
El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas.
La iniciativa ha contado con el respaldo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, mientras que los 152 del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra. PNV y PDeCAT se han abstenido, todo ello en una votación pública por llamamiento, pedida por Más País y Compromís, que ha obligado a que los diputados fueran poniéndose en pie en el escaño para anunciar a viva voz su voto.
Concluida la tramitación en la Cámara Baja el texto pasará al Senado para completar su curso en las Cortes. La iniciativa aprobada tiene la misma redacción que salió de la Comisión de Asuntos Económicos porque en el Pleno de este jueves no se han introducido cambios.
La proposición de ley sí que sufrió diferentes modificaciones en las últimas semanas. Uno de los principales cambios se produjo en torno al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, ya que finalmente se incluyó una propuesta del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España.
Con ese cambio no se precisaba la nacionalidad de los bancos, por lo que el PSOE y Unidas Podemos ya no vieron necesario incluir en el articulado una mención expresa a las entidades extranjeras que desarrollen su actividad en nuestro país, máxime cuando en la exposición de motivos si se deja claro que los bancos extranjeros con negocio en España también están afectados por el gravamen.
Quién debe pagar el Impuesto a las grandes fortunas
El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas (CCAA).
Según el texto oficial, "dos son las finalidades principales de este nuevo impuesto. La primera de ellas es recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas. La segunda finalidad es armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto".
Afectará a aquellas fortunas que superen los 3 millones de euros, y establece varios tramos en función del patrimonio, que van del 1,7% al 3,5%. Se aplicará también una exención de 700.000 euros. El Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones de euros gracias a esta nueva figura tributaria temporal y calcula que afectará a unos 23.000 contribuyentes en toda España.
Los tramos que se aplicarán sobre el patrimonio neto, considerando las exenciones, son:
- El primer tramo será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,34 millones de euros.
- El segundo tramo es del 2,1% y afecta a la horquilla entre los 5,34 y los 10.69 millones.
- Para los patrimonios superiores a los 10,69 millones, se aplicará un tipo del 3,5%.
El impuesto se aplicará en los dos primeros ejercicios que se devenguen desde la entrada en vigor de la norma, por lo que podría ser aplicable ya en 2022 si la tramitación parlamentaria es rápida. Al menos este es el objetivo del Gobierno. En caso de no llegar a tiempo, el tributo se devengará en los ejercicios 2023 y 2024. La enmienda incluye una cláusula de revisión al final del periodo de vigencia para evaluar un potencial mantenimiento del tributo o su supresión. Por tanto, podría aplicarse durante más de dos años.
“El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y se exigirá mediante autoliquidación, que se deberá presentar cuando resulte cuota a ingresar”, afirma el despacho de abogados Garrigues. Y añade que “no estarán obligados a presentar declaración los sujetos pasivos que tributen directamente al Estado por no estar cedido el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio a ninguna comunidad autónoma (es decir, los no residentes), salvo que la cuota de este impuesto resulte a ingresar”.
La normativa esconde una desagradable sorpresa para los extranjeros no residentes que tengan un patrimonio inmobiliario por encima de los 3 millones de euros: ellos también deberán pagar este tributo. Según los expertos consultados por idealista/news, el mercado de la vivienda de lujo puede verse afectado por esta regulación, ya que son uno de los principales compradores de este tipo de propiedades. Aunque nace inicialmente para ser temporal, podría venir para quedarse, y es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio. El Gobierno ha anunciado que su objetivo es aplicar este tributo ya en 2022.
A finales de 2024 se evaluará si siguen siendo permanentes
El texto se ha aprobado con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu, PSOE y Podemos, quienes pactaron que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
Además, en el texto final sí está ya incorporada a la ley la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.
El impuesto a las energética exime los ingresos regulados
En lo referido al gravamen energético, se excluirá de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, queda modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Además, se incluyó en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Al mismo tiempo, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
El Congreso aprueba los Presupuestos Generales del Estado de 2023
El Pleno del Congreso ha aprobado este 24 de noviembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, los terceros del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y los últimos de la legislatura, que pasan ahora al Senado tras cosechar el voto de entre 186 y 188 diputados en cada una de las distintas secciones, que representan más de la mitad de la Cámara (53,86%).
Para superar sus votaciones decisivas de sus cuentas el Gobierno ha contado con los votos de PSOE (120 votos), Unidas Podemos (34) --al que se suma el de Meri Pita, ahora en el Grupo Mixto--, Esquerra Republicana (13), el PNV (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Coalición Canaria (2) y el PRC (1).
A lo largo de las tres jornadas presupuestarias en el Pleno, PSOE y Podemos han llegado a varios acuerdos para sellar los apoyos necesarios a las cuentas públicas. Así, durante esta semana se han introducido al proyecto presupuestario un total de 146 enmiendas transaccionales de EH Bildu, PdeCAT, ERC o Más País. Y ahora espera que una tramitación exprés en el Senado permita tener las cuentas listas en menos de un mes y, si hay cambios, votarlos en el Congreso a finales de diciembre para que el 1 de enero, en tiempo y forma, entren en vigor.
Los Presupuestos de 2023 son los más expansivos de la historia e incluyen una partida récord en materia de vivienda.
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