Prestación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado una reclamación de más de 7.000 euros por un supuesto cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital tras detectar errores en la valoración del patrimonio de la beneficiaria. La sentencia resulta especialmente relevante porque aborda uno de los conflictos más habituales en torno a esta ayuda: las revisiones que realiza la Seguridad Social utilizando datos que no siempre reflejan la realidad económica de los perceptores. En el caso resuelto, la SS retiró el IMV al considerar que el patrimonio superaba el límite legal.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha respaldado la actuación de Lanbide (el servicio público de empleo de la comunidad autónoma) en un caso que vuelve a poner el foco sobre el control de los perceptores del ingreso mínimo vital. La Sala de lo Social confirma que un beneficiario tendrá que devolver más de 3.000 euros tras detectar ingresos derivados del alquiler de habitaciones que afectaban al cálculo de la prestación. La sentencia refuerza una línea interpretativa cada vez más presente: determinados ingresos, incluidos los derivados del subarriendo, pueden afectar al cálculo y dar lugar a reclamaciones por prestaciones indebidamente percibidas.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha vuelto a poner el foco en uno de los puntos más debatidos en el ámbito de la Seguridad Social: la pensión de viudedad en las parejas de hecho. En su sentencia 375/2025, el tribunal ratificó la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de denegar la pensión de viudedad a un hombre que había compartido cerca de dos décadas de convivencia con su pareja, con la que tuvo dos hijos y compartió una vivienda, pero sin haber inscrito su relación en un registro público ni formalizarla ante notario.

Las prestaciones sociales son uno de los asuntos que más preocupan a muchos españoles. No basta con saber cuáles son los requisitos para tener acceso a ellas, sino que también es importante tener clara la cuantía que se obtiene con cada una.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una prestación por desempleo para mayores de 52 años (antes era a partir de los 55 años) de 463,21 euros. Para ello, es necesario cumplir una serie de requisitos.

Los Ministerios de Seguridad Social y Derechos Sociales están negociando el contenido de la reforma que quiere acometer el Ejecutivo para incrementar el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital, una de las medidas socioeconómicas estrella en lo que va de legislatura y que no ha tenido los efectos esperados. El objetivo es que en 2020 esta prestación dé cobertura a 200.000 familias más, aunque el número de beneficiarios seguirá lejos de las estimaciones iniciales.

La Generalitat, a través de la Agència de l'Habitatge, ha modificado las condiciones para acceder a las prestaciones económicas de especial urgencia en materia de vivienda, ampliando los límites de las rentas de alquiler y añadiendo nuevos supuestos para mujeres en situación de violencia de género.

El próximo 1 de enero debe entrar en vigor la ampliación del permiso de paternidad, desde los actuales 13 días a cuatro semanas. Sin embargo, la dotación presupuestaria que lleva pareja la ampliación de este permiso aún está en el aire.

El ejecutivo plantea ampliar a un año las ayudas a los desempleados que agoten la prestación, siempre y cuando la actividad económica y el empleo evolucionen positivamente. Por otro lado, propone la posibilidad de reducir las cotizaciones sociales de los empresarios.