Información sobre vivienda y economía

El Gobierno prepara una reforma del ingreso mínimo vital para llegar a más beneficiarios en 2022

Actualmente da cobertura a unas 330.000 familias y el objetivo es llegar a 200.000 más

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,  / La Moncloa
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, / La Moncloa
Autor: Redacción

El Gobierno ultima una reforma de una de sus medidas socioeconomómicas más destacadas en lo que va de legislatura: el ingreso mínimo vital (IMV).  Una prestación que lleva en marcha desde junio de 2020 y que de momento no ha cumplido las previsiones esperadas: los cálculos oficiales situaban el número de potenciales beneficiarios en unos 850.000 hogares, aunque actualmente solo da cobertura a unos 330.000; es decir, en torno al 38% de los esperados inicialmente. 

Además de los problemas administrativos para proceder a dar de alta a los beneficiarios y las miles de solicitudes están siendo rechazadas por la Administración (por motivos como el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica que establece el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de may), se suma también el problema de que muchas familias no han pedido esta prestación por motivos como la falta de financiación. 

Y con el objetivo de que el ingreso mínimo vital llegue a más familias, el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 están negociando una reforma que permita dar cobertura a al menos 200.000 hogares más en 2022.

Entre los cambios, según publica el diario Voz Pópuli, estarían la creación de una prestación por hijo para hogares cuyos ingresos sean algo superiores al IMV, pero tengan menores a su cargo. Además, se espera que el cambio de la normativa ofrezca formación a los beneficiarios, así como medidas para impulsar la inserción laboral. 

Los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital

Recordemos que los requisitos para percibir esta prestación están basados en los ingresos y el patrimonio, principalmente. 

En concreto, es necesario tener entre 23 y 65 años. No obstante, también pueden solicitarla los ciudadanos de entre 18 y 23 años, siempre que en el hogar haya menores de edad a cargo y lleven al menos un año residiendo de forma legal en España.

Por otro lado, se tiene en cuenta el nivel de renta que tenga la familia y su patrimonio neto (es decir, sin incluir la vivienda habitual ni las deudas).

En lo que se refiere a los ingresos, se puede solicitar siempre que los ingresos del hogar no superen los límites de la renta garantizada anual. 

En el caso del patrimonio, los baremos son de 16.614 euros en el caso de un hogar formado por un adulto, aunque va subiendo según los miembros que formen la unidad familiar, hasta un máximo de 43.196 euros en términos netos.

Por otro lado, el BOE establece que "las personas beneficiarias deberán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital" y añade que "se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres años inmediatamente anteriores a la solicitud". No se exigirá este requisito a las víctimas de violencia de género ni a las personas que estén en proceso de separación o divorcio.

Los importes del ingreso mínimo vital 

La cuantía del ingreso mínimo vital depende de varios factores, como el número de personas que formen el hogar (hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción) y su nivel de ingresos. El importe será abonado mensualmente en 12 pagas y el mínimo es de 462 euros, en el que caso de un hogar vulnerable formado por un solo adulto, y se incrementará en 139 euros al mes por persona que haya en la unidad familiar (ya sea niño o adulto), hasta un máximo de 1.015 euros al mes. En el caso de los hogares monoparentales, habrá un complemento adicional de 100 euros mensuales. En términos anuales, la renta mínima estará entre 5.538 y 12.184 euros.

No obstante, el importe que se cobrará de prestación tiene en cuenta los ingresos menos la renta garantizada en cada caso. Por ejemplo, una persona que viva sola tendría derecho a 462 euros. Si no percibe ingresos, recibirá esos 462 euros, mientras que si tiene ingresos de 200 euros al mes, el importe que le corresponde sería 262 euros.

Cómo solicitar el ingreso mínimo vital

Tal y como salió publicado en el BOE, "el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación" y que "la tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos". Y en el artículo 24 de la normativa aparecen algunos detalles adicionales:

"La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo. Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto". 

También se permitirá el acceso a través de los ayuntamientosy en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se ha puesto en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual. Además, la solicitud debe ir firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

Acreditación de los requisitos

Esta es la información que recoge el BOE:

1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad (DNI) en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.

4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

5. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

En el caso de que los potenciales beneficiarios no tengan disponible la documentación necesaria para iniciar la solicitud, el BOE establece la posibilidad de "incluir la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud".

Obligaciones de los beneficiarios

El BOE establece que "las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar la documentación e información precisa para acreditar los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.

b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de 30 días naturales desde que estos se produzcan.

c) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

d) Comunicar a la Seguridad Social con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duración previsible de la misma. No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez cada año. La salida y estancia en el extranjero de cualquiera de los miembros de una unidad de convivencia por un período, continuado o no, de hasta 90 días naturales como máximo durante cada año natural, deberá previamente ser comunicada y justificada.

e) Presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

f) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

g) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

h) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

i) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

Además, las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:

a) Comunicar el fallecimiento del titular.

b) Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación otorgada.

c) Presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo. 

e) Cumplir las obligaciones e, f, g y h referidas a los titulares de la presentación.

Actualizaciones y sanciones por incumplimiento

Con carácter general, se revisarán las cantidades del ingreso mínimo vital cada 1 de enero, aunque el BOE establece que las prestaciones podrán ser modificadas al alza o a la baja si cambia la situación de los hogares.

Además, establece sanciones por incumplimiento. Según el artículo 34 de la normativa, existen tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Y van desde no entregar documentación (leve) hasta no comunicar cambios en la situación familiar (por ejemplo, una mejora de la situación económica que conllevaría una disminución del importe a percibir o falsear documentación (que sería considerada una infracción muy grave).

Las sanciones van desde la interrupción temporal en el cobro de la prestación (por ejemplo tres meses si se trata de una falta leve) a la pérdida total de derecho de cobro del ingreso mínimo (en el caso de infracciones muy graves).