Pge

El Instituto de Estudios Económicos y varios catedráticos de Hacienda y economía han publicado un estudio sobre las consecuencias de que el Gobierno haya prorrogado hasta en dos ocasiones las cuentas públicas de 2023, que son las que están vigentes este año. Afirman que esta "anomalía democrática" lastra el crecimiento económico de España, impide acometer reformas para reducir el gasto público y puede desembocar en una crisis institucional y reputacional a escala global. En el ámbito de la vivienda, vaticinan un freno en la inversión pública en viviendas asequibles y proyectos de renovación urbana, y creen que la incertidumbre podría encarecer las hipotecas. Por ello, animan a las fuerzas políticas a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de coalición en minoría en el Congreso se ha asegurado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 con el último apoyo confirmado de Bildu, tras pactar entre otras materias la prolongación durante todo el año que viene del límite del 2% en la actualización anual de las rentas en los contratos de alquiler de viviendas. Esta medida lleva vigente desde finales de marzo, dentro del paquete de acciones económicas contra la guerra de Ucrania y que cumplía su plazo, tras renovarse en junio, el próximo 31 de diciembre.

El Congreso de los Diputados inicia esta semana el debate de enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero ya se ha anunciado que el PSOE piensa frenar la discusión de las propuestas de sus socios de Unidas Podemos, ERC

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha superado su primera votación en el Congreso tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias, entre otros. con los votos de Esquerra Republicana, el PNV y EH-Bildu. El Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ha sumado los votos de ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, BNG y el PRC.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lamentado en el Congreso de los Diputados las "deficiencias en calidad informativa" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, con una ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros, y ha asegurado que el organismo llegó a dudar de si otorgar su aval.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluye la actualización de los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, con subidas de hasta el 50% en algunos de ellos. Es la primera actualización desde la entrada en vigor el pasado mes de noviembre de 2021 del nuevo método de cálculo de este tributo, tras la famosa sentencia del Constitucional contra la forma de calcular dicho impuesto.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado en el Congreso de los Diputados y detallado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, incluye una partida destinada al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que ascenderá el próximo año a 3.472 millones de euros, un 5,4% más que en 2022. Esta cantidad se destinará principalmente a la construcción de viviendas de alquiler social, al incremento de la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes de sus hogares.

Los socios del Gobierno han aprobado esta semana el proyecto de las cuentas públicas del próximo año, que incluirán el mayor gasto público de la historia y tienen al inmobiliario como protagonista. El Ejecutivo propone destinar una partida récord a la vivienda gracias a los fondos europeos, ampliar el bono joven del alquiler, crear un nuevo programa de alquileres asequibles y ampliar el parque de vivienda social. Sin embargo, no incluye ningún acuerdo sobre la Ley de Vivienda, que debe seguir su tramitación parlamentaria. Hacienda afirma que no es lógico que la normativa aparezca en estos Presupuestos, cuando fue "el broche de cierre" de los de 2022.

El Consejo de Ministros aprobará este martes, 4 de octubre, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 para que la semana que viene inicien su tramitación parlamentaria y puedan entrar en vigor el 1 de enero. Los socios del Ejecutivo han cerrado 'in extremis' algunos un acuerdo pasa sacar adelante las que podrían ser las últimas cuentas de la coalición. A la espera de conocer el texto, todo apunta a que no ha habido un acuerdo para desatascar la Ley de Vivienda.

El proyecto de las cuentas públicas para 2022 que ha aprobado el Gobierno y que llega al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria incluye un recorte drástico de las bonificaciones fiscales para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda, que pasarán del 85% al 40%. Esa mayor tributación se destinará a sufragar las exenciones fiscales de hasta el 90% dedicadas a los pequeños propietarios que decidan bajar las rentas de sus inquilinos en las zonas tensionadas.

El Gobierno contempla en las cuentas públicas de 2022 una fuerte subida de la recaudación de impuestos.En concreto, según el proyecto de Presupuestos Generales de 2022 que ha aprobado el Consejo de Ministros, los ingresos tributarios se situarán el año que viene en 232.352 millones de euros, lo

El Consejo de Ministros ha aprobado las cuentas públicas de 2022, que contarán con el presupuesto más expansivo de la historia. La vivienda y el fomento de la edificación recibirán 3.295 millones de euros, un 46% más interanual, lo que le convierte en una partida sin precedentes gracias a los casi 2.500 millones que procederán de los fondos europeos.. Sobre el 'bono joven' de 250 euros para el pago del alquiler, el Gobierno afirma que su puesta en marcha exige primero un desarrollo normativo y que no tendrá limitación vinculada a la renta mensual.

El Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 a finales de septiembre o principios de octubre, según ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de apertura del curso político.PSOE y Unidas Podemos ya negocian desde

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de las cuentas públicas de 2021 para que pueda iniciar su trámite parlamentario. Entre los principales cambios de los Presupuestos hay subidas de impuestos, nuevas figuras tributarias, un gasto social récord y el acuerdo entre los partidos del Gobierno de activar el control de los alquileres en toda España los próximos meses. Unas medidas que han provocado una oleada de críticas por parte de los expertos, a pesar de que el Ejecutivo insiste en que son necesarias para la reconstrucción económica.

El Banco de España explica en su último informe cómo ha evolucionado la inversión pública en las últimas décadas y, sobre todo, en los momentos de crisis. Su conclusión es que la inversión marcó mínimos históricos en 2016 respecto al PIB, al gasto público total y al conjunto de las inversiones realizadas en la economía. Desde 2007, el volumen invertido por las Administraciones se ha desplomado un 60%, mucho más que en Francia o Italia. Países como Alemania o Reino Unido incluso han aumentado su esfuerzo inversor desde entonces. El recorte del gasto público y la mayor colaboración con el sector privado están detrás de los descensos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de las cuentas públicas españolas para este ejercicio. El Gobierno ha desvelado algunos de los datos más importantes de los Presupuestos, como la previsión de crecimiento económico y de creación de empleo, los ingresos tributarios que espera obtener y las partidas sociales que verán incrementados sus recursos. El próximo martes se conocerán los PGE al detalle.

El presidente del gobierno ha anunciado un recorte de 1.500 millones de euros en el gasto no financiero recogido en los presupuestos generales del estado (pge) para 2009 que se destinarán para afrontar el incremento del coste de las prestaciones por desempleo