Por raro que parezca, republicanos y demócratas en el Senado de EEUU aprobaron una ley integral sobre la vivienda, que debería hacer que su acceso sea más asequible para los estadounidenses. El presidente Donald Trump podría haber ejercido su derecho de veto, pero finalmente entró en vigor a mediados de julio. La nueva normativa agiliza procesos burocráticos y se lanza a favorecer la construcción de vivienda industrializada, con el fin de abaratar los precios para las personas con menos recursos.
La nueva ley llega en un momento en el que los precios de la vivienda son una de las principales preocupaciones en la primera economía mundial. Y que en gran parte se debe a la escasez de oferta: las estrictas leyes urbanísticas, la multitud de aprobaciones locales y las onerosas regulaciones hacen que construir viviendas en EEUU sea sorprendentemente difícil. El país se enfrenta ahora a una escasez de viviendas que JPMorgan estima en 2,8 millones de unidades.
También, los altos costes de la vivienda afectan tanto a las grandes ciudades estadounidenses como a las zonas rurales, las áreas que han experimentado los mayores aumentos salariales también han visto dispararse los precios de la vivienda debido a la competencia entre compradores por una oferta limitada.
La ley adopta un enfoque desregulador para aumentar la elasticidad de la oferta. Es decir, que la continua alta demanda de vivienda debería traducirse en más viviendas, no en precios más altos.
La Ley ‘ROAD to Housing’ (Camino a la Vivienda) no tienen todas las respuestas para lograr una vivienda asequible, incluye algunas disposiciones que deberían facilitar la construcción de viviendas en EEUU.
En primer lugar, condiciona la concesión de fondos federales, conocidos como subvenciones para el desarrollo comunitario (CBDG, por sus siglas en inglés), a que las localidades construyan viviendas. Este enfoque puede parecer obvio, pero supone un cambio importante: las ayudas para la construcción de viviendas prefabricadas se han asignado tradicionalmente mediante fórmulas basadas en factores como el tamaño de la población. Con las nuevas normas, el Gobierno federal asigna fondos a los estados y municipios para incentivar la construcción, utilizando incentivos y sanciones.
En segundo lugar, introduce algunos cambios en la normativa sobre viviendas prefabricadas. En Estados Unidos existen 7,2 millones de viviendas prefabricadas, con una mayor proporción en zonas rurales y en el centro del país. (Estados Unidos es un país de productos baratos, servicios caros y mucha tierra, por lo que las viviendas prefabricadas resultan muy convenientes).
La ley elimina el requisito de que las viviendas prefabricadas cuenten con un chasis de acero permanente, una voluminosa estructura metálica que debe estar fijada a las viviendas debido a una ley de 1974.
El Centro Niskanen estima que la eliminación del requisito del chasis de acero permanente podría reducir los costes de las viviendas prefabricadas entre 5.000 y 10.000 dólares. La desregulación del sector podría atraer más capital a las nuevas empresas de viviendas prefabricadas.
En tercer lugar, la ley simplifica los procesos de inspección para las nuevas construcciones de vivienda pública.
El Programa de Elección de Vivienda (conocido comúnmente como Sección 8) proporciona vivienda a más de 2,3 millones de familias estadounidenses de bajos ingresos. Las propiedades de la Sección 8 a menudo deben someterse a inspecciones duplicadas, incluso si ya han completado una similar para otro programa gubernamental (como el programa de créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos), por lo que este cambio elimina una gran cantidad de trabajo adicional. Esto ha sido durante mucho tiempo una demanda de los defensores de la vivienda, y su aprobación ha tardado en concretarse.
Finalmente, la ley permite al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU clasificar ciertas viviendas como "proyectos especiales" bajo la Ley Nacional de Política Ambiental, lo que agilizará la aprobación. Esto les permite evitar los procesos de revisión, a menudo prolongados, derivados de la ley ambiental de la era Nixon, bien intencionada, pero posiblemente excesivamente burocrática, que necesita una reforma urgente.
Cabe destacar que cada una de estas disposiciones es fiscalmente neutra, pero debería ampliar la oferta de vivienda asequible, especialmente para los estadounidenses más pobres. Y la vivienda más barata tiene un efecto desinflacionario, lo que se traduce en menores costes laborales y servicios más económicos.
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