Impuesto patrimonio

En las próximas semanas el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la posible inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio. Estamos, por tanto, ante fechas decisivas para todos aquellos que tributaron por este impuesto en los últimos ejercicios, y no han solicitado todavía la rectificación de su autoliquidación, y la devolución de ingresos indebidos. Y es que, o lo hacen pronto, o pueden quedarse fuera de juego, y sin opciones de recuperar lo pagado, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation.

El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre los cambios que aplicó el Gobierno al Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y que recurrió el Grupo Parlamentario Popular. Entre las modificaciones, recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de dicho año, destacan la subida del tipo máximo hasta el 3,5% y el carácter permanente de este tributo, que hasta entonces era temporal y se prorrogaba anualmente. Está en juego la devolución de las liquidaciones de este gravamen de los últimos tres años, que podrían superar los 3.000 millones de euros.

Uno de los impuestos que más a dado que hablar en los últimos años es el Impuesto sobre el Patrimonio.

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al Gobierno eliminar el Impuesto de Patrimonio en todas las comunidades autónomas para evitar una "guerra fiscal" entre ellas. En una entrevista publicada por 'El Periódico' y recogida por Europa Press, el dir

La economía de la Comunidad de Madrid centrará este jueves de Puente de la Constitución el Pleno de la Asamblea de Madrid, que debatirá la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la eliminación en 2024 del Impuesto de Patrimonio y las enmiendas a la totalidad de Más

El Tribunal Constitucional vuelve a avalar el impuesto a las grandes fortunas al desestimar también los recursos de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Ricardo Enríquez Sancho. Estas dos resoluciones, respaldadas por los jueces propuestos y avalados por el PSOE, se producen días después de que el alto tribunal refrendara este tributo tras desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid. Así, sigue en vigor este gravamen que deben pagar los patrimonios de más de 3 millones de euros incluido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.

Galicia mueve ficha tras el respaldo del Tribunal Constitucional al impuesto a las grandes fortunas. Como adelantó la semana pasada el consejero de Hacienda de la Xunta, Miguel Corgos, el PP ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales de 2024 para eliminar temporalmente la bonificación actual del 50% del Impuesto sobre el Patrimonio, con el objetivo de que la recaudación del gravamen que afecta a patrimonios de más de 3 millones de euros se quede en las arcas autonómicas. Con esta decisión, sigue los pasos de la Comunidad de Madrid, mientras que Andalucía podría ser la siguiente en tomar una medida similar.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto ley de medidas urgentes que incluye, entre otras iniciativas, una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF, que afectarán principalmente a las rentas inferiores a 22.200 euros, así como la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio. También se surpime el impuesto a viviendas vacías de grandes tenedores.

El controvertido Impuesto de Solidaridad (ISGF), más conocido como impuesto a las grandes fortunas, ha despertado muchas dudas de inconstitucionalidad, como evidencian los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia, que aún están pendientes de resolución. Las dudas se centran en cómo se tramitó y aprobó este impuesto al privarse del debate parlamentario y vulnerar derechos constitucionales. Por eso, los expertos aconsejan reclamar desde ya este tributo.

El acuerdo de gobierno que han sellado el PP y Vox para coger las riendas del Gobierno de la Comunidad Valenciana tras el resultado electoral del 28M incluye un total de 50 puntos, muchos de ellos relacionados con los impuestos, la vivienda y la okupación ilegal. Entre los compromisos que recoge el documento destacan eliminar los impuestos de sucesiones y donanciones, y patrimonio; bajar el IRPF, sobre todo a clases medias y bajas; poner en marcha avalales para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca, crear una oficina antiokupación o frenar la puesta en marcha de la tasa turística, prevista para 2024.