Nueve de cada diez constructoras españolas han sufrido un impacto económico de intensidad media o alta por el conflicto en Oriente Próximo, según un informe publicado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
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Ese mismo 90% de empresas del sector considera que su viabilidad puede verse comprometida si la situación actual se prolonga o si no se adoptan medidas para paliar el "fuerte" incremento de los precios de la energía, los carburantes y las materias primas, recoge la patronal en un comunicado.
En concreto, más del 60% de las constructoras ha registrado aumentos superiores al 20% en el precio de los carburantes y una de cada cuatro lo eleva por encima del 30%, mientras que el 83% de las empresas consultadas dice haber padecido incrementos del coste eléctrico de hasta el 20%.
Además, tres de cada cuatro compañías cuantifican el impacto sobre sus costes totales en un aumento de entre un 5% y un 20% y solo un 3% ha conseguido renegociar el presupuesto de los contratos firmados antes de la crisis ocasionada por el conflicto, originado por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.
La encuesta también refleja que ocho de cada 10 constructoras han tenido que asumir íntegramente los sobrecostes, sin poder compartirlos con sus clientes.
A pesar de ello, el 44% de no se plantea en ningún caso reducir su actividad -un tercio sí estudia hacerlo próximamente- y el 78% no está considerando reducir su plantilla. De hecho, la mayoría afirma que esto sería lo último que haría, "dados los problemas actuales de falta de mano de obra en el sector", señala el 'Informe sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en las empresas del sector' -basado en una encuesta lanzada el pasado 17 de abril, con 400 respuestas recibidas-.
En ese contexto, la patronal "vuelve a reclamar" al Gobierno una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación, con el fin de excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que "garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno en la construcción de viviendas e infraestructuras estratégicas para España".
En este entorno de "incertidumbre radical", el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, reclama "estabilidad y seguridad jurídica" para las empresas.
"Resulta imprescindible avanzar en el reequilibrio de precios en los contratos públicos y que el Gobierno actúe de forma coordinada, teniendo en cuenta que ya es una de las principales causas del deterioro de la contratación y que tanto afecta a las pymes y sus trabajadores", advierte.
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