Viviendas protección oficial

Xavier Vilajoana, presidente de Apce (Asociación de promotores de Cataluña), denuncia en una entrevista la fuga de inversión de Barcelona hacia otras áreas metropolitanas de la ciudad y a Madrid por la polémica medida de Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana. La normativa obliga a destinar a VPO un 30% de la superficie de todas las obras de nueva construcción y grandes reformas en parcelas de más de 600 m2.

La Comunidad Autónoma cuenta con una lista de 17.000 personas que esperan la concesión de una vivienda protegida. El Gobierno regional se ha propuesto acabar con este problema y por este motivo ha aprobado el Plan Vivienda de Canarias 2020-2025 para construir cerca de 6.000 casas en los próximos cinco años.

El gobierno permitirá con carácter excepcional que las administraciones públicas puedan recalificar algunas viviendas de protección oficial en venta para que puedan destinarse al alquiler y así acabar con la existencia de pisos vacíos.