Aumento de impuestos

La ciudad de Nueva York ha estrenado este julio un nuevo impuesto sobre las segundas residencias de lujo. Aprobado a instancias del alcalde Zohran Mamdani y promulgado por la gobernadora Kathy Hochul, el gravamen se aplica a apartamentos a partir de un millón de dólares y viviendas unifamiliares a partir de 5 millones de dólares que no constituyan la residencia principal de su propietario. El recargo puede llegar al 6,5% del valor catastral del inmueble, sumando los impuestos propios que ya paga la propiedad.

La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, planea incluir en los Presupuestos Generales del Estado un aumento de los impuestos a los propietarios de viviendas de lujo. Reeves considera así que la mejor manera de recaudar miles de millones de libras para las arcas públicas, que atraviesan una grave crisis financiera, es mediante nuevos tramos impositivos a las rentas más altas. Este nuevo impuesto afectaría a las mansiones y otras viviendas de alto valor sobre todo en Londres, mientras se ultima el presupuesto que se presentará a finales de este mes.

El Consejo General de Economistas (CGE) da por hecho que la aplicación del impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Gobierno a finales del año pasado no tendrá un carácter temporal y se extenderá más allá de los dos años previstos. Según su presidente, Valentín Pich, el tributo "ha venido para quedarse", por lo que los patrimonios de más de 3 millones de euros tendrán que reorganizar sus inversiones para minimizar el coste fiscal. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha avalado este gravamen, tras tumbar todos los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid.

El acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista consta de 230 medidas que PSOE y Sumar quieren llevar a cabo durante la legislatura. Entre ellas plantean revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas así como fijar un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable. En materia de vivienda se fijan políticas para alcanzar el 20% del parque público residencial y mantener las políticas establecidas en la Ley de Vivienda, como el control de alquileres, o ampliar las ayudas a los hipotecados con problemas. También se evaluará el Impuesto a las Grandes Fortunas, además de alcanzar una nueva jornada laboral de 37,5 horas.

La Audiencia Nacional ha rechazado adoptar las medidas cautelares que algunas entidades le habían solicitado en relación con el recurso que presentaron sobre el impuesto extraordinario a la banca aprobado por el Gobierno. La decisión de la Audiencia Nacional no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, por lo que no ha determinado la validez o legalidad del impuesto aprobado por el Gobierno, sino que ha denegado las medidas cautelares que pedían la suspensión del pago del impuesto hasta que se alcance un fallo definitivo y elevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los trabajadores españoles están sometidos a una de las cuñas fiscales más altas de la OCDE. Según un infome del 'think tank' de las economías avanzadas, durante el año pasado el 39,5% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2022, mientras que en caso de las parejas con dos hijos, la cuña se situó en el 36,6%, por encima del promedio de los países ricos. La mayor diferencia se encuentra en las cotizaciones que pagan las empresas, que suponen cerca del 23%, 10 puntos más que la media.

El Pleno del Senado ha dado luz verde a la proposición de ley que incluye los nuevos impuestos temporales a bancos, energéticas y grandes fortunas. La norma ha contado con el respaldo de 139 senadores, mientras que 107 han votado en contra y 12 se han abstenido, y está lista para entrar en vigor el día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El impuesto a las grandes fortunas grava los patrimonios de más de 3 millones de euros y se aplicará ya en 2022, aunque el Tribunal Supremo debe decidir si puede tener efectos retroactivos.

La Comisión de Asuntos Económicos del Senado ha aprobado los impuestos temporales a entidades financieras, energéticas y grandes fortunas, tras rechazar las propuestas de veto presentadas por PP y Ciudadanos y las enmiendas parciales. La proposición de ley pasa ahora al Pleno del Senado, que la semana que viene puede dar 'luz verde' definitiva a estos nuevos tributos temporales. De introducir modificaciones, la norma volvería al Congreso.

A partir del 1 de enero de 2023 probablemente entrará en vigor un nuevo impuesto que si eres empleado de una empresa o autónomo deberás abonar mediante la nómina. Es el nuevo impuesto llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituye al polémico Factor de Sostenibilidad y tiene como objetivo nutrir “la hucha de las pensiones” para la jubilación de los baby boom. Se trata de una cotización adicional finalista de 0,6 puntos porcentuales sobre el salario bruto, de las que un 0,5% corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador.

El nuevo impuesto a las grandes fortunas, que gravará temporalmente a los patrimonios de más de 3 millones de euros, cada vez está más cerca de convertirse en realidad. Tras dos días de debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, la votación de la Proposición de Ley que establece los impuestos temporales a energéticas y bancos, y por la que se crea el impuesto a los grandes patrimonios, ha salido adelante con 21 votos a favor, 16 votos en contra y ninguna abstención. La semana que viene debe ser aprobado por el Pleno del Congreso para pasar al Senado.

El Ministerio que dirige María Jesús Montero quiere poner en marcha el bautizado 'impuesto de solidaridad' en este ejercicio, con el fin de que tenga un impacto recaudatorio en 2023. El objetivo inicial del Gobierno era activar este gravamen temporal que afectará a las grandes fortunas en el próximo año, pero ahora sopesa introducirlo como enmienda a la proposición de ley que se está tramitando el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y bancos.

El Gobierno ha confirmado que los Presupuestos de 2023 traerán cambios fiscales. En concreto, bajará el IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros y creará un impuesto temporal que afectará a los patrimonios de más de tres millones de euros. También aumenta la penalización sobre las rentas del capital y las plusvalías de más de 200.000 euros. Las pymes, por su parte, pagarán dos puntos menos de Impuesto de Sociedades, un 23%. Hacienda calcula que todas las medidas aumentarán los ingresos en más de 3.100 millones de euros en dos años.

El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios. Esto es lo que recoge las proposiciones de ley que el Ejecutivo ha presentado en el Congreso para su tramitación parlamentaria.

Con la negociación de un nuevo Gobierno central, saltan los rumores sobre cómo afectará la reforma de la financiación y a una hipotética armonización de la tributación de las comunidades autónomas. El PSOE ya ha afirmado que pretende igualar los impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio.

Dentro del plan presupuestario enviado por el Gobierno español a Bruselas el pasado viernes se incluye unos ingresos adicionales de 500 millones de euros procedentes de nuevos impuestos medioambientales, que se unen al incremento impositivo ya anunciado por el Ejecutivo sobre el alcohol, el tabaco y

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