El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado una de cal y otra de arena al Gobierno. Por un lado, ha tumbado por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que había planteado para los Presupuestos de 2027, aunque ha avaladao el nuevo decreto que incluye medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Ejecutivo deberá plantear las cuentas públicas con una hoja de ruta fiscal más esctricta para las CCAA, mientras que activa 1.825 millones de euros en ayudas en pleno rebrote del conflicto.
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No a la senda de déficit
Tal y como estaba previsto, la Cámara Baja ha rechazado por segunda vez en una semana la senda de déficit y los objetivos de estabilidad de las cuentas públicas de 2027, por lo que el Gobierno deberá aplicar una hoja de ruta fiscal más estricta para las CCAA.
Fue el pasado 14 de julio cuando la mayoría absoluta que conforman PP, Vox, Junts y UPN dio al traste con los objetivos de déficit en una primera votación en la que se abstuvieron Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico.
Tras esa derrota, el Gobierno volvió a aprobar en el Consejo de Ministros de esta semana la misma senda de estabilidad y la remitió de nuevo al Congreso para un segundo intento, pero ha vuelto a fracasar.
La senda planteada por el Ejecutivo fijaba el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tengan un objetivo de déficit del 0,1%.
Durante el debate de la senda, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apuntado que si se tumbaban los objetivos planteados por el Gobierno las comunidades autónomas dejarán de acceder a 5.849 millones de euros de margen adicional. "Hoy tienen una nueva oportunidad para decidir, espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por la construcción y obtener más recursos para el conjunto de comunidades autónomas", ha apuntado el ministro.
Tal como se preveía, los comentarios del ministro no han surtido efecto y los objetivos se han vuelto a tumbar con los mismos votos. El Gobierno ya ha venido avisando que continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea.
El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.
Se convalida el nuevo decreto anticrisis
Lo que sí ha contado con el respaldo parlamentario es el nuevo decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, con la abstención de PP y Podemos, el voto en contra de Vox y el apoyo del resto del hemiciclo.
Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias de la guerra iniciada en Irán, especialmente en materia de hidrocarburos, aquel decreto ley contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron al final de junio.
La continuidad del conflicto y las tensiones en los precios energéticos obligaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero ahora el Congreso tenía que decidir si se convalidaba o se derogaba y, finalmente, ha decidido mantenerlo activo.
Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
No obstante, el decreto ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.
De la misma manera, el texto asegura que se revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad.
Por otro lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
También se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.
Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.
En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.
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