Esta partida incluye cerca de 2.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos
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El Gobierno aprueba los Presupuestos de 2022 y destina la cifra récord de 3.300 millones a la vivienda
GTRES

El Gobierno ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Y antes de que el proyecto llegue al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación, ya se han conocido algunas de las grandes partidas de las cuentas públicas. Unas cuentas que contemplan el mayor gasto público de la historia de España gracias a los fondos europeos Next Generation EU.

En materia de vivienda, los Presupuestos contemplan una partida de 3.295 millones de euros, dirigida 'al acceso a la vivienda y el fomento de la edificación'. La cifra comprende 806 millones de euros nacionales y otros 2.489 millones de euros europeos. La partida total prevista es un 46,3% más elevada que la de las cuentas de 2021, y la más alta de la historia. 

Desde 2017, sin ir más lejos, se han destinado menos de 500 millones de euros al año a la vivienda, la mitad que a finales del pasado ciclo alcista de la economía. Entre 2006 y 2010, la vivienda se llevó más de 1.000 millones al año del presupuesto público, alcanzando el pico en 2009, cuando se presupuestaron algo más de 1.600 millones de euros.

Para entender esta partida presupuestaria sin precedetes en las cuentas públicas de 2022 basta recordar que el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación son la cuarta área económica que va a recibir más fondos europeos. En concreto, un 9% de los 27.633 millones de euros previstos, por detrás de la industria y energía (19,8%), el área de I+D+i y digitalización (19,6%) y las infraestructuras y los ecosistemas resilientes (17,4%).

Dentro de la vivienda, el Gobierno sitúa el Plan de Rehabilitación de vivienda como uno de los grandes pilares de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, con una dotación de 2.839 millones de euros.

También ha presupuestado 500 millones de euros para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible y otros 200 millones de euros anuales que irán destinados a poner en marcha el bautizado 'bono joven' para el alquiler de vivienda.

El bono joven necesita un desarrollo reglamentario 

Una de las medidas en vivienda que han pactado PSOE y Podemos para sacar adelante los Presupuestos de 2022 es la puesta en marcha de un bono joven de 250 euros mensuales durante dos años como ayuda a los jóvenes de entre 18 y 35 años para el pago del alquiler.

Además, según ha explicado esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los casos de las familias más vulnerables este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de la renta.

El objetivo es que este bono impulse la emancipación y el acceso a la vivienda por parte de los menores de 36 años que puedan acreditar rentas del trabajo inferiores a 23.725 euros, lo que equivale a tres veces y medio el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Como explicó ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, el Gobierno destinará 200 millones de euros anuales al 'bono joven de alquiler' y, según sus estimaciones, beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes. En los PGE 2022, aparece una dotación de 234 millones de euros dirigida a los jóvenes, dentro del propio Mitma.

Sin embargo, la puesta en marcha de esta ayuda no será inmediata, sino que exige un desarrollo normativo.

Según ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, “lo que nosotros contemplamos en el proyecto de Presupuestos es la partida que permite satisfacer las condiciones del bono joven para el alquiler, pero ha advertido de que esta ayuda exige un "desarrollo reglamentario que habrá que hacer una vez se aprueben los Presupuestos. Ese desarrollo normativo va a ser posterior".

Por otro lado, y a pesar de que Montero anunció que este bono tendría como límite unas rentas del arrendamiento del entorno de 600 euros, fuentes del Gobierno aseguran que la medida no tendrá ninguna limitación vinculada al precio del contrato, según publica el diario Voz Pópuli.

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