Inversión pública españa

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) ha pedido en un carta abierta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la inversión del Estado que respalde los Planes de Vivienda sea del 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones de euros. En los últimos Presupuestos Generales, la partida en Vivienda alcanzó los 3.472 millones de euros, aunque la mayor parte provenía de fondos europeos, con 992 millones procedentes de los fondos nacionales.

El Programa de Estabilidad que ha enviado el Ejecutivo a la Comisión Europea contempla un gasto público anual en vivienda equivalente al 0,5% del PIB entre 2023 y 2026, en línea con el destinado tanto en 2021 como en 2022. Esta inversión está por debajo de la que realizará la Administración en otras áreas como la protección al medio ambiente; las actividades recreativas, cultura y religión; defensa, sanidad o educación. No obstante, el crecimiento previsto del PIB en los próximos años aumentará el gasto real en vivienda.

El Consejo de Ministros ha acordado poner en marcha una convocatoria de subvenciones públicas para financiar la renovación de las oficinas de empleo. El Gobierno destinará 15 millones de euros a obras de renovación, adecuación o reparación de hasta 26 centros ubicados en diferentes puntos del país, desde Andalucía a Galicia, pasando por Madrid, Cataluña o Baleares. Los trabajos se realizarán a lo largo de este año.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará en el ámbito de la vivienda hasta 10.000 millones de euros en los próximos cuatro años, gracias al Plan Estatal de Vivienda, a la inyección de los fondos europeos, al bono joven y al plan de alquiler asequible, entre otros.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada critica en un estudio las políticas públicas en infraestructuras, especialmente las vinculadas al ciclo integral del agua y al transporte. Asegura que se han construido obras inútiles y que no se realizan las operaciones de mantenimiento necesarias, y habla de un deficiente funcionamiento del sector público a la hora de planificar y cuantificar el beneficio económico de los proyectos. El organismo recomienda mejorar los mecanismos de colaboración público-privada para garantizar la idoneidad y el cuidado de las infraestructuras.

Julián Núñez, presidente de Seopan y vicepresidente de la CEOE, ha repasado el presente y el futuro de la construcción y de las compañías concesionarias de infraestructuras en un encuentro digital organizado por Cemex.

España ocupa una posición muy modesta en el ranking europeo de los países que más se gastan en Investigación y Desarrollo (I+D). Según las cifras que maneja Eurostat, aproximadamente destinamos 1,2 euros de cada 100 que genera nuestra economía. La proporción está por debajo de la media de la UE, de los países centroeuropeos, de los nórdicos e incluso de algunos del Este, como Eslovenia, Estonia o República Checa.

España ha pasado de estar a la cabeza de la inversión pública en Europa a ser uno de los países más rezagados. En 2016 las Administraciones Públicas invirtieron la cifra más baja de la historia: menos de un 2% del PIB. Solo Irlanda y Portugal destinaron menos recursos que nuestro país.

El Banco de España explica en su último informe cómo ha evolucionado la inversión pública en las últimas décadas y, sobre todo, en los momentos de crisis. Su conclusión es que la inversión marcó mínimos históricos en 2016 respecto al PIB, al gasto público total y al conjunto de las inversiones realizadas en la economía. Desde 2007, el volumen invertido por las Administraciones se ha desplomado un 60%, mucho más que en Francia o Italia. Países como Alemania o Reino Unido incluso han aumentado su esfuerzo inversor desde entonces. El recorte del gasto público y la mayor colaboración con el sector privado están detrás de los descensos.

Seopan, la patronal de las constructoras y las concesionarias en España, cree que en este ejercicio la obra civil pública seguirá cayendo hasta renovar sus actuales mínimos y que nuestro país se convierta en el miembro de la UE que menos dinero destine a inversiones públicas por cada km2 y millón de habitantes. En cambio, espera que la construcción de viviendas por parte del sector privado siga en aumento. Para Seopan, el único futuro de las infraestructuras en España pasa por la colaboración público-privada.

La Comisión Europea calcula que la inversión pública en la Unión Europea se situará de media en el 2,8% del PIB. Sin embargo, hay grandes diferencias entre unos miembros y otros: mientras países como Luxemburgo, Suecia, Bulgaria, Estonia o Hungría invertirán más de un 4% del PIB, Francia destinará un 3,4% y Alemania e Italia, un 2,2%. España, con un 2,1%, se sitúa en el tercer peor puesto del ranking. Tan solo Chipre e Irlanda invertirán menos dinero público.

Los expertos aseguran que las infraestructuras construidas en nuestro país van a perder este año 10.000 millones de euros de valor por la falta de inversiones para su conservación. Recuerdan que la inversión pública es insuficiente, insisten en que se debe buscar un modelo de colaboración con el mundo privado y calculan que las infraestructuras necesitan una inyección de unos 25.000 millones anuales en lo que queda de década.

El complejo cinematográfico montado a semejanza de los estudios de Hollywood en Alicante se encuentra de nuevo en proceso de subasta.

En 2015 se invirtieron en nuestro país algo más de 26.500 millones de euros de dinero público, una cantidad que equivale al 2,5% del PIB, que arroja un alza interanual del 21,3% y que supone el primer incremento desde 2009. El repunte se produce en un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales, siendo los gobiernos regionales los que más han impulsado las inversiones.

La Administración invirtió durante todo el año pasado 22.113 millones de euros, una cifra que representa aproximadamente el 2% del PIB y que refleja un desplome de casi un 60% frente a 2009.

La inversión pública en España bajó a niveles de los inicios de los años 80, según una notificación enviada a bruselas.