El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero para el año que viene, conocido como 'techo de gasto', hasta situarlo en niveles récord de 199.120 millones de euros, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior, dejando la puerta abierta a prorrogar algunas de las medidas destinadas a combatir la inflación. Así, el Gobierno da el pistoletazo de salida para la elaboración de las primeras cuentas públicas de esta legislatura. También ha dado luz verde a los objetivos de estabilidad, basados en la reducción progresiva de la deuda pública y el déficit.
El pasado 11 de abril arrancó la Campaña de la Renta y los contribuyentes pueden elegir el destino de parte de sus impuestos marcando la casilla X solidaria en la declaración. Pero, ¿a qué se destina el dinero marcando esta casilla?
El Gobierno de coalición en minoría en el Congreso se ha asegurado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 con el último apoyo confirmado de Bildu, tras pactar entre otras materias la prolongación durante todo el año que viene del límite del 2% en la actualización anual de las rentas en los contratos de alquiler de viviendas. Esta medida lleva vigente desde finales de marzo, dentro del paquete de acciones económicas contra la guerra de Ucrania y que cumplía su plazo, tras renovarse en junio, el próximo 31 de diciembre.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha superado su primera votación en el Congreso tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias, entre otros. con los votos de Esquerra Republicana, el PNV y EH-Bildu. El Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ha sumado los votos de ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, BNG y el PRC.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lamentado en el Congreso de los Diputados las "deficiencias en calidad informativa" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, con una ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros, y ha asegurado que el organismo llegó a dudar de si otorgar su aval.
El Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el Índice de Precios de Consumo (IPC), el gasto agregado de esta partida presupuestaria aumentaría en unos 1.800 millones de euros, por lo que una subida de la inflación del 8,5%, la planteada por el Gobi
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado en el Congreso de los Diputados y detallado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, incluye una partida destinada al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que ascenderá el próximo año a 3.472 millones de euros, un 5,4% más que en 2022. Esta cantidad se destinará principalmente a la construcción de viviendas de alquiler social, al incremento de la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes de sus hogares.
El Consejo de Ministros aprobará este martes, 4 de octubre, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 para que la semana que viene inicien su tramitación parlamentaria y puedan entrar en vigor el 1 de enero. Los socios del Ejecutivo han cerrado 'in extremis' algunos un acuerdo pasa sacar adelante las que podrían ser las últimas cuentas de la coalición. A la espera de conocer el texto, todo apunta a que no ha habido un acuerdo para desatascar la Ley de Vivienda.
El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2023, conocido como 'techo de gasto', con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.La ministra de Hacienda y Función Pública, Ma
El Pleno del Congreso ha dado luz verde definitiva a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 tras una última votación en la que se ha aceptado la enmienda sobre lenguas cooficiales introducida en el Senado hace una semana.
El proyecto de las cuentas públicas para 2022 que ha aprobado el Gobierno y que llega al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria incluye un recorte drástico de las bonificaciones fiscales para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda, que pasarán del 85% al 40%. Esa mayor tributación se destinará a sufragar las exenciones fiscales de hasta el 90% dedicadas a los pequeños propietarios que decidan bajar las rentas de sus inquilinos en las zonas tensionadas.
El Gobierno contempla en las cuentas públicas de 2022 una fuerte subida de la recaudación de impuestos.En concreto, según el proyecto de Presupuestos Generales de 2022 que ha aprobado el Consejo de Ministros, los ingresos tributarios se situarán el año que viene en 232.352 millones de euros, lo
El Consejo de Ministros ha aprobado las cuentas públicas de 2022, que contarán con el presupuesto más expansivo de la historia. La vivienda y el fomento de la edificación recibirán 3.295 millones de euros, un 46% más interanual, lo que le convierte en una partida sin precedentes gracias a los casi 2.500 millones que procederán de los fondos europeos.. Sobre el 'bono joven' de 250 euros para el pago del alquiler, el Gobierno afirma que su puesta en marcha exige primero un desarrollo normativo y que no tendrá limitación vinculada a la renta mensual.
Los partidos de la coalición de Gobierno ya se encuentran en negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022, con medidas a acordar como la reforma fiscal. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que "no tiene sentido vincular la futura ley del Vivienda con un tema tan fundamental como los Presupuestos”, en alusión al acuerdo firmado hace un año donde se vinculó la aprobación de los PGE de 2021 con la tramitación de la Ley de Vivienda, donde se pretende incluir un límite a los precios del alquiler y que, pese a lo pactado, aún no ha entrado en vigor.
El Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 a finales de septiembre o principios de octubre, según ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de apertura del curso político.PSOE y Unidas Podemos ya negocian desde
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, en la línea con la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
El Gobierno de coalición negocia tramitar un real decreto ley que amplíe la suspensión de los desahucios de viviendas hasta el final del estado de alarma después de que el Congreso haya descartado la enmienda de Podemos, ERC y Bildu a los Presupuestos de 2021. Los letrados de la Cámara Baja rechazaron la propuesta de la formación de Pablo Iglesias por "no ser de materia de Presupuestos”.
Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 junto a Esquerra Republicana y Bildu para incluir en las cuentas públicas un mecanismo que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos hasta el 31 de diciembre de 2022.
Las cuentas públicas que ha diseñado el Gobierno y que ya han iniciado el proceso parlamentario incluyen una dotación para la vivienda de 2.253 millones de euros, lo que supone una subida de casi el 370% respecto al Presupuesto base de 2020. Esta subida se produce gracias a que la vivienda será la sexta área económica que reciba más fondos europeos: en concreto, contará con 1.652 millones comunitarios, el 6,2% del total, más otros 602 millones adicionales. La dotación total duplica a la destinada en 2007 y 2008, aunque apenas supone un 0,5% del gasto total.
La regulación del mercado del alquiler, junto a una mejora del funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), han permitido cerrar el acuerdo entre las formaciones de Gobierno, PSOE y Podemos, para los Presupuestos de 2021, que irán al último Consejo de Ministros de octubre. La futura Ley de Vivienda llevará el control a los alquileres en un plazo máximo de tres meses.
Entre los flecos entre PSOE y Podemos que retrasan la presentación de los nuevos Presupuestos Generales para 2021 se encuentra si incluir alguna partida para sufragar las primeras medidas encaminadas al control de los precios del alquiler de viviendas en España. Podemos pide celeridad y que comience el control al mercado antes de que salga la futura Ley de Vivienda, mientras los socialistas creen que hay que esperar a que pase la crisis.
El Consejo de Ministros ha aprobado la entrega a cuenta de 103.000 millones de euros para las comunidades autónomas de forma provisional. Una cifra que podría variar con los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que aún tienen que aprobarse. Esta cifra supone un aumento del 5% frente a las cantidades de 2019.
El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez traerá consecuencias económicas. Por ejemplo, este año batirá el récord de gasto electoral con 600 millones de euros, por primera vez se volverán a prorrogar unos Presupuestos (los de 2018), está en vilo la subida de las pensiones y el alza salarial de los funcionarios, así como los pagos millonarios que realiza el Estado a las autonomías. Todo ello coincide con una creciente incertidumbre geopolítica, financiera y económica mundial.
En pleno debate parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el partido político liderado por Albert Rivera reclama más deducciones para los autónomos que trabajan desde casa, nuevas bonificaciones para los inversores y una mayor información a los contribuyentes por parte de Hacienda sobre el impuesto municipal de la plusvalía. Resumimos las principales propuestas de Ciudadanos en materia fiscal.
El Gobierno está negociando los Presupuestos Generales 2018 y las prestaciones por desempleo entran dentro de las posibles reformas.
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