La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 300 euros a un hombre que instaló una mirilla digital (sistema de videovigilancia) en su puerta. Esta mirilla capturaba el área común del portal y la entrada del vecino sin su consentimiento ni de la Comunidad de Propietarios.
El conflicto surgió cuando el vecino denunció que la mirilla digital se instaló sin la aprobación de la comunidad de vecinos. A pesar de enviar un burofax solicitando la retirada sin respuesta, la Administración se involucró, pero los correos no obtuvieron respuesta. Como resultado, el procedimiento sancionador avanzó sin objeciones y se consideró una propuesta de resolución.
La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que las imágenes capturadas por cámaras son datos personales y están sujetas a regulaciones de privacidad. En este caso, el tratamiento de los datos de los vecinos no fue legal, ya que no hubo consentimiento ni una obligación legal que lo respaldara.
De hecho, el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales señala que “en ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación. Las cámaras instaladas no pueden obtener imágenes de espacio privativo de tercero y/o espacio público sin causa justificada debidamente acreditada, ni pueden afectar a la intimidad de transeúntes que transiten libremente por la zona”.
La instalación de cámaras en un edificio de viviendas requiere la autorización expresa de todos los propietarios, según la Ley de Propiedad Horizontal. Esto significa que al menos el 60% de los propietarios deben estar de acuerdo.
Aunque la infracción podría haberse sancionado con hasta 20 millones de euros, se impuso una multa de 300 euros debido a criterios de proporcionalidad. Además, se ordenó al infractor retirar las cámaras o ajustar su orientación para no captar áreas comunes o la entrada del vecino en el plazo de un mes.
Sancionada una comunidad de vecinos por publicar documentos privados de una propietaria
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una comunidad de propietarios por colgar en el tablón de anuncios documentos privados. La cuestión no es baladí, pues ha supuesto para la comunidad una sanción de 1.500 euros, ya que ha publicado datos personales de la propietaria reclamante en el tablón, lo que provoca que dicha información haya sido accesible por cualquier persona, no solo por los vecinos, sino también por cualquier tercero que acceda al edificio.
Sancionada una comunidad de vecinos por divulgar su presidenta imágenes de un vecino por WhatsApp
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una comunidad de propietarios cuya presidenta grabó a un vecino y divulgó por WhatsApp ilícitamente las imágenes obtenidas del sistema de videovigilancia. Dichas imágenes iban acompañadas de expresiones despectivas por parte del resto de vecinos. Por ello, la AEPD impone una sanción de 2.000 euros a la comunidad por la negligencia de la presidenta.
Condenada una comunidad de vecinos a pagar 12.000 euros a un cartero por caerse en el portal
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a una comunidad de vecinos a pagar 12.155,20 euros a un cartero que, estando de servicio, se cayó tras tropezar con una especie de escalón o reborde de la puerta al salir del portal del edificio. Como consecuencia, se hizo una importante herida en una de sus piernas. Dicha suma se corresponde con 2 días de perjuicio personal grave, 107 días de perjuicio personal moderado más cinco puntos por secuelas consistentes en perjuicio estético lige
Videovigilancia e intimidad personal: cómo evitar el enfrentamiento entre vecinos
Los servicios de vigilancia en una comunidad de vecinos ayudan a resolver robos y reducen notablemente los actos vandálicos, pero también son fuente de conflicto cuando algún vecino siente limitado su derecho a la protección de datos e intimidad. Consultamos las sanciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y descubrimos las principales causas de disputa por protección de datos y ataques a la intimidad de los sistemas de videovigilancia en las comunidades de
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