Ayudas a las familias

CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un acuerdo con el que la entidad se adhiere a la línea de avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionada por el ICO para la adquisición de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente para jóvenes y familias con menores a cargo. CaixaBank se une así a Banco Santander, BBVA, Ibercaja y otras entidades para avalar el 20% de la entrada, y que alcanzará una dotación de 2.500 millones de euros hasta finales de 2025.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, ha manifestado su intención de convocar a las entidades financieras en cuanto se forme el Gobierno para abordar la ampliación de las medidas de alivio que se adoptaron para familias con hipotecas por la subida de los tipos de interés. "En cuanto podamos convocar la reunión de seguimiento, hablaremos de ampliar el ámbito de aquellas que se benefician de la extensión de los créditos hipotecarios y la congelación y el alivio de los tipos de interés", ha concretado.

El Gobierno revisará previsiblemente la extensión de las ayudas que aprobó para combatir los efectos de la guerra en Ucrania, entre las que destacan la rebaja en el IVA de alimentos básicos o la reducción del precio de abonos de transporte público y títulos multiviaje en un nuevo decreto ley que, una vez disueltas las Cortes tras la convocatoria de elecciones generales, tendrá que convalidar la Diputación Permanente del Congreso. Estas medidas fueron aprobadas el pasado diciembre y caducan el 30 de junio, y su extensión depende de la coyuntura económica.

A finales del año pasado, el Gobierno aprobó la puesta en marcha de un cheque de 200 euros dirigido a las familias con menos recursos con el objetivo de paliar los efectos de la inflación. Esta ayuda de pago único podrá solicitarse entre el 15 de febrero y el 31 de marzo en la web de la Agencia Tributaria, siempre que se cumplan los requisitos, como tener una renta anual inferior a 27.000 euros, vivir en España y disponer de una cuenta bancaria.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que se ha dado de plazo esta semana para cerrar un acuerdo con la banca en torno a las medidas destinadas a aliviar la situación de los deudores hipotecarios vulnerables. Los principales puntos son mejorar el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas para refinanciaciones de deuda de las familias con menos recursos, y establecer un protocolo adicional para apoyar a los hogares de clase media que puedan verse en riesgo por la fuerte subida de los tipos de interés.

El sector financiero estudia presentar al Ministerio de Asuntos Económicos la congelación de las cuotas hipotecarias durante un año para amortiguar el impacto de la subida de tipos de interés y la subida de precios desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania. La medida todavía no es definitiva y no se ha concretado aún desde cuándo se aplicaría la congelación y a qué interés, ni qué deudores se podrían beneficiar de ella.

La Agencia Tributaria ha recibido más de 60.000 peticiones del cheque de 200 euros destinado a trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas durante el primer día de solicitud. El Gobierno prevé destinar 540 millones a estas nuevas ayudas que pueden pedirse hasta finales de septiembre y calcula que beneficiarán a 2,7 millones de personas. Uno de los requisitos es tener una renta máxima de 14.000 euros al año y no recibir una pensión o el ingreso mínimo vital.

Desde este enero, las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y aquellas con hasta el triple de renta, pueden beneficiarse de las nuevas ayudas por hijo que se han incorporado a la Ley. Este complemento supone entre 50 y 100 euros por menor en función de la edad.

El Gobierno ya está trabajando en un nuevo paquete de medidas que presentará en los primeros meses de 2022 con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad en los precios de la luz y mitigar el impacto que la subida de la electricidad está causando en el conjunto de la economía. A pesar de que de momento se desconocen las actuaciones, algunas serán de ámbito fiscal.

Los Ministerios de Seguridad Social y Derechos Sociales están negociando el contenido de la reforma que quiere acometer el Ejecutivo para incrementar el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital, una de las medidas socioeconómicas estrella en lo que va de legislatura y que no ha tenido los efectos esperados. El objetivo es que en 2020 esta prestación dé cobertura a 200.000 familias más, aunque el número de beneficiarios seguirá lejos de las estimaciones iniciales.

El ingreso mínimo vital (IMV) ya lleva más de un año en marcha, aunque de momento no está cumpliendo los objetivos que se había marcado el Gobierno. Actualmente hay concedidas unas 330.000 ayudas de este tipo, lo que apenas representa un 23,5% de las solicitudes totales. Es decir, solo sale adelante una de cada cuatro peticiones, mientras que el resto son rechazadas. El Ejecutivo cifró el número de potenciales beneficiarios en 850.000 hogares.

El último Consejo de Ministros del mes ha aprobado el ingreso mínimo vital, una prestación dirigida a los hogares más desfavorecidos y que, según los cálculos oficiales, podría beneficiar a unas 850.000 familias. Se trata de una renta de entre 462 y 1.015 euros mensuales y que supondrá un gasto público cercano a los 3.000 millones de euros anuales. Estará sujeta a unos requisitos y tendrá carácter estructural, como el cobro de las pensiones o del paro.

El Gobierno avanza en los requisitos del nuevo bono social eléctrico, lo que permitirá que unos 2,5 millones de hogares se beneficien de un descuento del 25% en su factura de la luz.

El actual sistema del bono social que protege a los hogares con menos recursos económicos para costear su factura de la luz se tambalea con dos recientes sentencia del Tribunal Supremo.

La nueva ministra de sanidad, política social e igualdad, leire pajín, ha afirmado que las familias españolas están actualmente en "mejores condiciones" que en el año 2004, a pesar de la "dura crisis económica".