El impuesto a las grandes fortunas recauda 623 millones, casi todo en Madrid

El impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas que entró en vigor a finales del año pasado ya ha recaudado 623 millones de euros, la mayor parte en Madrid, con 555 millones de euros, según ha informadoel Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En total, 12.010 grandes patrimonios, que representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado este impuesto, complementario al de Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros.

"Esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania", ha subrayado el Departamento que dirige, en funciones, María Jesús Montero.

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio. Hacienda recuerda que este impuesto estatal tiene carácter temporal, pues se ha diseñado para los ejercicios 2023 y 2024.

Para evitar la doble imposición, los contribuyentes sólo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio. De esta forma, en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se aplica una deducción de la cuota satisfecha en el Impuesto sobre el Patrimonio, descontando del pago de este nuevo impuesto lo abonado por el de Patrimonio.
 
Por este motivo, Hacienda precisa que la recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de comunidades autónomas que tienen bonificado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio, como es el caso de Madrid, que ha proporcionado el 89% de la recaudación.

Sumando los ingresos obtenidos por el impuesto de solidaridad de grandes fortunas y el Impuesto sobre el Patrimonio, la cifra de recaudación de este año supera los 1.868 millones de euros.

"Estas cifras son consecuentes con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de grandes fortunas alcanzaba los 1.500 millones, bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio", defiende el Ministerio. 

Madrid y Andalucía, las que más aportan

 Según ha remarcado Hacienda, "tal y como estaba previsto", la mayor parte de los contribuyentes del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas residen en comunidades que han renunciado a recaudar por Patrimonio.
 
Así, de los de los 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros.

Les siguen los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865 declarantes), que han abonado 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Estas tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.

Tras ellas se sitúa Cataluña, con 322 declarantes y 2 millones de euros de recaudación; Cantabria (9 declarantes y 400.000 euros); Comunidad Valenciana (17 declarantes y 200.000 euros recaudados), y Asturias, con 10 declarantes y una cuota a pagar de 100.000 euros.

Los no residentes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han aportado 26,2 millones de euros tras declarar este impuesto 342 grandes patrimonios.

Un impuesto innecesario e inconstitucional, según los expertos

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentó a principios de año un informe junto a varios catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se desgranan los motivos para considerar que el impuesto tiene visos de ser inconstitucional. Por ejemplo, que se ha empezado a aplicar con efectos retroactivos, que da un tratamiento diferente a patrimonios nacionales y extranjeros, y porque limita las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, temen que este tributo se prorrogue en el tiempo, lastrando la recaudación y las nuevas inversiones de los grandes patrimonios. “La deslocalización está asegurada”, según el ‘think tank’ de la CEOE.

En esa línea, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) también ha criticado la forma en la que el Gobierno sacó adelante este cambio fiscal. En concreto, ha recalcado su "reprochable" tramitación parlamentaria, puesto que se incluyó como una enmienda en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca, y que su pretendido efecto armonizador con el Impuesto de Patrimonio se ha visto desdibujado de forma ciertamente significativa, pese a ser "una reacción clara del Estado a una decisión lícita de las comunidades autónomas, como es bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio". 

Además, ha insistido en que la aprobación de medidas con tan "deficiente calidad técnica" contribuye a la multiplicación de la litigiosidad, además de la presión al contribuyente, a los asesores y al sistema judicial. También lo han calificado como un "atropello" y de un "posible fraude de ley parlamentaria que genera inseguridad jurídica", lo que "nos hace encender todas las alarmas y todas las alertas porque hay muchas vulneraciones". 

Entre otros artículos de la Constitución, podría vulnerarse el principio de representación política garantizado por el artículo 23.1 de la Carta Magna, puesto que, según la AEDAF,  "se menoscaban los derechos constitucionales de los grupos parlamentarios minoritarios, al tiempo que se socava gravemente la esencia del Estado social y democrático de Derecho.la forma en la que se aprobó menoscaba los derechos de los grupos como del principio de autoimposición consagrado en el artículo 31.3".

Otra de las razones que podría tumbar el impuesto es que, según los asesores y otros muchos expertos, impide la libre circulación de capitales, una garantía del Tratado de la Unión Europea, ya que establece un tratamiento diferente para los contribuyentes residentes y no residentes. Estos últimos, por ejemplo, no gozan del mínimo exento de 700.000 euros. 

Los asesores fiscales animan a impugnar el impuesto

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recomienda a los contribuyentes afectados por el Impuesto de Solidaridad declarar el tributo, aunque tiene visos de ser inconstitucional, y después recurrirlo. 

Según los asesores fiscales, para poder recuperar las cantidades pagadas si finalmente el Tribunal Constitucional da la razón a los contribuyentes, es necesario que se declare y que después se inicie un recurso para impugnarlo.

Tal y como afirmó José Manuel Almudí Cid, profesor titular de Derecho financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, la devolución solo sería para aquellos contribuyentes que "hayan iniciado la vía del recurso". E insistió en que estos casos tienen fundamentos jurídicos de peso para ser estimados, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos de varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía y Galicia. 

"Si el Tribunal Constitucional da la razón a los recurrentes, se tendrá que devolver todo lo pagado con el impuesto más intereses", explicó Stella Raventós Calvo, presidenta de la AEDAF, quien criticó que, con esta figura tributaria que en principio tiene un carácter temporal "se está generando 'pan para hoy y hambre para mañana'".

En su opinión, la posibilidad de que la justicia tumbe este gravamen y que se tengan que devolver las cantidades pagadas más intereses provoca que "se prime la recaudación inmediata y se penalicen los intereses del Estado a medio plazo. Esto es dañar las arcas públicas".

Los asesores fiscales insisten en que la mejor fórmula para llegar a recuperar las cantidades pagadas es declarar el impuesto "e impugnarlo después, pasado el plazo voluntario de pago". Sin embargo, el periodo voluntario termina en julio y agosto mes inhábil por excelencia, por lo que la asociación reconoce que "no es un momento proclive" y que conviene que las alegaciones estén bien preparadas. 

Así, todo apunta a que las impugnaciones podrían darse a partir de septiembre y que a finales de año podría hacerse un balance de cuántos contribuyentes afectados por el impuesto a las grandes fortunas han decidido recurrirlo, aunque desde la AEDAF ven probable que sea un porcentaje bastante elevado. 

"No recurrimos por recurrir, sino porque estamos convencidos de que estamos en el marco de la defensa del contribuyente y el Estado de Derecho", ha recalcado Raventós.

Además de los asesores fiscales, también hay abogados especializados en litigación tributaria que defienden que recurrir el impuesto es la única solución que tienen los contribuyentes afectados. Uno de ellos es José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, quien afirma en su blog que "resulta obvio que los contribuyentes deben plantar cara al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Y la mejor opción para evitar problemas con Hacienda será la de autoliquidar el impuesto, e ingresar la cuota que resulte. Y, acto seguido, solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada, y la devolución de ingresos indebidos".

Con ello, argumenta el abogado, "se evitará la exigencia de intereses de demora, y la imposición de una sanción tributaria, que acarrearía el incumplimiento de la obligación de pago de este impuesto". E insiste en que en la reclamación "podrá alegarse la imposibilidad de que el impuesto aprobado tenga efectos retroactivos. Ello, además de otras cuestiones de legalidad y constitucionalidad que afectan al impuesto, y que deben ser alegadas igualmente, en el recurso que se presente".

Cómo reclamar ya la devolución del impuesto a grandes fortunas

En cuanto al procedimiento para obtener la devolución del impuesto, dado que este se autoliquida por los contribuyentes, estos deben solicitar previamente la rectificación de la autoliquidación presentada.

La rectificación se debe solicitar ante la Agencia Tributaria (AEAT), la entidad encargada de gestionar este impuesto. Si la AEAT desestima la solicitud de rectificación, los contribuyentes deben apelar esta decisión primero en la vía económico-administrativa y luego en la vía contencioso-administrativa.

Es importante destacar que, para invocar algunos de los argumentos de defensa mencionados anteriormente, será necesario solicitar el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según el despacho Tax Litigation, para solicitar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, será necesario esperar a la vía judicial, ya que ni la Agencia Tributaria ni el Tribunal Económico-Administrativo tienen competencia para plantearla. Y lo mismo ocurre con el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE.