Galicia sigue los pasos de Madrid y recuperará el Impuesto sobre el Patrimonio

Galicia sigue los pasos de Madrid y también mueve ficha tras el aval constitucional al impuesto a las grandes fortunas.

A finales de la semana pasada, el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, confirmó que el PP va a recuperar de forma temporal el Impuesto sobre el Patrimonio, bonificado actualmente en un 50% en la región, después de que el Tribunal Constitucional avalara a principios de mes la legalidad del impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Gobierno central a finales del año pasado y tumbara el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

La sentencia del Tribunal Constitucional, respaldada por los jueves propuestos y avalados por el PSOE, afirmaba que este tributo que deben pagar los patrimonios de más de 3 millones de euros no vulnera la autonomía financiera de las CCAA ni los principios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad, como afirmaba la propuesta de sentencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

Tras este fallo, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid registró por el trámite de lectura única, que agiliza los plazos parlamentarios, una proposición de ley para recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio para los contribuyentes con fortunas que superen los 3 millones de euros y durante el período de vigencia del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, con el objetivo de que la recaudación se quede en las arcas madrileñas.

Siguiendo esa misma premisa, el PP ha presentado este 20 de noviembre una enmienda a las medidas de acompañamiento de los presupuestos del año que viene para reactivar el 50% bonificado en el Impuesto de Patrimonio, lo que significa que los contribuyentes deberán abonar el gravamen en su totalidad a partir del 1 de enero de 2024. Al igual que en Madrid, el objetivo es que la recaudación se quede en la región y que vaya destinada a financiar servicios públicos.

La medida es temporal y está supeditada al tiempo que esté en vigor el impuesto a las grandes fortunas. Andalucía es otra de las regiones que podría reactivar el Impuesto sobre el Patrimonio, en su caso con bonificaciones del 100%, aunque desde la Junta afirman que todavía están valorando diferentes alternativas, a la espera de que el Constitucional se pronuncie oficialmente sobre su recurso al impuesto a las grandes fortunas, junto con el de Galicia. El fallo podría conocerse este 21 de noviembre y aplicará la misma doctrina que en el caso de Madrid; es decir, refrendará el impuesto al considerar que no vulnera competencias autonómicas, entre otros argumentos. 

Una recaudación de 623 millones

Los datos publicados por Hacienda cifran en 623 millones de euros la recaudación por el impuesto a las grandes fortunas en el conjunto de España en su primera liquidación del mes de julio.

Según el fisco, un total de 12.010 grandes patrimonios, que representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado este impuesto, complementario al de Patrimonio, con una cuota media de 52.000 euros.  la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros.

Les siguen los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865 declarantes), que han abonado 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Estas tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación, por lo que el Estado verá muy mermada su recaudación sin la aportación de estas tres CCAA. 

Tras ellas se sitúa Cataluña, con 322 declarantes y 2 millones de euros de recaudación; Cantabria (9 declarantes y 400.000 euros); Comunidad Valenciana (17 declarantes y 200.000 euros recaudados), y Asturias, con 10 declarantes y una cuota a pagar de 100.000 euros. Los no residentes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han aportado 26,2 millones de euros tras declarar este impuesto 342 grandes patrimonios.

Un impuesto innecesario e inconstitucional, según los expertos

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentó a principios de año un informe junto a varios catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se desgranan los motivos para considerar que el impuesto tiene visos de ser inconstitucional. Por ejemplo, que se ha empezado a aplicar con efectos retroactivos, que da un tratamiento diferente a patrimonios nacionales y extranjeros, y porque limita las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, temen que este tributo se prorrogue en el tiempo, lastrando la recaudación y las nuevas inversiones de los grandes patrimonios. “La deslocalización está asegurada”, según el ‘think tank’ de la CEOE.

En esa línea, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) también ha criticado la forma en la que el Gobierno sacó adelante este cambio fiscal. En concreto, ha recalcado su "reprochable" tramitación parlamentaria, puesto que se incluyó como una enmienda en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca, y que su pretendido efecto armonizador con el Impuesto de Patrimonio se ha visto desdibujado de forma ciertamente significativa, pese a ser "una reacción clara del Estado a una decisión lícita de las comunidades autónomas, como es bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio". 

Además, ha insistido en que la aprobación de medidas con tan "deficiente calidad técnica" contribuye a la multiplicación de la litigiosidad, además de la presión al contribuyente, a los asesores y al sistema judicial. También lo han calificado como un "atropello" y de un "posible fraude de ley parlamentaria que genera inseguridad jurídica", lo que "nos hace encender todas las alarmas y todas las alertas porque hay muchas vulneraciones".