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El Gobierno avanza en los requisitos del nuevo bono social eléctrico, lo que permitirá que unos 2,5 millones de hogares se beneficien de un descuento del 25% en su factura de la luz. En el borrador del Ministerio de Energía se establecen criterios de renta familiar para acceder a la ayuda y se crean nuevas categorías como la de consumidor vulnerable severo y la de los hogares en riesgo de exclusión social. Se mantiene la deducción para las familias numerosas sin límites de renta.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital espera el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aprobar el borrador del Real Decreto sobre el bono social de la electricidad. Esta normativa vuelve a establecer los criterios para que los colectivos más desprotegidos se beneficien de un descuento del 25%, como mínimo, en el recibo de la electricidad en sus hogares, siempre que estén acogidos a la tarifa regulada de la luz (PVPC) y lo soliciten.

El Ejecutivo se ha visto forzado a reformular esta ayuda tras la sentencia del Tribunal Supremo, que dio la razón a las grandes compañías eléctricas el pasado año. Estas reclamaron que eran las únicas que subvencionaban el costo de este bono social, que asciende a unos 200 millones de euros. El bono social se aplica desde 2009 y ya ha sufrido dos sentencias desfavorables en los tribunales.

Hasta ahora, los principales beneficiarios del bono social eran los consumidores que tenían una potencia contratada inferior a los 3 kw, las familias numerosas o los hogares con todos los miembros en paro.

El cambio normativo fija ahora las subvenciones a los consumidores vulnerables a partir de términos de renta de la unidad familiar, tomando como referencia al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM):

  • Unidad familiar sin menores a cargo que tenga una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM.
  • Unidad familiar con un menor a cargo que tenga una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM.
  • Unidad familiar con dos menores a cargo que tenga una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.

Los hogares con víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y los hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33% verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para pedir las ayudas.

Junto a ellos, también podrán acogerse todas las familias numerosas, sin límites de renta, y aquellas familias en las que uno de los miembros sea pensionista, percibiendo la cuantía mínima.

Se amplía los plazos para evitar cortar el suministro

El borrador incluye dos nuevas categorías: la de consumidor vulnerable severo y para aquellas familias en riesgo de exclusión social, que son atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos. Para los primeros, el descuento en la factura de la luz asciende hasta el 40%, mientras que los segundos podrán optar a una factura gratuita uniendo las ayudas autonómicas y estatales. Además, no se les podrá suspender el suministro eléctrico.

Los consumidores vulnerables y vulnerables severos amplían el plazo para poder suspenderles el suministro en caso de impago de dos a cuatro meses.  Además, se refuerzan los procesos de información a los consumidores si no pagan la factura: a los dos requerimientos previos hay que unir el aviso en el momento del impago y 15 días antes de cortar el suministro.

El Gobierno pide a las administraciones autonómicas mejorar el control de las familias que puedan sufrir cortes de suministro para evitar estar en riesgo de exclusión social.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital calcula que solo el 45% de los hogares con derecho al bono social se acogerán a esta ayuda. El borrador contempla un presupuesto de 236 millones de euros

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