El impuesto a las grandes fortunas supera la votación de la comisión económica del Congreso

El nuevo impuesto a las grandes fortunas, bautizado como Impuesto de Solidaridad, cada vez está más cerca de convertirse en realidad.

Tras dos días de debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, la votación a la Proposición de Ley que establece los impuestos temporales a energéticas y bancos, y por la que se crea el impuesto a los grandes patrimonios ha salido adelante con 21 votos a favor, 16 votos en contra y ninguna abstención.

Según explica el comunicado oficial, el texto aprobado por la comisión integra el informe de la ponencia al que se han incorporado enmiendas de diferentes partidos políticos. Entre ellas, la que presentaron los socios de Gobierno 'in extremis' para acelerar la puesta en marcha del nuevo impuesto destinado a las fortunas que superen los 3 millones de euros, anunciado por Hacienda a finales de septiembre.

El texto detalla que "se crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas (CCAA)".

Y añade que "dos son las finalidades principales de este nuevo impuesto. La primera de ellas es recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas. La segunda finalidad es armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto".

Quién debe pagar el Impuesto de Solidaridad y cuándo

Afectará a aquellas fortunas que superen los 3 millones de euros, y establece varios tramos en función del patrimonio, que van del 1,7% al 3,5%. El Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones de euros gracias a esta nueva figura tributaria temporal y calcula que afectará a unos 23.000 contribuyentes en toda España. 

Los tramos que se aplicarán sobre el patrimonio neto, considerando las exenciones, son:

• El primer tramo será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,34 millones de euros.
• El segundo tramo es del 2,1% y afecta a la horquilla entre los 5,34 y los 10.69 millones.
• Para los patrimonios superiores a los 10,69 millones, se aplicará un tipo del 3,5%.

El impuesto se aplicará en los dos primeros ejercicios que se devenguen desde la entrada en vigor de la norma, por lo que podría ser aplicable ya en 2022 si la tramitación parlamentaria es rápida. Al menos este es el objetivo del Gobierno. En caso de no llegar a tiempo, el tributo se devengará en los ejercicios 2023 y 2024. La enmienda incluye una cláusula de revisión al final del periodo de vigencia para evaluar un potencial mantenimiento del tributo o su supresión. Por tanto, podría aplicarse durante más de dos años.

“El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y se exigirá mediante autoliquidación, que se deberá presentar cuando resulte cuota a ingresar”, afirma el despacho de abogados Garrigues. Y añade que “no estarán obligados a presentar declaración los sujetos pasivos que tributen directamente al Estado por no estar cedido el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio a ninguna comunidad autónoma (es decir, los no residentes), salvo que la cuota de este impuesto resulte a ingresar”.

Próximos pasos legales

Superada esta votación, ahora el texto debe debatirse en el Pleno del Congreso la próxima semana, antes de pasar al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria.

"Una vez celebrado este debate en comisión, el Pleno verá el dictamen y las enmiendas al articulado no incorporadas en fase de ponencia y comisión y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas para someterlas de nuevo a debate y votación en sesión plenaria. En caso de ser aprobado, el proyecto de ley se remitirá al Senado, donde seguirá su procedimiento de tramitación parlamentaria. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para un último debate en Pleno", explica el comunicado.

Ciudadanos acudirá al Constitucional

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha anunciado que su formación recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional que PSOE y Podemos hayan incluido el impuesto a las grandes fortunas mediante una enmienda a la proposición de ley de impuestos a banca y energéticas.

En concreto, el grupo recurrirá al Tribunal de garantías por la decisión de la Comisión de Asuntos Económicos de rechazar un escrito de rectificación de Ciudadanos contra las dos enmiendas referidas a este nuevo impuesto dentro del texto de ley.

Según ha explicado el presidente de la comisión, el diputado 'popular' Celso Luis Delgado, la Mesa inadmitió el recurso de Ciudadanos con los votos a favor de PSOE y Podemos (tres votos), que se impusieron a los dos del PP, que apoyaron al partido naranja.

A juicio de Bal, la decisión del Gobierno de tramitar este nuevo gravamen "cercena los derechos de la oposición", ya que supone "tramitar como mera enmienda el impuesto encubierto al patrimonio". "No tenemos margen parlamentario para oponernos", ha protestado.

También el PP criticó las formas del Gobierno en la Comisión de Asuntos Económicos, subrayando que la proposición de ley original de PSOE y Podemos se refería a los gravámenes temporales para energéticas y banca y al final, vía enmienda y sin el pertinente debate en la Comisión de Hacienda, ha acabado creando un nuevo impuesto que además colisiona con la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.

El impuesto a las energéticas, suavizado

La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha aprobado dos enmiendas transaccionales del PNV y PDeCAT para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.

Con el acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios del Gobierno de coalición, el impuesto no afectará a las empresas en las que el suministro sea a precio reglado (PVPC de electricidad, TUR de gas, GLP envasado y GLP por canalización).

También se incluyen en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.

Estos acuerdos en el marco de los nuevos gravámenes se suman a los alcanzados con Bildu, con quien el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para que a finales de 2024, cuando finalizará la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.