Empresarios y catedráticos se han lanzado a criticar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para este año y la decisión del Gobierno de no presentar unas cuentas públicas, pese a correr el riesgo de su proyecto lo tumbaran las Cámaras.
Así lo han explicado los máximos responsables del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE; y Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, durante la presentación de un informe sobre las consecuencias de que España no cuente con unos presupuestos concretos para este ejercicio.
El estudio, elaborado por el Servicio de Estudios del IEE, con la colaboración de Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid; y Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, pone de manifiesto que nuestro ordenamiento jurídico contempla que, en la elaboración y aprobación de los Presupuestos, cabe la posibilidad de una prórroga presupuestaria, aunque nos encontramos ante una situación atípica: "tras haberse conformado unas nuevas Cortes Generales, con el nombramiento de un nuevo Gobierno, se ha adoptado la decisión de prorrogar unos presupuestos que fueron aprobados en una legislatura anterior, en los cuales la composición de las cámaras y la conformación de mayoría no se corresponde con las vigentes", afirma el informe.
Según Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, "los Presupuestos Generales del Estado deben reflejar las necesidades del país del momento, y las que tiene España en 2024 no son las mismas que las de 2023. Es necesaria una estrategia a medio plazo para dar seguridad y certidumbre".
Desde el 'think tank' de la patronal, insisten en que la renunciar del Gobierno a ejercer su responsabilidad presupuestaria en este 2024 se produce "en un contexto de dificultad para poder alcanzar acuerdos necesarios en un parlamento fragmentado y en un periodo de celebración de unos comicios autonómicos". Y, además, en un momento en el que la Unión Europea ha reactivado las reglas fiscales, lo que significa que vuelven a estar en vigor, tras cuatro años de suspensión, los límites del déficit público de los países al 3% de su PIB y la deuda pública al 60%, aunque se flexibilizan los criterios.
También ha participado en la presentación del estudio Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, que se ha mostrado tajante en su postura y ha afirmado que "la prórroga de los Presupuestos de 2023 otorga un privilegio sobre el Parlamento".
Según el catedrático, hay muchas causas que pueden desencadenar la prórroga de unas cuentas públicas, como por ejemplo el retraso en la presentación o tramitación del Proyecto de Presupuestos, el rechazo del Congreso o el veto del Senado, pero ahora se ha producido por, a su juicio, "la peor de las causas posibles. Es la peor de las soluciones posibles porque es la renuncia del deber del Gobierno de presentar los Presupuestos", e impide que las Cámaras cumplan con su cometido de aprobarlos, puesto que son "los organismos encargados", de acuerdo con la Constitutución Española.
En esa misma línea, el IEE ha insistido en que se trata de una prórroga "extraordinaria y disfuncional" y es "una anomalía y unadistorsión institucional", puesto que, más allá de consideraciones técnicas y jurídicas, implica en la práctica prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía y que se manifiesta en las Cortes Generales que tienen, entre sus funciones esenciales, la potestad para aprobar los Presupuestos". De hecho, añade, "la ausencia de una mayoría suficiente en las Cámaras para la aprobación del principal instrumento de política económica del Ejecutivo ha sido uno de los principales motivos por el que en legislaturas anteriores se ha planteado la disolución de las Cortes Generales y se ha convocado elecciones anticipadas".
De igual forma, recalca el 'think tank' de la CEOE, "la adopción o desarrollo de estos presupuestos prorrogados permiten una minoración de la potestad de la voluntad de la nación puesto que, a pesar de que los grupos parlamentarios puedan instar cambios normativos contando con una mayoría suficiente para su aprobación, si estos tuvieran incidencia presupuestaria el Gobierno tendría un derecho de veto sobre estas modificaciones. Junto a esto, se ha de señalar que la prórroga presupuestaria y su posterior gestión mediante la adopción del decreto-ley sin una causa objetiva necesaria, elude, entre otros, la necesaria tramitación parlamentaria previa para su aprobación, minorando adicionalmente dicha voluntad popular".
Consecuencias de prorrogar los Presupuestos de 2023
Desde el instituto insisten en que las cuentas públicas deben reflejar el momento económico del momento y consideran un riesgo que en un momento de incertidumbre no haya un proyecto actualizado.
"Pese a la inesperada mejor evolución de la economía española en el ejercicio para el que se aprobaron estos presupuestos, es difícil que puedan mantenerse unas condiciones tan favorables para la evolución de la actividad y del empleo en este periodo. Esto permitirá un contexto de elevada incertidumbre con riesgos claramente a la baja sobre la evolución de estas macromagnitudes, destacando factores tales como la persistencia del aumento de precios y costes por encima de lo esperado", aclara el texto.
Y también señala que "la evolución de las condiciones principales de financiación, así como la incertidumbre derivada de los conflictos bélicos internacionales y su incidencia sobre las transacciones comerciales internacionales, y la debilidad de la inversión empresarial en los últimos años requerirían de otra programación presupuestaria que permitiera cubrir estas contingencias y generar confianza entre las familias y las empresas".
Según el documento, la prórroga presupuestaria no tendría por qué suponer de forma matemática una escalada del déficit público en 2024, gracias al efecto positivo del ciclo económico, aunque tampoco contribuirá a su corrección, dadas las que cataloga como "ineficiencias existentes en la partida de gastos corrientes".
De hecho, cree que la "prórroga presupuestaria no frenará el incremento del gasto, fundamentalmente del gasto corriente, que contribuye en mayor medida al crecimiento de esta partida en el año en curso, mientras que el gasto en inversión mantendrá su atonía". Dos de los factores que impulsarán el gasto este año son la revalorización de las pensiones y la subida salarial de los empleados públicos. En cambio, no espera un aumento de los ingresos públicos y teme que el Gobierno "incida en una mala técnica legislativa, como es el abuso de los Decretos-ley para la creación o modificación de figuras impositivas, incluyendo muchas veces efectos económicos retroactivos".
Con este panorama sobre la mesa, el organismo alerta de que "se prioriza una estrategia a corto plazo" y se olvida que "lo más relevante es la falta de un plan de consolidación fiscal a medio plazo, lo que puede comprometer, en ausencia de medidas adicionales, la senda de estabilidad y tendrá impacto sobre el desarrollo económico y la competitividad del país.
Según el IEE, el mantenimiento de LOS desequilibrios macroeconómicos "supone también un elemento de vulnerabilidad ante cambios en la percepción por parte de los mercados financieros, que aumentarían el coste de financiación del sector público con riesgos de traslación al sector privado, incluido el sector bancario", y recuerda que "la gran reforma estructural de la mejora de eficiencia del gasto público sigue pendiente".
Por último, el documento concluye que "este presupuesto debería garantizar y reforzar la confianza de los agentes sobre la capacidad de las finanzas públicas para responder a los retos futuros que afectan a la economía española, estableciendo unos criterios de consolidación que garanticen en el medio plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas, además de minorar la presión fiscal sobre las empresas, fomentando adicionalmente las inversiones públicas necesarias que contribuyan al aumento de la productividad y, por tanto, de la renta per cápita y del bienestar de la sociedad".
El mercado y los inversores quieren certidumbre
Sobre el impacto en la inversión de la prórroga de presupuestos y de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el IEE han subrayado que "lo importante" es que haya certidumbre, seguridad y estabilidad en el país para que las inversiones se comporten de una manera positiva.
"Lo que los inversores quieren es un cierto grado de certidumbre. Y, por ejemplo, en el caso de los presupuestos, unos presupuestos prorrogados no contribuyen a esa certidumbre porque está el interrogante de qué se va a hacer en los próximos años para reconducir el déficit público", han remarcado.
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