La construcción de una vivienda de tamaño medio puede tardar entre 24 y 36 meses de media. Durante ese tiempo, el coste de materiales como el aluminio, el cemento, el yeso o la energía se habrán encarecido hasta un 50%, según los datos que deja la inflación derivada del conflicto en Irán. El problema impacta especialmente en el sector público, donde ha dejado 1.130 licitaciones desiertas en lo que va de 2026 que impiden iniciar obras por importe superior a los 707 millones de euros, según denuncia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
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La patronal del sector ha advertido en una rueda de prensa este jueves que el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16% superior al que registró el sector tras la guerra en Ucrania, de forma que ahora se ha alcanzado una media de 188 licitaciones desiertas cada mes.
Por ello, la CNC reclama al Gobierno que regule la necesidad de que las licitaciones públicas cuenten medidas de carácter "urgente y excepcional" para asegurar la viabilidad de los contratos públicos en ejecución, como reactivar la cláusula de revisión de precios excepcional de 2022 adaptado a la situación inflacionista actual, y recalca la "necesidad de mecanismos ágiles y automáticos de actualización y revisión de precios en los contratos con componente de obra".
“Las empresas nos trasladan que hay volumen de trabajo, pero que los números no salen. El problema de la contratación pública es tan profundo que muchos concursos quedan desiertos", advierte Pablo Fernández Alén, presidente CNC.
El trasfondo es el encarecimiento desbocado de los costes. Desde 2020, edificar cuesta entre un 31% y un 35% más, construir carreteras entre un 36% y un 43% más, y la urbanización ha subido entre un 30% y un 36%. Con un IPC acumulado del 28,5% y un margen de beneficio sectorial de apenas el 5%. "Cuadrar los costes es prácticamente imposible si no tienes una cláusula de estabilización de los contratos", insiste Fernández Alén. "No se entiende que con las sucesivas subidas del SMI no se revisen los precios de los contratos públicos", zanja.
Amenaza a la vivienda pública
Esta situación impacta en la crisis habitacional que sufre España ya que no favorece dar salida a la creciente demanda. Las empresas no pueden garantizar dar salida a la construcción de viviendas protegidas en un horizonte temporal que se alarga uno o dos años.
"¿Cómo sabemos cuánto va a costar el aluminio dentro de 36 meses, que además los cerramientos es lo último que se ejecuta?", se pregunta el presidente de la CNC. "Si esto persiste, el problema va a afectar al empleo. Nos hemos alarmado porque hemos visto cómo en los últimos seis meses el problema se ha agravado", advierte.
Obras que rozan los 50 millones
CNC detalla que más de ocho de cada diez licitaciones desiertas (82%) corresponden a contratos con un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros. Sin embargo, el importe medio alcanza casi los 700.000 euros, lo que pone de manifiesto que entre los expedientes afectados también figuran contratos de elevada cuantía.
De hecho, entre las licitaciones que han quedado desiertas hay actuaciones con presupuestos de hasta casi 50 millones de euros, como la construcción de una nave en El Prat, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid (35 millones), la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz (32 millones) o la promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria (más de 29 millones).
El problema del único licitador
Otro problema que la CNC ha detectado es que el 33% de los contratos públicos en España tiene un único ofertante, frente al 28% de la UE. Algo que Fernández Alén describe como una "red flag" para Bruselas.
“Lo bueno es que haya concurrencia. La contratación pública ha visto como se ha ido reduciendo más el número de ofertantes y eso no es bueno para el ciudadano. Cuando hay un único licitador huele raro, está pasando algo”, desliza el presidente de la patronal.
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