El presupuesto para vivienda y edificación aumenta un 5,4% en 2023 · Partida de 200 millones de euros para el Bono al Alquiler Joven, mientras sube el Iprem
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, posa con 'el libro amarillo' antes de presentar el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2022, en Madrid (España).
Eduardo Parra - Europa Press

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, incluye una partida destinada al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que ascenderá el próximo año a 3.472 millones de euros, un 5,4% más que en 2022.

El monto se destinará a la construcción de viviendas de alquiler social, a la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes. La dotación para la política de Vivienda para 2023 se sitúa en 992 millones de euros, a los que se añaden 2.480 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tal y como ha presentado la ministra en el Congreso de los Diputados.

"La eficiencia energética es protagonista del presupuesto y, por ello, aumenta el peso en un 2%. Supone 11.600 millones de euros", ha destacado la ministra para todo el conjunto de medidas.

Las subvenciones a Planes de Vivienda recibirán 359 millones de euros, 14 millones más que en 2022. Por otro lado, se destinarán 1.600 millones de euros para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

200 millones para el Bono joven de alquiler

Además, los PGE 2023 también contemplan una partida de 200 millones de euros para el Bono al Alquiler Joven. Esta ayuda se creó en 2022 y supone el pago de una cuantía mensual de 250 euros durante dos años, a jóvenes entre 18 y 35 años, que acrediten rentas de trabajo y que tengan unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Montero ha adelantado que el Iprem crecerá al 3,6%, lo que supone unos 600 euros al mes, a partir del próximo 1 de enero, por lo que si se establecen nuevas ayudas alquiler a partir de 2023, se podrán beneficiar más personas.  La ministra ha calculado que un millón de jóvenes podrían acceder a estas ayudas.

"Esta medida pretende favorecer la emancipación de nuestros jóvenes. La vivienda sigue siendo una línea roja", ha reconocido la ministra. Montero ha urgido a las comunidades autónomas a poner estos fondos "a disposición de la población joven en la mayor brevedad" porque se observan "asimetrías".

En 2023, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) contará con 260 millones de euros para las actuaciones del Plan para alquiler asequible e impulsar la promoción de viviendas en suelos de titularidad pública.

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Tras la presentación de los PGE en el Congreso de los Diputados, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado el paquete de medidas de su ramo, donde se incluye la vivienda. Aunque lo más destacado ha sido lo que no ha entrado en Presupuestos.

Sánchez aseguró que "nunca ha habido bloqueo en el proyecto de ley de Vivienda, sino diálogo y trabajo", tras las críticas de sus socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, de que la Ley de Vivienda quedara fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

Sánchez ha recordado que el Consejo de Ministros ya aprobó el proyecto de ley hace unos meses y lo remitió al Congreso, donde se han presentado unas 800 enmiendas, de las que ya se han transaccionado unas 400, según ha apuntado la ministra en una rueda de prensa en el Ministerio para presentar los PGE 2023 de su cartera.

"Este Ministerio se ha volcado en la vivienda porque creemos en un país digno y la vivienda es, junto al trabajo, la principal fuente de dignidad de las personas. Carecer de vivienda menoscaba la condición de ciudadano", ha destacado la titular de vivienda.

En este caso, la ministra ha pedido el respaldo de todas las fuerzas políticas, en especial de las progresistas, para sacar adelante la normativa en el Congreso y "no defraudar a la ciudadanía". Sánchez confía en que la tramitación se produzca antes de que culmine el año y ha defendido que es una "ley de Vivienda valiente, necesaria, jurídicamente impecable y respetuosa con las competencias autonómicas. "Creemos en una ley que protege a las familias vulnerables, establece mecanismos de contención de precios y protege el parque público de vivienda", ha añadido Sánchez.

Otro de los temas pendientes de resolver es si el Gobierno va ampliar la medida de limitar la actualización de las rentas en la renovación de los contratos de alquiler al 2%, como lleva haciendo desde el pasado marzo, como una de las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

Sánchez ha anunciado que en diciembre "se va a volver a analizar el contexto" y se prorrogarán todas las medidas que sean necesarias.

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