Economistas y catedráticos avisan del impacto de la falta de Presupuestos Generales en el inmobiliario

Economistas y catedrátivos han vuelto a cargar contra la falta de los Presupuestos Generales del Estado. Actualmente están vigentes las cuentas públicas que se aprobaron en 2023, tras dos prórrogas consecutivas, lo que no solo supone una anomalía democrática, sino que tendrá consecuencias para la economía en general y algunos sectores en particular, como el inmobiliario.

Asì lo muestra el estudio que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que han colaborado destacados expertos en el ámbito de la Hacienda Pública y la economía aplicada. Entre ellos se encuentran Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha; Santiago Álvarez García, profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo; y Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela e investigador sénior de Funcas. 

Según el estudio del 'think tank' de la CEOE, el inmobiliario, la ingeniería civil y las infraestructuras fundamentales, que son sectores esenciales para la economía española, se ven perjudicados por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, ya que "podrían enfrentar desafíos significativos que, de no ser abordados a tiempo, podrían limitar su crecimiento y competitividad en los próximos años". 

"Hay sectores, como el de la construcción o el sector inmobiliario, que son altamente sensibles a la estabilidad política y económica, y pueden verse afectados por la incertidumbre jurídica derivada de la prórroga, lo que implica una limitación adicional sobre la necesaria inversión, tanto pública como privada, que se ha de realizar en vivienda", afirma el documento. En concreto, estima en unos 380.000 millones de euros de inversión para cubrir el déficit estructural de vivienda en España, que rondaría los 2,2 millones de unidades hasta 2040.

Así, el texto defiende que "la falta de un marco financiero estable puede llevar a una reducción en la inversión pública en viviendas asequibles y proyectos de renovación urbana". Sin el apoyo del Gobierno, continúa el IEE, "estos proyectos podrían ralentizarse o detenerse, afectando negativamente a las empresas dedicadas a la promoción y construcción de viviendas. Además, si la incertidumbre se traduce en un aumento de los costes de financiación debido a la percepción de riesgo por parte de los inversores, esto podría encarecer las hipotecas y préstamos para los compradores de vivienda, reduciendo la demanda en el mercado inmobiliario y exigiendo un esfuerzo adicional de inversión pública en vivienda asequible". 

De la falta de transparencia a la incompatibilidad con la separación de poderes

El informe recuerda que actualmente están vigentes los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio 2023, que se han prorrogado tanto en 2024 como en 2025, y que se legitimaron en la legislatura anterior, en un contexto político bien diferente del actua tanto en lo que se refiere a la composición de las cámaras como a la conformación de mayorías. 

Esta situación, según el documento, "plantea importantes interrogantes tanto desde el punto de vista jurídico como económico" y que pone sobre la mesa que "el Gobierno nuevamente ha renunciado a ejercer su responsabilidad" en el ámbito de la aprobación de las cuentas públicas.

De hecho, dentro de los siete puntos que incluye el artículo 134 de la Constitución Española se encuentra que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es decir, el Ejecutivo debe presentar el proyecto de las cuentas públicas al Parlamento, aunque no logre sacarlo adelante y tengan que prorrogarse las del año anterior, como establece la Carta Magna. 

Además, destaca el texto, "el marco legal español ofrece al Gobierno herramientas para gestionar la situación de prórroga presupuestaria, permitiendo la aprobación de modificaciones presupuestarias correspondientes". Una opción que no se está utilizando.

A pesar de esto, "la ausencia de un nuevo presupuesto implica costes adicionales, retrasos en la ejecución de nuevas políticas públicas y una inevitable distorsión e ineficiencia en la asignación de recursos. Esta situación obliga a una gestión fiscal reactiva y a la activación de procedimientos excepcionales, en lugar de una planificación integral, coordinada y estratégica de este instrumento de la política económica", indice el estudio. 

En este sentido, los expertos señalan que no se están contemplando gastos extraordinarios como el aumento del gasto en defensa, el derivado del plan para hacer frente a la guerra arancelaria, las ayudas por la dana de Valencia o la condonación de la deuda de las CCAA, así como el creciente gasto público en pensiones, que está batiendo récord mes tras mes. Por tanto, no es que el Ejecutivo no esté conteniendo el gasto público, sino que las cuentas públicas deberían reflejar el aumento de todas esas partidas.

Para los economistas del IEE y los catedráticos, todo ello penaliza la financiación autonómica y local, frena la inversión pública y privada, y tendrá efectos negativos en la economía a medio y largo plazo, ya que no se están tomando medidas para reducir el déficit y la deuda pública, ni se están haciendo reformas que permitan mejorar la competitividad futura. 

A ello se suma que la prórroga sucesiva de los Presupuestos Generales del Estado supone una "anomalía democrática" y una "falta de transparencia", según ha afirmado Iñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE.

En su opinión, no llevar las cuentas públicas al Congreso supone "incumplir el principio de separación y control de los distintos poderes, al prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía y que se manifiesta en las Cortes Generales que tienen, entre sus funciones esenciales, la potestad para aprobar los Presupuestos". Así, "se está hurtando la posibilidad de que el poder legislativo participe en las prioridades y alternativas para su cumplimiento que conllevaría la aprobación de presupuestos"; por ejemplo, a través de los trámites de audiencia y enmienda, que son las vías para incorporar a los presupuestos diseñados inicialmente por el Ejecutivo las propuestas de los distintos partidos políticos, o bien enmendar posibles errores u omisiones. 

Riesgo reputacional y crisis institucional

Otro de los mensajes que ha dejado la presentación del informe es el riesgo reputacional de España a nivel internacional por prorrogar de forma sucesiva los Presupuestos Generales, sin adecuarlos a la situación actual de la economía, así como la posibilidad de que se genere una crisis institucional. 

Para Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, la prórroga presupuestaria podría "provocar una crisis institucional y cuestionar el funcionamiento de las instituciones esenciales de nuestro sistema democrático. La incapacidad para aprobar nuevos presupuestos muestra la existencia de un Gobierno débil y poco cohesionado, incapaz de abordar con garantías los retos de la sociedad española y, sobre todo, que erosiona su autoridad frente a la ciudadanía y a otros actores políticos". 

A ello también se une la sensación de incertidumbre que se proyecta de cara al exterior sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. "Esta incertidumbre no contribuye a crear un clima favorable a la inversión en España, lo que de mantenerse en el tiempo podría perjudicar también a los flujos de inversión exterior recibidos. En este contexto, resulta crucial avanzar en la consolidación presupuestaria estructural por la vía de un plan integral de mejora de eficiencia de gasto público. Esta no solo contribuiría a contener el crecimiento de la deuda, sino que permitiría reasignar recursos hacia usos más productivos, reforzando el crecimiento económico y la calidad de los servicios prestados", destacan los economistas del IEE. 

Abren la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional

Durante su intervención, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha no ha descartado que se puedan volver a prorrogar los Presupuestos actuales de cara a 2026, sobre todo teniendo en cuenta que las posibilidades de consenso entre las diferentes fuerzas políticas cada vez son más escasas.

Según Rubio Guerrero, la presentación de las cuentas públicas "tiene sus tiempos y en este momento deberíamos tener ya la orden ministerial preparatoria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026. Que yo sepa, los ministerios aún no han recibido información al respecto, por lo tanto llevaríamos ya un retraso significativo respecto a la preparación del presupuesto del año 2026. Entiendo que este plazo se podría reducir, pero ya no cumpliríamos con las fases derivadas del proceso de preparación". 

Como solución al problema, el estudio plantea la posibilidad de que las diferentes fuerzas políticas recurran la prórroga presupuestaria al Tribunal Constitucional, con el objetivo de crear un cuerpo jurídico que regule este tipo de situaciones en el futuro.

Así, el tribunal podría establecer criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos, y podría llegar a determinar que, en casos de repetidas prórrogas sin justificación clara, se debe considerar la convocatoria de elecciones generales. 

Aunque un fallo del Tribunal Constitucional tardaría en llegar, podría vincular a futuros Gobiernos, creando una jurisprudencia constitucional que permitiese interpretar el contenido y el alcance de las prórrogas presupuestarias en España, y que obligara al poder ejecutivo a buscar alternativas antes de recurrir a la prórroga de las cuentas públicas. 

En otros países europeos como Francia o Alemania, por ejemplo, no existe la prórroga automática de los Presupuestos, sino solo un aplazamiento temporal con restricciones hasta que se llegue a un acuerdo parlamentario para los nuevos para evitar la destitución del Gobierno. Mientras, países como Suiza establecen restricciones más estrictas si no hay acuerdo presupuestario: el Parlamento debe aprobar una asignación temporal de fondos para evitar la paralización de servicios. Fuera de las fronteras europeas, un caso a destacar es el de EEUU, donde la no aprobación de los presupuestos implicaría que el Gobierno no sería capaz de hacer frente a sus obligaciones y gastos ordinarios, lo que le llevaría a la paralización de su actividad administrativa y al colapso institucional.