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De cómo la inversión pública ha caído en España hasta marcar mínimos históricos en 2016

Autor: Redacción

La inversión pública en España está de capa caída. Tanto que en 2016 llegó a marcar unos niveles históricamente bajos: apenas supuso el 4,6% del gasto público, solo representó un 1,9% del PIB y el 9,5% de la inversión total en la economía.

Unas cifras que, según un informe del Banco de España, están lejos de los promedios que se han registrado desde la década de los 70. “Desde una perspectiva de largo plazo, la inversión de las Administraciones Públicas en España ha supuesto de media entre 1970 y 2016 un 15% del total de inversión en la economía, un 3,6% en proporción al PIB y algo más del 10% del gasto público”.

El regulador del sector financiero asegura que estos promedios son coherentes con una elevada volatilidad cíclica y que la inversión pública presentó un cierto comportamiento procíclico cuando se toma el período analizado en su conjunto. Así, la inversión pública ha tendido a perder peso en el gasto público en las épocas de restricción de las finanzas públicas (finales de la década de los 90 o durante la última crisis), mientras que ha ganado protagonismo cuando se usó como instrumento de estímulo económico (por ejemplo, en 2009 y 2010).

No podemos olvidar que la inversión pública comprende sectores de todo tipo, desde los que se realizan en educación, sanidad, defensa y ocio, hasta los que están relacionados con el desarrollo de viviendas y todo tipo de transportes (carreteras, aeropuertos, puertos…).

¿Y qué ha pasado en estos años para que la cifra de inversión pública, a pesar de la recuperación económica, esté en mínimos? La respuesta está en un cúmulo de factores: entre ellos, la necesidad que ha tenido el sector público de apretarse el cinturón durante la crisis para poder cuadrar las cuentas y reducir el famoso déficit público (ante las dificultades de elevar los ingresos vía impuestos, se ha optado por reducir en gran medida los gastos). A los años de precariedad económica se han sumado la saturación de inversión en algunas áreas tras las fuertes inyecciones de dinero realizadas en los años de bonanza económica y a la creciente colaboración del sector privado a la hora de llevar a cabo nuevas inversiones.

El Banco de España explica en su informe que la tendencia que se está produciendo en nuestro país es similar a la de otras potencias avanzadas y emergentes, aunque en el caso doméstico el desplome del gasto público ha sido aún más acusado. De hecho, la inversión pública media en la UE ronda el 2,7% del PIB, mientras que en Francia o EEUU incluso supera el 3%. El organismo capitaneado por Luis María Linde recalca que España ha vivido junto con Irlanda el mayor ajuste de la inversión pública desde el estallido de la crisis.

“Desde una perspectiva internacional, el gasto en inversión de las AAPP españolas, medido por su peso en el PIB, fue superior entre 1995 y 2007 a la media de la UE. Sin embargo, a raíz de la crisis, ha experimentado una corrección muy superior. Destacan las correcciones entre 2007 y 2016 de en torno al 60% en términos del PIB en España e Irlanda, de algo más del 50% en Portugal, de entre el 30% y el 35% en Italia y Grecia, y de entre el 10% y el 15% en Holanda y Francia, mientras que las AAPP de otros países como Bélgica, Alemania, Austria o Reino Unido aumentaron en términos porcentuales su esfuerzo inversor”, añade el regulador, que insiste que en nuestro país gran parte del ajuste del sector público se ha concentrado en la inversión pública.

“De esta manera, una partida presupuestaria que supone algo menos del 10% del gasto primario total fue responsable de cerca del 60% de su ajuste total. Este porcentaje es muy superior al del 22% que asumió en el proceso de consolidación fiscal posterior a la crisis de los años 90”, añade.

Más colaboración público-privada que en otros países

El informe del Banco de España dedica una parte del informe a hablar de los acuerdos de colaboración entre los sectores público y privado en materia de inversiones, lo que denomina PPP (siglas de Public Private Partnership). El regulador explica que se trata de proyectos conjuntos para el desarrollo de una infraestructura pública y/o el desempeño de un servicio público, siendo los más habituales la concesión de obra pública o el contrato de gestión de servicios públicos con sociedad de economía mixta.

Lo más positivo de este tipo de acuerdos, según el regulador, es que permiten a la Administración captar nuevos fondos para la inversión en infraestructuras, así como promover la eficiencia de los servicios públicos. Además, pueden aliviar las presiones sobre las finanzas públicas, ya que ofrecen una fuente de capital adicional, mientras que para los inversores privados la participación del sector público ofrece garantías y estabilidad a largo plazo.

¿Y cómo está España en este sentido? En esta ocasión, nuestra posición internacional es mucho más esperanzadora que en la comparativa anterior.

El Banco de España utiliza datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para argumentarlo. En el periodo 1992-2014, en nuestro país se produjo un fuerte incremento de este tipo de acuerdos, sobre todo hasta el inicio de la crisis. En concreto, pasaron de representar a principios de los años 90 el 0,03% del PIB al del 0,4% en 2008. A pesar de que pueda parecer una cantidad reducida, lo cierto es que suponía un 10% de la inversión de las Administraciones Públicas. Esto significa que uno de cada 10 euros que se invertían respondía a un acuerdo público-privado.

“En comparación con otros países, España es uno de los países que ha empleado en mayor medida este vehículo de inversión. Con respecto a la dinámica más reciente, el volumen de inversión de los PPP en España descendió paulatinamente desde 2009, aunque en 2014 se situaba todavía por encima de la realizada en los años noventa, de manera que la reducción más reciente de este tipo de inversión ha sido relativamente menos acusada que la de la inversión pública en su conjunto”, concluye el informe.