impuesto a las grandes fortunas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido durante la sesión de control al Ejecutivo el impuesto a las grandes fortunas aprobado a finales de 2022 y que durante el año pasado recaudó más de 620 millones de euros. Según Montero, el patrimonio medio de quienes declaran este tributo alcanza los 22 millones de euros, por lo que considera que pedir un mayor esfuerzo a esos contribuyentes es una cuestión de "justicia fiscal".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que compensará el impacto de la prórroga del impuesto a las grandes fortunas, convalidado la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Y lo hará a través de incentivos fiscales para atraer inversión y fomentar la creación de empleo, con deducciones especiales para familias y empresarios. Ayuso ha reivindicado el modelo fiscal madrileño y ha criticado que el tributo es un ataque a los patrimonios de la región.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado el momento que se vive actualmente de una "inseguridad jurídica tremenda" y con una Agencia Tributaria percibida "como un muro, fría y distante". La Aedaf ha puesto como ejemplo la prórroga del impuesto a las grandes fortunas que ha aprobado esta semana el Congreso de los Diputados y que de momento se mantendrá vigente mientras no se produzca una modificación de la tributación patrimonial de las CCAA. "¿Hasta cuándo es esto?", se preguntan desde la asociación.

El año nuevo arranca con varios cambios fiscales, como las modificaciones en las deducciones que se pueden aplicar los propietarios en el IRPF por el alquiler de viviendas, la retirada gradual de las rebajas de los impuestos a la electricidad y el gas, la obligación de informar a Hacienda sobre las operaciones con criptomonedas o los avances en el despliegue del nuevo sistema de cotización de los autónomos, así como la necesidad de que presenten la declaración de la renta. Por otro lado, se prorroga el impuesto a las grandes fortunas, la supresión del IVA a los alimentos de primera necesidad y las deducciones en el IRPF por la rehabilitación de viviendas y edificios.

2023 termina con grandes novedades en el mundo fiscal: desde la consolidación del impuesto a las grandes fortunas por parte del Tribunal Constitucional, hasta la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en algunas CCAA como Comunidad Valenciana, Baleares o Extremadura, tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Hacemos un repaso de las principales novedades impositivos de este año que termina.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos presentados por el Gobierno de Murcia y la Asamblea de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, aplicando así la doctrina que fijó al desestimar la impugnación formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra el nuevo tributo y que ya extendió a las de los Gobiernos de Galicia y Andalucía.

La economía de la Comunidad de Madrid centrará este jueves de Puente de la Constitución el Pleno de la Asamblea de Madrid, que debatirá la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la eliminación en 2024 del Impuesto de Patrimonio y las enmiendas a la totalidad de Más

El impuesto a las grandes fortunas será una realidad en todo el País Vasco. Este 4 de diciembre, Elkarrekin Podemos, el PNV y el PSE-EE, partidos que gobiernan las tres diputaciones vascas, han cerrado un acuerdo que garantiza "la aplicación efectiva" el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas en los tres territorios vascos y lo harán en unos "términos más exigentes" de lo que se había planteado inicialmente. El acuerdo llega después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el impuesto, tras tumbar los recursos de Madrid, Andalucía y Galicia.

El Tribunal Constitucional vuelve a avalar el impuesto a las grandes fortunas al desestimar también los recursos de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Ricardo Enríquez Sancho. Estas dos resoluciones, respaldadas por los jueces propuestos y avalados por el PSOE, se producen días después de que el alto tribunal refrendara este tributo tras desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid. Así, sigue en vigor este gravamen que deben pagar los patrimonios de más de 3 millones de euros incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.

Galicia mueve ficha tras el respaldo del Tribunal Constitucional al impuesto a las grandes fortunas. Como adelantó la semana pasada el consejero de Hacienda de la Xunta, Miguel Corgos, el PP ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales de 2024 para eliminar temporalmente la bonificación actual del 50% del Impuesto sobre el Patrimonio, con el objetivo de que la recaudación del gravamen que afecta a patrimonios de más de 3 millones de euros se quede en las arcas autonómicas. Con esta decisión, sigue los pasos de la Comunidad de Madrid, mientras que Andalucía podría ser la siguiente en tomar una medida similar.

El Consejo General de Economistas (CGE) da por hecho que la aplicación del impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Gobierno a finales del año pasado no tendrá un carácter temporal y se extenderá más allá de los dos años previstos. Según su presidente, Valentín Pich, el tributo "ha venido para quedarse", por lo que los patrimonios de más de 3 millones de euros tendrán que reorganizar sus inversiones para minimizar el coste fiscal. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha avalado este gravamen, tras tumbar todos los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que en la última década, desde que se recuperó el Impuesto de Patrimonio, se ha producido un aumento del 33,3% de los declarantes de este tributo y casi se ha doblado el patrimonio declarado (97,2%), pero la variación de la cuota a ingresar es menor (un 82,9%), dado que la mayoría de los nuevos declarantes pertenecen a los tramos patrimoniales más bajos.

El Tribunal Constitucional ha tenido que posponer el debate sobre la legalidad del impuesto a las grandes fortunas. A pesar de que estaba previsto en la reunión del Pleno del pasado 24 de octubre, el elevado volumen de casos a deliberar ha llevado al tribunal a posponer la fecha. Previsiblemente será entre los días 6 y 8 de noviembre cuando analice la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, cuya propuesta de sentencia tumba el recurso de la Comunidad de Madrid y refrenda el impuesto, al considerar que no vulnera competencias autonómicas ni el principios de seguridad jurídica.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa ha aprobado el proyecto de norma foral del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El siguiente paso es la aprobación de esta figura en las juntas generales y que se tramite por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de que entre en vigor este mismo año. A principios de octubre, las tres haciendas vascas publicaron el anteproyecto para introducir este gravamen, cuyos tipos se esperan más laxos que los del régimen común.

El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el próximo 24 de octubre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros. La ponencia ha recaído en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, cuyo borrador defiende la legalidad del impuesto al considerar que no invade competencias de las autonomías ni vulnera el principio de seguridad jurídica. Andalucía y Galicia también han recurrido el tributo, mientras los expertos ven indicios de inconstitucionalidad.

El impuesto a las grandes fortunas podría llegar en las próximas semanas al Pleno del Tribunal Constitucional. Este tributo ha sido blanco de críticas desde que entró en vigor a finales del año pasado, ha recaudado más de 600 millones de euros hasta la fecha, y ha sido recurrido por varias autonomías, entre ellas Madrid, Andalucía y Galicia, al considerar que invade sus competencias fiscales. Todo apunta a que los magistrados analizarán antes de final de año su posible inconstitucionalidad y dictarán una sentencia que será en firme.

Hacienda ya ha confirmado el primer balance del impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas que entró en vigor a finales del año pasado y que afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Hasta ahora, 12.010 contribuyentes, el 0,1% del total en España, han abonado el gravamen y la recaudación se ha situado 623 millones de euros, de los que 555 millones proceden de la Comunidad de Madrid. Los expertos, entre ellos abogados, asesores fiscales y catedráticos tributarios, creen que es un tributo inconstitucional y animan a los contribuyentes a recurrirlo.

El controvertido Impuesto de Solidaridad (ISGF), más conocido como impuesto a las grandes fortunas, ha despertado muchas dudas de inconstitucionalidad, como evidencian los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia, que aún están pendientes de resolución. Las dudas se centran en cómo se tramitó y aprobó este impuesto al privarse del debate parlamentario y vulnerar derechos constitucionales. Por eso, los expertos aconsejan reclamar desde ya este tributo.

La Comisión Europea ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea para gravar a los más ricos de la Unión Europea, cuyos impulsores piden establecer un impuesto comunitario sobre las grandes fortunas cuya recaudación serviría para financiar la transición ecológica y social; es decir, luchar contra el cambio climático y la desigualdad, y garantizar que los ciudadanos europeos contribuyan a estos objetivos. Ahora los organizadores deben recoger firmas para sacar adelante la propuesta y obligar al Ejecutivo comunitario a tomar medidas al respecto.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha considerado que "lo razonable" es que el Gobierno que resulte tras las elecciones del 23 de julio no haga permanente el impuesto temporal a la banca que actualmente solo aplica sobre los márgenes de interés y las comisiones netas de la banca de 2022 y 2023. Sobre la consideración que realizó la vicepresidenta Nadia Calviño de que la banca tiene que empezar ya a remunerar los depósitos, Goirigolzarri ha recordado que el que toma las decisiones en política de precios es "cada banco" de acorde a su estrategia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 12 de junio la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública que activa el modelo 718 de declaración del Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Así, el Gobierno completa el último trámite normativo para implementar un tributo que aprobó a finales del año pasado y que los contribuyentes con patrimonios de más de 3 millones de euros tendrán que declarar a lo largo del próximo mes. La fecha es entre el 1 y el 31 de julio y debe realizarse de forma online.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de implantar un impuesto internacional a las grandes fortunas con el objetivo de proteger "a las principales víctimas de la crisis climática", así como de establecer un gravamen a

EH Bildu defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una iniciativa instando al Gobierno a ampliar la carga impositiva de los gravámenes extraordinarios a la banca y energéticas, aprobados a final del año pasado junto con el impuesto a las grandes fortunas.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la petición de suspender cautelarmente esta norma impugnada. La Junta estima que se vulneran varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el principio de lealtad constitucional e institucional.  

El Departamento que dirige María Jesús Montero está ultimando el diseño del modelo de declaración 718, por el que los patrimonios de más de tres millones de euros tendrán que asumir el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava con una cuota adicional a los patrimonios de las personas físicas con una cuantía superior a los tres millones de euros. Según recoge el proyecto de orden ministerial, el plazo de presentación será el comprendido entre los días 1 y 31 de julio de 2023.