La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar propuestas sobre cómo simplificar la normativa comunitaria que afecta a la construcción de vivienda, con el objetivo de reducir las cargas administrativas, acelerar los proyectos y contribuir a aumentar la oferta de viviendas asequibles en la Unión Europea.
La iniciativa, dirigida a administraciones nacionales, regionales y locales, así como al sector de la construcción, la vivienda, las finanzas y organizaciones de la sociedad civil, servirá de base para elaborar un paquete legislativo de simplificación previsto para 2027 dentro del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible.
Bruselas argumenta que la UE atraviesa una crisis de asequibilidad de la vivienda y sostiene que la coexistencia de normas y procedimientos en los distintos Estados miembro incrementa la complejidad regulatoria, genera trámites administrativos innecesarios y encarece y retrasa los proyectos de construcción y rehabilitación.
En este contexto, la Comisión quiere identificar qué disposiciones de la legislación europea están afectando al suministro de vivienda y en qué medida los problemas responden a las propias normas comunitarias o a la forma en que han sido aplicadas o desarrolladas por los Estados miembro.
Los interesados podrán remitir sus aportaciones hasta el próximo 30 de septiembre. Además de señalar los obstáculos que detectan en la normativa europea, Bruselas pide propuestas concretas para simplificar los procedimientos y ejemplos de buenas prácticas que puedan extenderse al conjunto de la Unión.
La Comisión enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia para reducir la carga burocrática y recuerda que ya ha presentado más de una docena de paquetes de simplificación que, según sus cálculos, permitirán ahorrar alrededor de 18.000 millones de euros anuales en costes administrativos.
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha defendido que el sector necesita "normas más simples" para construir y rehabilitar viviendas con mayor rapidez y ha asegurado que la futura propuesta buscará eliminar trámites, costes y retrasos "sin rebajar los estándares de protección ambiental y social".
Como parte del proceso de consulta, el Ejecutivo comunitario organizará además reuniones y talleres con los Estados miembro y las autoridades locales a través de la 'Alianza Europea para la Vivienda', creada recientemente para reforzar la cooperación en este ámbito.
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