Los inversores dejan Barcelona por la obligatoriedad de Colau de destinar el 30% de la vivienda nueva a VPO

En diciembre de 2018, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, conseguía aprobar una de las medidas más importantes de su programa electoral. Gracias al acuerdo con el ahora exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, el Ayuntamiento pudo obligar a los promotores a destinar un 30% de sus grandes proyectos o rehabilitaciones a vivienda protegida. Tres años más tarde, los profesionales denuncian que está medida ha ahuyentado la inversión y la ha desplazado hacia Madrid y su área metropolitana.

Una situación, que de todos modos, ya denunció en julio de 2019 la Apce (Asociación de promotores de Cataluña) con datos en la mano. En este sentido, el organismo anunció que durante el primer trimestre de 2019, en Barcelona se iniciaron las obras de 271 viviendas, o lo que es lo mismo, un 62,9% menos que en el mismo periodo de 2018.

Después de dos años y una pandemia mundial, el problema no ha mejorado, sino que ha ido a peor. Así lo refleja el propio presidente de la Apce en unas declaraciones a EFE y recogidas por Crónica Global. “La medida se aprobó sin contar con la opinión de los profesionales, que son los que conocen el mercado, y de espaldas al sector”, afirma Xavier Vilajoana. Una medida que  obliga a destinar a VPO un 30% de la superficie de todas las obras de nueva construcción y grandes reformas en parcelas de más de 600 m2.

“No se ha conseguido el objetivo que se pretendía”, asegura Vilajoana. “Se podrían contar con los dedos de una mano las licencias de obra nueva solicitadas por los promotores tras la entrada en vigor de la nueva normativa”, agrega el presidente de la asociación para después dejar claro que el problema no es la vivienda protegida. “No tenemos ningún problema con hacer VPO, siempre y cuando se haga como se corresponde”, matiza.

Además, el representante del 80% de las promotoras de Cataluña avisa de una fuga de inversión de la capital catalana hacia las áreas metropolitanas de la ciudad de Barcelona y a Madrid. “Muchas empresas que solían edificar en Barcelona ahora han desviado sus inversiones hacia otras localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei y Montcada i Reixac, y también hacia capital de España”, asevera.

“Hay muchos empresarios que ya no creen en esta ciudad y que se sienten asfixiados. Por eso, hay promotores catalanes que se han ido a Madrid y a otros municipios del Baix Llobregat, el Vallès o el Maresme que ofrecen posibilidades de crecer”, narra en este sentido Sergio Rabassa, director de desarrollo de la promotora Pretus. “Lo peor que se puede hacer en los mercados es intervenirlos”, añade.

En esta misma línea se muestran otros 'colegas' del sector. “Hay una casi nula solicitud de nuevas licencias. Los promotores no están haciendo prácticamente nada en Barcelona y si hay menos oferta los precios pueden subir”, afirma Ferrán Marsà, consejero delegado de la LLave de Oro, una de las grandes promotoras catalanas. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que la medida no ha detenido al sector. Así, defiende que desde la puesta en marcha de la medida el número de licencias concedidas de viviendas libres es similar a otros años: en 2017 se alcanzaron las 1.823; en 2018 las 2.526 y en 2020 se superaron las 2.100.