El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al Gobierno eliminar el Impuesto de Patrimonio en todas las comunidades autónomas para evitar una "guerra fiscal" entre ellas.
En una entrevista publicada por 'El Periódico' y recogida por Europa Press, el dirigente empresarial ha defendido que "sería positivo que el Gobierno se adelantara al fallo" del Tribunal Constitucional (TC), donde la patronal ha impulsado un recurso, y suprimiera este impuesto. En este sentido, ha asegurado que si el TC no les da la razón, llevarán la impugnación del impuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Preguntado por el regreso a Cataluña de las empresas que cambiaron su sede social en 2017, ha dicho que "bonificar" el impuesto patrimonial sería una medida que promovería su vuelta.
"Si tuviéramos una política fiscal como la de Madrid o como la de Valencia, eso hace más atractivo que volvieran las empresas y sus directivos", ha añadido.
Foment recurre al Tribunal Constitucional
Foment del Treball presentó en primavera un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre este tributo que solo se aplica en tres países de la OCDE: España, Noruega y Suiza. Desde la partronal destacan que es "un tributo confiscatorio que lastra la competitividad de las empresas y dificulta la instalación de altos directivos en España".
El Impuesto sobre el Patrimonio afecta a los contribuyentes que tengan más de 700.000 euros de riqueza personal y cuya recaudación neta se situó en 2022 por encima de los 1.200 millones de euros.
El recurso se presentó contra la orden ministerial que aprobó este impuesto, cuya aplicación es competencia autonómica, y se ha apoyado en dos abogados del Estado de los despachos Roca Junyent y Crowe.
La organización presidida por Josep Sánchez Llibre ya planteó hace dos años un dictamen a los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso de los Diputados que sirvió de base al recurso que presentó el Partido Popular tras las modificaciones que llevó a cabo el Gobierno. Un recurso que todavía no se ha resuelto.
Como explicó el grupo popular cuando planteó el recurso, "la Ley de PGE para 2021 ha introducido dos modificaciones muy relevantes en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, a través de la modificación del artículo 30. Concretamente, el incremento del tipo marginal máximo del referido impuesto, pasando del 2,5% al 3,5%; y la conversión con carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta ahora calificado como temporal desde su restablecimiento en 2011".
El grupo político insistía en que el Gobierno justificaba las medidas para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, pero “no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se convierta en indefinido. El aumento en la escala a un tipo máximo del 3,5%, muy superior a los tipos de interés actuales, hace que en algunos casos y teniendo en cuenta la incapacidad de generar rendimientos de ciertos patrimonios, deba abonarse con una liquidación y reducción del patrimonio personal, vulnerando el artículo 31 de la Constitución del principio de capacidad económica".
El grupo también detalló que la presentación del recurso respondía "a su vez a las demandas que le han trasladado organizaciones de la sociedad civil como Foment del Treball, Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y otras organizaciones empresariales, en relación a un impuesto profundamente injusto y arcaico" y concluía que "en un año en el que la mayoría de las personas han visto reducidos sus ingresos, su carácter confiscatorio es más que evidente”.
En 2022, Foment hizo un segundo intento y planteó un dictamen sobre el impuesto a grandes fortunas que presentó a partidos y autonomías para que presentasen sus propios recursos. Este tributo que aprobó el Ejecutivo a finales del año pasado busca armonizar el Impuesto sobre el Patrimonio en toda España, evitando que CCAA como Madrid o Andalucía apliquen bonificaciones que permitan no pagar el tributo. No obstante, el Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto y ha tumbado los recursos presentados por Madrid, Andalucía y Galicia.
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