España sigue perdiendo competitividad fiscal y ya se sitúa entre los países con peor diseño tributario de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Según el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 publicado por el Instituto de Estudios Económicos, el año pasado se situó el puesto 34 de los 38 que incluye el informe, lo que supone un descenso de cinco posiciones respecto a 2018.
Según el estudio, España obtiene una puntuación de 57,9 sobre 100, situándose 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE. Se trata de la quinta peor valoración, solo superada por las de Francia, Italia, Colombia y Polonia.
A juicio del 'think tank' de la CEOE, este resultado refleja un deterioro continuado de la competitividad fiscal española frente a las principales economías avanzadas, encabezadas por Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Luxemburgo, que, según el instituto, destacan por contar con sistemas tributarios más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico.
A partir de este índice, el IEE elabora un indicador de presión fiscal normativa que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario. De acuerdo con este indicador, España soporta una presión fiscal casi un 17% superior a la media de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE, lo que, según el instituto, evidencia el carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal existente respecto a las economías de su entorno.
Asimismo, el informe señala que la presión fiscal en términos de recaudación aumentó en España en 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. El IEE añade que parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida, y estima que la convergencia con la media europea en estos ámbitos permitiría incrementar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de elevar los impuestos.
La carga fiscal de contribuyentes y empresas
En cuanto al esfuerzo fiscal, el estudio sostiene que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es un 14,1% superior a la media de la Unión Europea cuando se pone en relación con su capacidad económica. En el caso de la imposición directa, fundamentalmente el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, esa diferencia asciende al 16,5%, según los cálculos del instituto.
El informe dedica un apartado específico a la fiscalidad empresarial, que el IEE considera uno de los principales factores que condicionan las decisiones de inversión, contratación, innovación y localización de proyectos. En este ámbito, el instituto sostiene que las empresas españolas soportan una presión fiscal superior a la media europea tanto en términos de recaudación como de producto interior bruto (PIB).
En concreto, las empresas aportaron en 2024 el 33,9% de la recaudación total en España, frente al 26% de la media comunitaria. Además, la presión fiscal empresarial equivalió al 12,5% del PIB, frente al 10,3% de la Unión Europea.
Entre 2018 y 2024, esta carga aumentó cinco veces más que en el conjunto europeo, con un incremento de 1,5 puntos frente a los 0,3 puntos registrados en la UE, una evolución que, según el IEE, evidencia un endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial y que, a juicio del instituto, puede lastrar la inversión, la confianza empresarial y la competitividad internacional.
El estudio también pone el foco en la tributación del capital y en las cotizaciones sociales empresariales. Así, el IEE señala que el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades alcanza el 25%, por encima de la media europea, mientras que la carga combinada sobre los beneficios distribuidos se sitúa en el 47,5%, frente al 38,8% de la Unión Europea.
A ello se suma que las cotizaciones sociales a cargo de las empresas representan el 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la media comunitaria, lo que, según el instituto, sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europea con mayor coste empresarial por este concepto.
Otro de los aspectos analizados es la complejidad del sistema tributario. Según el informe, España registra un Índice de Complejidad Fiscal de 114,8, casi 15 puntos por encima de la media europea y superior también a la media de la OCDE.
Esta mayor complejidad se traduce, además, en mayores costes de cumplimiento para las empresas, que dedican una mediana de 150 horas al año a preparar, presentar y pagar impuestos, frente a las 113 horas de la Unión Europea y las 92 horas de la OCDE. A juicio del IEE, esta carga administrativa afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
La necesidad de una reforma fiscal
El informe incorpora además un análisis sobre la propuesta de la Comisión Europea de elevar el IVA reducido aplicado a hoteles y restaurantes hasta el tipo general del 21%. El IEE considera que una medida de este tipo reduciría la competitividad del turismo español al encarecer una actividad especialmente sensible al precio y sometida a la competencia internacional, con posibles efectos sobre la actividad, el empleo y la capacidad recaudatoria del sector.
Según recuerda el 'think tank', el turismo constituye "un sector estratégico para la economía española, con un peso en el PIB del 12,6%. Además, da empleo a casi 2,8 millones de trabajadores y es el principal exportador de servicios del país, con un saldo turístico de 68.400 millones en el año 2024. En el año 2025 nuestro país recibió 96,8 millones de turistas, que gastaron casi 135.000 millones de euros".
Como conclusión, el instituto defiende la necesidad de impulsar una reforma fiscal que reduzca las distorsiones del sistema tributario, simplifique las obligaciones fiscales y refuerce la seguridad jurídica y la estabilidad normativa.
Según el IEE, mejorar la competitividad fiscal no implica renunciar a la suficiencia recaudatoria, sino favorecer un marco tributario más propicio para la inversión, la productividad, el crecimiento empresarial y la creación de empleo.
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