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Caos en el ingreso mínimo vital: no se aprueba ni el 1% de las solicitudes por el atasco administrativo

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / Gtres
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / Gtres
Autor: Redacción

El atasco de la Administración que ha provocado retrasos en el cobro de la prestación por desempleo en los ERTE y pagos indebidos por parte del SEPE ha alcanzado también al ingreso mínimo vital, una de las principales medidas que aprobó el Gobierno en pleno confinamiento para reducir los efectos de la crisis del coronavirus en los hogares más vulnerables.

Esta ayuda social recibió luz verde a finales de mayo en mayo, aunque el plazo para presentar las solicitudes empezó el 15 de junio. Desde entonces y hasta el pasado 7 de agosto, se habían presentado más de 700.000 solicitudes para recibir esta renta pública, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque en ese tiempo se han aprobado menos de 4.000, tal y como publica el diario La Información. Es decir, que la Administración ha dado salida a menos del 1% de las peticiones recibidas en las primeras semanas de apertura del plazo.

Y todo ello a pesar del compromiso del Gobierno de desembolsar la prestación a las familias que cumplen las condiciones para recibir esta ayuda antes del 1 de septiembre, para intentar reducir los efectos de la crisis económica derivada del covid-19. 

Los datos que maneja UGT apuntan a que se han presentado ya cerca de 714.000 solicitudes, de las que solo han recibido el visto bueno un 0,5% (unas 4.150) y unas 28.000 han sido rechazadas por no ajustarse a los criterios para cobrarla, y el sindicato asegura no tener constancia de que ya se estén pagando.

El documento publicado en el BOE, no obstante, asegura que "el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación".

En este escenario, y tras calificar la gestión de “caótica”, UGT ha pedido al Gobierno que aumente la plantilla de funcionarios y ha anunciado su intención de poner en marcha una plataforma de gestión de reclamaciones que incluso podría desembocar en movilizaciones, según informa la agencia EFE.

Desde la Administración achacan el retraso del ingreso mínimo vital a la recepción de peticiones duplicadas y a la falta de documentación aportada por los solicitantes. Recordemos que el Gobierno aprobó de oficio el cobro de esta renta a unos 75.000 hogares vulnerables y que los demás deben presentar la solicitud. Los cálculos del Ejecutivo apuntan a que la ayuda podría beneficiar a unas 800.000 familias, que incluyen 2,3 millones de personas en España.

Para poder cobrar el ingreso mínimo vital, cuya cuantía depende de factores el número de personas que formen el hogar y su nivel de ingresos, y que establece en términos generales un mínimo de 462 euros al mes y un máximo de 1.015 euros al mes en 12 pagas, es necesario acreditar la situación de vulnerabilidad. [Consulta aquí más información sobre los requisitos y la documentación que se debe aportar]

El plazo para solicitar el cobro acaba el 15 de septiembre y, según explicó el Gobierno, es necesario tener entre 23 y 65 años para poder percibirlo (también podrán solicitarla los ciudadanos de entre 18 y 23 años, siempre que en el hogar haya menores de edad a cargo) y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España.

En lo que se refiere a los ingresos, se tiene en cuenta la renta y el patrimonio neto (por tanto, no incluye la vivienda habitual ni las deudas) y los baremos cambian en función del número de personas que integren el hogar. Por ejemplo, el límite es 16.614 euros en el caso de un hogar formado por un adulto. El máximo alcanza los 43.196 euros en términos netos en el caso de las familias con varios miembros. También es necesario haber vivido de forma independiente al menos tres años antes de la recepción del ingreso mínimo vital, así como haber cotizado 12 meses a la Seguridad Social, ya sea de forma continuada o no.

Esta especie de renta garantizada, y cuya vigencia se prolongará más allá del coronavirus (se aprobó como prestación no contributiva de carácter estructural, al igual que las prestaciones por desempleo o las pensiones), se puede solicitar a través de la sede de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario.

Además, el Gobierno anunció que se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se ha activado el teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, que recibió un millón de consultas en sus primeras 24 horas de puesta en marcha.