que ha aplicado la Audiencia Provincial de Barcelona al confirmar el desahucio de un arrendatario que generó graves problemas de convivencia: lanzamiento de muebles desde la casa, un incendio en la cocina y episodios de gritos, golpes y ruidos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y ha declarado resuelto un contrato de alquiler al considerar válido el preaviso enviado mediante burofax, aunque la inquilina no lo recogiera dentro del plazo. La sentencia, de 12 de mayo de 2025, revoca la decisión del juzgado de primera instancia y declara válida esta comunicación de finalización de contrato, por considerar que surte efecto aun cuando su entrega no se complete por voluntad del destinatario. El Tribunal declara resuelto el contrato por expiración del plazo y condena a la arrendataria a desalojar la vivienda.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado dejar en suspenso el desahucio y lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, que extiende hasta el próximo 31 de diciembre las medidas excepcionales de protección frente a la pérdida de vivienda habitual. El tribunal entiende que, dada la condición de gran tenedora de la propietaria y la vulnerabilidad acreditada por el arrendatario, debe aplicarse la protección excepcional prevista para hogares sin alternativa habitacional. El fallo no impone costas y permite a la arrendadora solicitar una compensación.

El desalojo de una vivienda puede darse en distintos escenarios, pero no todos siguen el mismo procedimiento legal. Una de las dudas más comunes entre propietarios es la diferencia entre el desalojo de okupas y el de inquilinos morosos.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la conducta de un administrador de una comunidad de propietarios que colocó carteles por la urbanización en los que informó a los vecinos de que unos inquilinos que habían sido desahuciados por impago tenían la intención de alquilar otra vivienda en el mismo edificio. El alto tribunal discrepa de la decisión inicial del juzgado de Alicante y de la Audiencia Provincial de Alicante, que entendieron que el administrador se había extralimitado en sus funciones y lo habían sancionado con 7.000 euros de multa. "La información difundida queda legitimada por el derecho a la libertad de información, pues era de interés para la comunidad de propietarios, veraz y sin ánimo denigratorio", afirma la sentencia.

El número de desahucios practicados durante el ejercicio 2022 fue de 38.266, lo que supone un descenso interanual del 7,5%, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 5% respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 15,8%.