El Gobierno plantea unos Presupuestos con más ayudas al alquiler, pero sin Ley de Vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras un acuerdo de última hora entre los socios de Gobierno en la madrugada del 4 de octubre. 

Las que podrían ser las últimas cuentas públicas de la coalición PSOE-Unidas Podemos serán, de ser aprobadas en el Congreso de los Diputados, las más expansivas de la democracia, con 266.719 millones de euros de gasto social. Y también las que protagonizan la mayor partida presupuestaria en materia de vivienda de la historia. 

El proyecto de los PGE, que a finales de mes se someterá a su primera votación parlamentaria, incluye varias novedades, como por ejemplo la ampliación del bono joven del alquiler en 2023, la puesta en marcha de un nuevo programa para impulsar los alquileres asequibles o la previsión de que el año que viene repunte con fuerza la inversión en construcción. Sin embargo, el proyecto 'se olvida' de la Ley de Vivienda, una normativa que fue aprobada por el Ejecutivo en el primer trimestre del año y que sigue en tramitación parlamentaria. A pesar de los intentos de Unidas Podemos de supeditar su apoyo a las cuentas públicas al impulso de la Ley, que incluye medidas como el control de los precios del alquiler, el PSOE ha dado carpetazo a esta posibilidad.

Repasamos las principales cifras clave para el sector inmobiliario que contempla el proyecto de los Presupuestos, y las grandes partidas económicas que ha desvelado el Gobierno:

Una partida de vivienda récord

La partida de 'Acceso a la vivienda y Fomento de la Edificación' alcanza los 3.472 millones de euros. Un importe que supera en un 5,4% a la presupuestada en 2022 y que se convierte en la mayor de la historia. No obstante, conviene recordar que buena parte de ese presupuesto procede de los fondos europeos (en concreto, 2.480 millones de euros, frente a los 992 millones de euros que proceden de fondos nacionales).  

Entre 2006 y 2010, la vivienda se llevó más de 1.000 millones al año del presupuesto público, alcanzando el pico en 2009, cuando se presupuestaron algo más de 1.600 millones de euros. Mientras que desde 2017, y hasta la llegada de los fondos europeos Next Generation, la partida media llegó a mermar hasta quedarse por debajo de los 500 millones de euros. A pesar de la subida, la vivienda apenas supone el 0,7% del gasto total de los Presupuestos. 

Dentro de esa partida récord para 2023 se incluyen recursos para la construcción de viviendas de alquiler social, a la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes. Y también los 421 millones de euros que corresponden a dicho ejercicio dentro del Plan de Vivienda 2022-2025. Este es el reparto de los 3.472 millones de euros destinados a vivienda:

Sin rastro de la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda lleva años en el aire. De hecho, ha sido uno de los focos de enfrentamiento entre los socios de Gobierno en lo que va de legislatura. El proyecto se aprobó en el Consejo de Ministros a principios de febrero, pese a las críticas de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, y se remitió de urgencia al Congreso, pero todavía está en la fase de enmiendas.

A pesar de que ha sido una de las líneas rojas para Unidas Podemos, el texto no va a tener en las cuentas del año que viene un aliado para agilizar su puesta en marcha definitiva. 

Como muestra, las palabras de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha afirmado que "no parece lógico" que la Ley de Vivienda vuelva a aparecer en los Presupuestos de 2023 puesto que esa iniciativa fue "el broche de cierre" de los de PGE de 2022.

"Nosotros cumplimos. Lo que se pactó para permitir la aprobación de los presupuestos en 2022 se registró tal cual en el Congreso de los Diputados. Cuestión distinta es que los grupos parlamentarios, en su ámbito de autonomía, hayan presentado enmiendas que se tienen que discutir en el marco de la negociación parlamentaria, pero no puede formar parte nuevamente de unos nuevos presupuestos. Estamos hablando de cuestiones muy serias. Cada cosa tiene su momento y ya lo tuvo en el 2022", ha asegurado, tajante, la titular de Hacienda.

En los últimos días, de hecho, ha subido el tono de sus declaraciones y ha inistido en que sería una "tomadura de pelo" y una decisión "absurda y ridícula" que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 incluyera la Ley de Vivienda. No obstante, se ha mostrado optimista para que "muy pronto pueda ver la luz".

La ministra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se ha alineado con Montero y ha insistido en la presentación del proyecto de los PGE en el Congreso que "nunca ha habido bloqueo en el proyecto de ley de Vivienda, sino diálogo y trabajo", tras las críticas de Unidas Podemos de que la Ley de Vivienda se haya quedado fuera de las cuentas públicas del ejercicio entrante.

De hecho, Sánchez ha recordado que el Consejo de Ministros ya aprobó el proyecto de ley hace unos meses y lo remitió al Congreso, donde se han presentado unas 800 enmiendas, de las que ya se han transaccionado unas 400, y ha pedido el respaldo de todas las fuerzas políticas, en especial de las progresistas, para desatascar definitivamente la normativa y "no defraudar a la ciudadanía".

Lo que de momento también está en el aire es si el Gobierno va a ampliar la medida de limitar la actualización de las rentas en la renovación de los contratos de alquiler al 2%, como lleva haciendo desde el pasado marzo, como una de las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. El tope fue aprobado en primera instancia hasta finales de junio, aunque se prorrogó hasta finales de 2022. En este sentido, la titular del Mitma ha anunciado que en diciembre "se va a volver a analizar el contexto" y se prorrogarán todas las medidas que sean necesarias.

Prórroga del bono joven del alquiler 

Tal y como estaba previsto, el Gobierno prorroga a 2023 el bono joven del alquiler con una partida de 200 millones de euros. Se trata de una ayuda de hasta 250 euros al mes durante un periodo máximo de dos años.

Está limitada a jóvenes de entre 18 y 35 años con contrato de trabajo, siempre que tengan unos ingresos que no superen tres veces el IPREM (para ser beneficiario no se puede ganar más de 24.318,84 euros al año) y que la renta del piso en el que residen no supere unos límites (en términos generales, la renta máxima del inmueble alquilado será de 600 euros al mes, aunque la cantidad puede ascender a los 900 euros en aquellas comunidades donde los precios medios sean más altos).

Además, esta ayuda es compatible con otras que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, y el Gobierno estima que beneficiará a más de 66.000 jóvenes. 

Nuevo programa de alquiler asequible

El proyecto de los PGE 2023 también recogen 260 millones de euros para un programa de alquileres accesibles y que estarán a disposición de la Entidad Pública del Suelo (SEPES). De momento, el Gobierno solo ha confirmado que dicho importe irá destinado a las actuaciones del Plan para alquiler asequible e impulsar la promoción de viviendas en suelos de titularidad pública.

Más inversión en construcción

Dentro del nuevo cuadro económico que ha dibujado el Gobierno para elaborar las cuentas públicas del año que viene destaca la previsión de que crezca con fuerza la inversión en construcción. 

Según la documentación remitida por el Ministerio de Asuntos Económicos, la formación bruta de capital fijo (FBCF) en construcción crecerá el año que viene un 8,4%, frente al 3,8% previsto para este año. Este incremento es llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Ejecutivo espera que el freno económico se produzca principalmente el ejercicio próximo. Para este año, ha elevado la previsión de crecimiento del PIB hasta el 4,4%, una décima por encima de lo que esperaba hasta ahora, aunque ha rebajado en siete décimas la de 2023, hasta el 2,1%. 

Más subidas del euríbor

Otra de las variables que contempla el cuadro macro es la previsible evolución del euríbor, el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España. Aunque lo más habitual es usar el plazo a 12 meses, el Gobierno ha cogido como referencia el plazo de tres meses. En este caso, espera que alcance el 2% en 2023, frente al 1,1%-1,2% en el que se mueve actualmente. Recordemos que el euríbor está encareciendo con fuerza las hipotecas variables que han sido revisadas en los últimos meses, y que su evolución está directamente relacionada con los tipos de interés en la eurozona. Actualmente el precio del dinero se encuentra en el 1,25%, aunque el Banco Central Europeo (BCE) va a anunciar más subidas en un intento de contener la escalada de la inflación. 

Las grandes partidas económicas de los PGE 2023

Las pensiones serán protagonistas en las cuentas públicas del próximo año. Según el proyecto aprobado, se destinarán 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a la actualización de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza del entorno del 8,5%.

En segundo lugar, destaca la partida para el pago de intereses de la deuda pública, que alcanza 31.275 millones de euros y repunta un 3,6% interanual, como consecuencia del alza de los tipos de interés.

Por otro lado, el Ejecutivo dedicará 21.278 millones de euros al pago de las prestaciones por desempleo, un 5,3% menos que en 2022 por las mejoras en el mercado laboral. Es la única partida que se reduce dentro de las actuaciones de protección y promoción social

Otras medidas y previsiones que contemplan los PGE de 2023

El Gobierno espera que más mejoras en el mercado laboral y que la economía sea capaz de seguir creando empleo, a pesar de la ralentización (en 2023 el incremento estimado del PIB es del 2,1%, frente al 4,4% previsto para este año). En concreto, prevé que a finales de 2023 haya casi 21 millones de ocupados y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 12%.

También ha decidido mantener la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante el año entrante, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el próximo 31 de diciembre, con una partida de 700 millones de euros.

El proyecto de las cuentas del año que viene incluyen además una mejora salarial de los empleados públicos de entre un 2,5 y un 3,5%, un incremento del Ingreso Mínimo Vital y las medidas fiscales anunciadas a finales de septiembre, entre las que se incluyen una bajada del IRPF para rentas de hasta 21.000 euros o la creación de un impuesto a los grandes patrimonios. 

La previsión del Ejecutivo es que la recaudación fiscal aumente un 7,7%, hasta situarse en 262.781 millones de euros, gracias a la mejora generalizada de los principales impuestos (IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales) y de otros ingresos tributarios.