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Ingreso mínimo vital: así es la renta que ha aprobado el Gobierno y que perdurará más allá del covid-19

La Moncloa
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Autor: Redacción

El Gobierno ha dado luz verde a una de las ayudas estrella de las últimas semanas: el ya famoso ingreso mínimo vital. Se trata de una ayuda directa que está destinada a reducir los problemas económicos de los hogares más vulnerables y que podría beneficiar, según los cálculos oficiales, a cerca de 850.000 familias en España y 2,3 millones de personas.

Tal y como estaba previsto, la aprobación se ha producido en el último Consejo de Ministros del mes, para que puedan empezar a realizarse los pagos en junio. De hecho, su puesta en marcha ha salido publicada en el BOE este 1 de junio. Según el vicepresidente primero del Ejecutivo, Pablo Iglesias, se trata de una prestación no contributiva de carácter estructural, por lo que su implementación irá más allá de la actual crisis del coronavirus. En este sentido, Iglesias ha asegurado que "se trata de un nuevo derecho social" y que su pago permanecerá en el tiempo, al igual que sucede con las pensiones o las prestaciones por desempleo.

"Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad, el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión", explica el documento publicado en el BOE.

Resumimos algunas de las claves del ingreso mínimo vital, como el importe que se puede cobrar, qué requisitos hay que cumplir para recibirla y en qué plazo hay que presentar la solicitud:

Importe de entre 462 y unos 1.015 euros al mes

El ingreso mínimo vital dependerá de varios factores, como el número de personas que formen el hogar (hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción) y su nivel de ingresos. El importe será abonado en 12 pagas y el mínimo es de 462 euros, en el que caso de un hogar vulnerable formado por un solo adulto, y se incrementará en 139 euros al mes por persona que haya en la unidad familiar (ya sea niño o adulto), hasta un máximo de 1.015 euros al mes. En el caso de los hogares monoparentales, habrá un complemento adicional de 100 euros mensuales. En términos anuales la una renta mínima estará entre 5.538 y 12.184 euros.

No obstante, el importe que se cobrará de prestación tiene en cuenta los ingresos menos la renta garantizada en cada caso. Por ejemplo, una persona que viva sola tendría derecho a 462 euros. Si no percibe ingresos, recibirá esos 462 euros, mientras que si tiene ingresos de 200 euros al mes, el importe que le corresponde sería 262 euros.

La Moncloa
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Según explica la web La Moncloa, "está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales".

El Gobierno calculó hace unas semanas que esta medida tendrá un coste cercano a los 3.000 millones de euros anuales para las arcas del Estado cuando su implantación sea completa. Por tanto, su puesta en marcha, junto con otras como la subida salarial a los funcionarios o la actualización de las pensiones, estará entre las partidas que podrían llevar al gasto público en España a máximos históricos.

Los requisitos, basados en los ingresos y el patrimonio

Para recibir esta prestación es necesario tener entre 23 y 65 años. No obstante, también podrán solicitarla los ciudadanos de entre 18 y 23 años, siempre que en el hogar haya menores de edad a cargo y lleven al menos un año residiendo de forma legal en España.

Por otro lado, se tiene en cuenta el nivel de renta que tenga la familia y su patrimonio neto (es decir, sin incluir la vivienda habitual ni las deudas).

En lo que se refiere a los ingresos, se puede solicitar siempre que los ingresos del hogar durante 2019 no superen los límites de la renta garantizada anual. "Por ejemplo, en el caso de un hogar formado dos adultos y dos niños, los ingresos máximos serían de 10.500 euros", ha explicado Iglesias. "Y también se puede solicitar si en lo que llevamos de año los ingresos percibidos, en términos anuales, estarían por debajo de la renta garantizada", ha añadido.

En el caso del patrimonio, los baremos son de 16.614 euros en el caso de un hogar formado por un adulto, aunque va subiendo según los miembros que formen la unidad familiar, hasta un máximo de 43.196 euros en términos netos.

Por otro lado, el BOE establece que "las personas beneficiarias deberán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital" y añade que "se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres años inmediatamente anteriores a la solicitud". No se exigirá este requisito a las víctimas de violencia de género ni a las personas que estén en proceso de separación o divorcio.

Cómo y cuándo se puede solicitar

El Gobierno se ha comprometido a tramitar de oficio el pago de esta prestación a las familias más vulnerables, que estén o se acerquen a una situación de pobreza, y que aproximadamente son unas 100.000.

Las demás (unas 750.000, teniendo en cuenta los potenciales beneficiarios) deberán solicitarla (una persona por cada hogar, aunque el BOE establece que la solicitud debe ir firmada por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente) y la percibirán siempre que cumplan las condiciones establecidas. El plazo para presentar las solicitudes empieza el 15 de junio y finaliza el 15 de septiembre, y su pago tendrá efectos retroactivos desde el 1 de junio. Se podrá solicitar a través de la sede de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario.

Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.

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Según establece el BOE, "el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación".

También se harán efectivos a partir del primer día del mes siguiente los cambios al alza o la baja que se puedan realizar en esta prestación, derivados de las modificaciones de "las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia". De forma general, las actualizaciones se producirán el 1 de enero de cada año, "tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos", recalca el documento del boletín oficial.

Una prestación más allá del covid-19

La puesta en marcha de esta nueva prestación a los más vulnerables se enmarca dentro del contexto de crisis económica derivada del coronavirus. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, relativa al primer trimestre del año, en España hay 1,07 millones de hogares con todos sus miembros en paro, de los que 310.800 son unipersonales.

No obstante, el grupo parlamentario Podemos ya era partidario de implantar una medida de este tipo antes de que llegara la pandemia. Y también defendía su puesta en marcha la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuando al frente del organismo estaba José Luis Escrivá, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

De hecho, desde el Ministerio de Hacienda sostienen que la crisis del coronavirus solo ha acelerado la puesta en marcha de este ingreso, pero que su aprobación estaba en los planes del Gobierno para esta legislatura.

El ingreso mínimo vital cuenta con el beneplácito de organismos como el Banco Central Europeo (BCE), aunque la máxima autoridad monetaria pedía una implantación temporal para hacer frente a los efectos del coronavirus. No obstante, el plan del Gobierno es que se convierta en una prestación estructural, no coyuntutal.

De hecho, muchos economistas alertan de que, al igual que ha sucedido en otros países, este tipo de ayudas es un descincentivo a la hora de buscar empleo por parte de los beneficiarios, a pesar de que tiene un efecto positivo en el bienestar mental de los beneficiarios y en el aumento de la natalidad. Pero, para evitar que el cobro de esta prestación pueda ser un lastre a la hora de buscar empleo, el Gobierno permitirá que el ingreso mínimo vital sea compatible con otras prestaciones y la percepción de rentas del trabajo. En palabras de Pablo Iglesias, la renta está diseñada para "conseguir que siempre sea conveniente aceptar un empleo".