España tiene que volver a sacar las urnas. Tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, el próximo 10 de noviembre se celebrarán unas nuevas elecciones generales, las cuartas en menos de cuatro años. Y la cita está cargada de varias consecuencias.
Además de ‘obligar’ a los ciudadanos a votar de nuevo, el 10N trae consigo una parálisis económica que afectará a los ciudadanos y también a las arcas públicas. Resumimos algunas de las consecuencias más destacadas y cuantiosas:
1. El gasto electoral bate récord
Una de las primeras cifras que llama la atención es que el 10N disparará el gasto hasta niveles nunca vistos. Según publica el diario Voz Pópuli, la partida presupuestaria para partidos políticos y elecciones se elevará este año hasta los 600 millones de euros, superando con creces el récord de 445 millones que se destinaron en 2015. No podemos olvidar que, además de los dos comicios generales, también se incluyen los autonómicos, locales y europeos celebrados en primavera.
Los cálculos realizados por la web Neutral apuntan a que la XIII Legislatura solo durará 146 días y supondrá un gasto de casi 24 millones de euros, incluyendo sueldos de diputados, viajes, dispositivos móviles y subvenciones a las distintas fuerzas políticas. A pesar de esos gastos, no se va a aprobar ninguna ley.
2. Por primera vez se vuelven a prorrogar los Presupuestos
Otro hito inédito es que se tendrán que prorrogar por segundo año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado: son los que logró sacar adelante en 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda.
Y es que el propio calendario electoral hace imposible que en apenas mes y medio se forme el Ejecutivo, se elaboren unas nuevas cuentas y se aprueben para que entren en vigor en enero 2020, ya que la tramitación parlamentaria suele durar unos tres meses, mientras que el artículo 134.4 de la Constitución establece que, si los Presupuestos no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, automáticamente quedan prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según la Agencia EFE, esta será la octava vez que se prorrogan unos Presupuestos en la democracia (ha sucedido en 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018 y 2019) y el cuarto ejercicio consecutivo que arranca con unas cuentas prorrogadas. No obstante, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno podrá introducir cambios a través de reales decretos leyes en materia tributaria, presupuestaria y financiera.
3. La subida de las pensiones, en el aire
Los pensionistas son otro de los colectivos damnificados por la repetición electoral. ¿El motivo? La revalorización de las pensiones cogiendo como referencia el IPC no está recogida en los Presupuestos, sino que se aprobó en un decreto ley a finales del año pasado y solo contemplaba una subida del 1,6% para 2018 y 2019.
Por tanto, la mejora sería de apenas un 0,25% que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, según EFE. En términos reales, esto supondría una pérdida de poder adquisitivo a los jubilados, ya que las previsiones apuntan a que la inflación terminará el año por encima del 1%. El nuevo Ejecutivo, por tanto, tendría que aprobar la actualización a través de un nuevo decreto ley para, al menos, garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
4. Y también la subida salarial de los funcionarios
Los empleados públicos también se ven salpicados por la falta de Gobierno. Al igual que en el caso de los pensionistas, el alza salarial que recogen los Presupuestos es del 0,25%, frente a las previsiones de subir al menos un 2% los sueldos y otro 1% adicional en función del crecimiento del PIB. Un PIB que, por cierto, ha sido ajustado a la baja.
Por otro lado, los sindicatos han pedido esta semana por carta al Gobierno que garantice la subida, aunque estando en funciones no tiene posibilidad de usar la alternativa del decreto.
Y es que CCOO, UGT y CSIF se muestran preocupados por la situación de bloqueo institucional, del que advierten que está generando "graves consecuencias" para los servicios públicos y para sus más de tres millones de trabajadores.
5. Los pagos a las CCAA, bloqueados
El 10N también pone en aprietos a las autonomías, ya que la falta de Gobierno deja en el aire el pago de 7.000 millones de euros. Tal y como publica el diario Cinco Días, el Ejecutivo en funciones no puede actualizar el reparto de fondos ni compensar el IVA. Las regiones más afectadas serán, por este orden, Andalucía (967 millones de euros), Cataluña (861 millones), Madrid (648 millones) y Galicia (346 millones).
No obstante, el Ministerio de Hacienda está trabajando a contrarreloj para buscar una solución que permita transferir dinero a las autonomías.
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