Impuesto patrimonio

Gestionar una empresa inmobiliaria no siempre equivale a desarrollar una actividad económica a ojos de Hacienda. Así lo ha dejado claro la Dirección General de Tributos (DGT) en una resolución donde aclara en qué casos una sociedad dedicada al alquiler o compraventa de inmuebles puede beneficiarse de la exención prevista en el Impuesto sobre el Patrimonio. La clave no solo radica en la actividad declarada, sino en cómo se organiza el negocio.

El economista Miguel Córdoba estima que este otoño va a ser caliente tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez echando la culpa a los “ricos” de lo que pasa en España. Y afirma que “ya no hay covid-19, ni una inflación galopante, ni una crisis de materias primas, pero Sánchez sigue gastando cada año 60.000 millones de euros más de lo que ingresa”. Con datos del número de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 (último año disponible), Córdoba señala que tan solo hay 231.289 personas que presentan la declaración de este tributo y que la mayoría de los activos declarados son de índole financiera. Por último, concluye que tan sólo el 0,36% de los declarantes de este impuesto tienen más de 30 millones de euros. “¿Dónde están los ricos? ¿qué impuestos se va Vd. a inventar para sacarles más dinero? Le recuerdo que el coste de intereses del océano de deuda pública nos cuesta a todos los españoles 3.000 millones de euros todos los meses (100 millones diarios)”, sentencia.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de hacer 'dumping' fiscal por haber ampliado a tres millones de euros el impuesto sobre patrimonio y así igualar la tributación con el tributo sobre las grandes fortunas. Durante la sesión de control de este miércoles y ante las preguntas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la vicepresidenta ha acusado al Gobierno 'popular' de Isabel Díaz Ayuso de ejecutar esa modificación que, a su juicio, supone la eliminación del impuesto y que ha implicado una pérdida recaudatoria de más de 4.000 millones de euros.

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio. Estamos, por tanto, ante fechas decisivas para todos aquellos que tributaron por este impuesto en los últimos ejercicios, y no han solicitado todavía la rectificación de su autoliquidación, y la devolución de ingresos indebidos. Y es que, o lo hacen pronto, o pueden quedarse fuera de juego, y sin opciones de recuperar lo pagado, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation.

El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre los cambios que aplicó el Gobierno al Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y que recurrió el Grupo Parlamentario Popular. Entre las modificaciones, recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de dicho año, destacan la subida del tipo máximo hasta el 3,5% y el carácter permanente de este tributo, que hasta entonces era temporal y se prorrogaba anualmente. Está en juego la devolución de las liquidaciones de este gravamen de los últimos tres años, que podrían superar los 3.000 millones de euros.

Uno de los impuestos que más a dado que hablar en los últimos años es el Impuesto sobre el Patrimonio.

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al Gobierno eliminar el Impuesto de Patrimonio en todas las comunidades autónomas para evitar una "guerra fiscal" entre ellas. En una entrevista publicada por 'El Periódico' y recogida por Europa Press, el dir

La economía de la Comunidad de Madrid centrará este jueves de Puente de la Constitución el Pleno de la Asamblea de Madrid, que debatirá la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la eliminación en 2024 del Impuesto de Patrimonio y las enmiendas a la totalidad de Más

El Tribunal Constitucional vuelve a avalar el impuesto a las grandes fortunas al desestimar también los recursos de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Ricardo Enríquez Sancho. Estas dos resoluciones, respaldadas por los jueces propuestos y avalados por el PSOE, se producen días después de que el alto tribunal refrendara este tributo tras desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid. Así, sigue en vigor este gravamen que deben pagar los patrimonios de más de 3 millones de euros incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.

Galicia mueve ficha tras el respaldo del Tribunal Constitucional al impuesto a las grandes fortunas. Como adelantó la semana pasada el consejero de Hacienda de la Xunta, Miguel Corgos, el PP ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales de 2024 para eliminar temporalmente la bonificación actual del 50% del Impuesto sobre el Patrimonio, con el objetivo de que la recaudación del gravamen que afecta a patrimonios de más de 3 millones de euros se quede en las arcas autonómicas. Con esta decisión, sigue los pasos de la Comunidad de Madrid, mientras que Andalucía podría ser la siguiente en tomar una medida similar.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto ley de medidas urgentes que incluye, entre otras iniciativas, una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF, que afectarán principalmente a las rentas inferiores a 22.200 euros, así como la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio. También se surpime el impuesto a viviendas vacías de grandes tenedores.

El controvertido Impuesto de Solidaridad (ISGF), más conocido como impuesto a las grandes fortunas, ha despertado muchas dudas de inconstitucionalidad, como evidencian los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia, que aún están pendientes de resolución. Las dudas se centran en cómo se tramitó y aprobó este impuesto al privarse del debate parlamentario y vulnerar derechos constitucionales. Por eso, los expertos aconsejan reclamar desde ya este tributo.

El acuerdo de gobierno que han sellado el PP y Vox para coger las riendas del Gobierno de la Comunidad Valenciana tras el resultado electoral del 28M incluye un total de 50 puntos, muchos de ellos relacionados con los impuestos, la vivienda y la okupación ilegal. Entre los compromisos que recoge el documento destacan eliminar los impuestos de sucesiones y donanciones, y patrimonio; bajar el IRPF, sobre todo a clases medias y bajas; poner en marcha avalales para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca, crear una oficina antiokupación o frenar la puesta en marcha de la tasa turística, prevista para 2024.

Foment del Treball, la principal patronal en Cataluña, da un paso más en su lucha contra el Impuesto sobre el Patrimonio. La organización liderada por Josep Sánchez Llibre ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tributo, que afecta a los contribuyentes con un patrimonio superior a los 700.000 euros sin incluir la vivienda habitual.

La Xunta de Galicia ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Gobierno central y que entró en vigor en diciembre de 2022. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha indicado que detectan varias vulneraciones, entre ellas una a la autonomía financiera de la comunidad, por los tributos que tiene transferidos. Así, se suma a la Junta de Andalucía que también recurrió este tributo y que acaba de ser admitido a trámite por el Constitucional.

El Tribunal Supremo no permite deducir en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) deudas de IRPF de ejercicios anteriores que se liquidaron con posterioridad. Es el caso, por ejemplo, de un ciudadano que quiso deducir en el IP de 2013 deudas del IRPF de 2011, 2012 y 2013 que no le fueron liquidadas y exigidas hasta 2017. Es decir, sólo se podrán deducir las deudas correspondientes al ejercicio en que se notifiquen. Esto mismo se puede aplicar también al nuevo impuesto a las grandes fortunas (Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas), que grava también el patrimonio neto del contribuyente.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la petición de suspender cautelarmente esta norma impugnada. La Junta estima que se vulneran varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el principio de lealtad constitucional e institucional.  

Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares son las comunidades autónomas con los impuestos más altos, mientras que Madrid se mantiene con el título de la región de España con impuestos más bajos. Así ha quedado patente en el estudio del Panorama fiscal autonómico de 2023 que ha presentado el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGAE). El informe destaca la llegada del nuevo Impuesto a las grandes fortunas, mientras que ocho regiones ya han rebajado la parte del IRPF autonómico, mientras Madrid o Andalucía bonifican al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Gobierno aprovechó la ley sobre los nuevos impuestos a bancos, energéticas y grandes fortunas, en vigor desde finales de 2022, para introducir un cambio en el Impuesto sobre el Patrimonio. Una modificación que afecta a los no residentes que tienen inmuebles en España a través de una sociedad y que a partir de ahora tendrán que pagar dicho tributo. El problema, según los expertos, es que la redacción de dicha modificación “se ha pasado de frenada”, al contemplar muchos supuestos inesperados, que “podría retraer nuevas inversiones” en el sector y que podría suponer una discriminación entre no residentes y residentes. Y ven necesario que el legislador matice este cambio que ha pillado por sorpresa al mercado.

Las prisas no son buenas consejeras… ni para el Gobierno. Sus ansias por que entrara en vigor este año el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF) con efectos retroactivos le ha traído un inesperado regalo para madrileños, andaluces y gallegos, es decir, a contribuyentes que residen en CCAA donde el Impuesto de Patrimonio (IP) está bonificado parcial o totalmente. La ley establece un límite que beneficia a los contribuyentes de estas tres regiones españolas porque pagarán menos por el impuesto a las grandes fortunas.

El impuesto a las grandes fortunas esconde una desagradable sorpresa para los extranjeros no residentes que tengan un patrimonio inmobiliario por encima de los 3 millones de euros: ellos también deberán pagar este tributo. El mercado de la vivienda de lujo puede tambalearse si finamente se aprueba esta regulación (que ya está en el Senado), ya que son uno de los principales compradores de este tipo de propiedades. Aunque nace inicialmente para ser temporal, podría venir para quedarse, y es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio. El Gobierno ha anunciado que su objetivo es aplicar este tributo ya en 2022.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas. Los contribuyentes más afectados por el llamado Impuesto de Solidaridad serían los residentes en Madrid y Andalucía, dos regiones que bonifican el Impuesto al Patrimonio.

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha advertido este jueves de que el nuevo impuesto solidario sobre grandes fortunas podría ir en contra de la capacidad normativa que tienen las Comunidades Autónomas, "demostrando el fracaso que supone seguir con un sistema de fi

La proposición de ley de los impuestos a energéticas y entidades financieras y la enmienda que introdujo el Gobierno a última hora para poner en marcha el nuevo Impuesto de Solidaridad que afectará a las grandes fortunas se debaten esta semana en el Congreso de los Diputados. Según fuentes parlamen

Asesores fiscales y banca privada confirman que el mero anuncio del Impuesto de Solidaridad disuade a los grandes capitales de afincarse en España, y anima a los grandes contribuyentes a huir a países como Portugal. Los expertos consultados por idealista/news avanzan que en algún momento se declarará su inconstitucionalidad, ya que la base imponible es la misma que la del Impuesto sobre el Patrimonio.