Comunidad de vecinos

España vuelve a estar a un paso de la gloria. La selección disputará la final del Mundial este 19 de julio ante Argentina y la posibilidad de conquistar su segundo título ha desatado la ilusión en todo el país.

Las decisiones de una comunidad y el presupuesto anual se aprueban en la junta. Sin embargo, hay una duda muy habitual entre los propietarios: ¿es obligatorio asistir a las reuniones de vecinos?

Muchas personas se plantean cerrar su plaza de aparcamiento en el garaje comunitario por motivos de seguridad o para utilizarla como trastero, además de para guardar el coche. Pero ¿es esto legal? ¿Cómo se podría hacer y de qué depende?

¿Qué ocurre cuando unas obras en la vía pública terminan provocando daños en un edificio? La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense nos da la respuesta, recordando la importancia de respetar las condiciones autorizadas. El juzgado ha condenado a una empresa a indemnizar con 6.595,71 euros más las costas a una comunidad de propietarios por los daños causados durante la ejecución de unos trabajos que provocaron una fuga de agua.

La complejidad administrativa se ha convertido en una de las grandes cuestiones de fondo para el sector de la administración de fincas. En los últimos meses, diversos colegios profesionales y organizaciones sectoriales han alertado del impacto que están teniendo la creciente carga regulatoria, la tramitación documental y la acumulación de obligaciones vinculadas a rehabilitación, sostenibilidad o coordinación de proveedores sobre la gestión diaria de las comunidades de propietarios. El gran desafío ya no consistirá únicamente en gestionar edificios, sino en gestionar toda la complejidad que existe alrededor de ellos.

Cada vez es más frecuente la instalación de cámaras de seguridad por parte de comunidades de propietarios.

Cambiar un cerramiento de pavés por una ventana puede parecer una reforma menor, pero cuando esa modificación afecta a la relación entre dos fincas colindantes, las consecuencias pueden acabar resolviéndose en los tribunales. Es precisamente lo que ocurrió en un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado la razón a una comunidad después de que varios vecinos sustituyeran esos elementos por ventanas practicables en el muro que delimitaba ambas propiedades.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona vuelve a poner el foco en un aspecto clave: no basta con que el aparato de aire acondicionado esté permitido, también debe respetar los límites de la convivencia, en especial la prohibición de causar molestias a otros vecinos. El caso parte de una comunidad que decidió actuar frente a la instalación de una unidad exterior situada en la parte baja de una terraza. El problema no era el aire acondicionado en sí, sino su efecto: expulsaba aire caliente hacia la terraza colindante.

Tres años después de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal la tenencia de mascotas en pisos sigue generando dudas entre los propietarios. Dicha norma reconoce a los animales como "seres sintientes" y refuerza el derecho a tenerlos bien atendidos en un domicilio, pero no deroga automáticamente los estatutos comunitarios si estos limitan su presencia en las fincas. Así lo avaló el pasado abril una sentencia que enfrentó al dueño de un caniche contra sus vecinos y dio la razón a estos últimos. Una resolución que, para el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, otorgó preferencia a la capacidad de autorregulación de cada comunidad frente a esta norma estatal, siempre que se encuentre dentro de los límites de la Ley de Propiedad Horizontal.

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

Una terraza cubierta de excrementos, residuos y nidos desencadenó un conflicto vecinal que ha terminado en los tribunales. La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a un propietario a pagar una importante indemnización tras considerar acreditado que permitió durante más de un año el anidamiento continuado de palomas en su balcón pese a las advertencias recibidas, afectando a los vecinos de la planta inferior. La sentencia analiza hasta dónde llegan las obligaciones que impone la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y deja una idea clara: aunque el propietario no habite la vivienda, sigue siendo responsable de mantener balcones y terrazas en condiciones adecuadas si su estado puede perjudicar al resto.

El Pleno del Congreso debatirá y votará el 26 de mayo una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La Cámara Baja decidirá si el texto legislativo se admite a trámite y entra en el cauce parlamentario. En el caso de admitirse, se abriría el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

¿Todos los bloques de pisos o casas agrupadas tienen que ser, forzosamente, una comunidad de propietarios? Lo cierto es que no y tampoco es obligatorio, aunque constituir una comunidad puede tener ventajas. Cuando existen cinco o más propietarios, lo habitual y recomendable es constituir una comunidad de propietarios. Aunque la normativa no establece de manera expresa una obligación en todos los supuestos, la comunidad facilita la organización interna, la gestión económica y la toma de decisiones sobre zonas comunes y servicios compartidos.

¿Qué ocurre cuando un edificio funciona como si fueran varias comunidades de propietarios pero legalmente no lo son? La Audiencia Provincial de Navarra ha dado respuesta en una sentencia del 18 de marzo: los acuerdos adoptados en esas circunstancias pueden ser nulos. El caso parte de una situación muy habitual, especialmente en bloques de viviendas con varios portales. Durante años, en un edificio cada acceso actuaba por su cuenta, se celebraban juntas separadas, se aprobaban cuotas distintas y se gestionaban gastos de forma independiente. El conflicto arrancó cuando uno de los portales convocó una junta.

Se acerca el verano y las terrazas y los balcones de los edificios se utilizan con más frecuencia. Aunque la ley no específica claramente qué está prohibido o no en estos espacios exteriores, sí que ofrece el marco. Por ejemplo, no se pueden realizar actividades molestas, peligrosas, insalubres, ilegales o que puedan dañar el edificio. En lo que respecta a las barbacoas, las piscinas o los jacuzzis, la clave está en lo que establezca cada comunidad de vecinos y la ordenanza municipal, pero conviene tener en cuenta que el humo y los olores pueden molestar a los vecinos y que el peso de una piscina puede suponer un riesgo estructural para el inmueble. Ante la duda, conviene preguntar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas.

Según establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el presidente de una comunidad debe tomar las decisiones, y conseguir que se lleven a cabo, según lo que se haya acordado en la junta de propietarios. En función de la propuesta presentada, será necesario contar con la unanimidad de todos los vecinos o simplemente la mayoría de los presentes en la reunión. En las cuestiones del día a día, como la contratación de servicios o la gestión económica, no necesita de consenso, ni tampoco en actuaciones de urgencia que pongan en peligro la seguridad del inmueble, pero debe explicar todo lo que ha hecho.

Los ruidos son uno de los principales motivos de conflicto en una comunidad de propietarios. El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que no está permitido desarrollar "actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”, aunque conviene intentar resolver los conflictos de forma amistosa antes de mandarle un burofax, llamar a la policía e ir a juicio. Por tanto, es recomendable hablar con el vecino primero para comunicarle que te molestan los ruidos.

Uno de los conflictos habituales en aquellos edificios y comunidades con pisos en planta baja, aunque pueden darse en todo tipo de urbanizaciones, es la instalación de rejas de seguridad en ventanas, balcones y terrazas. Estos equipamientos tienen como objetivo aumentar la seguridad y evitar robos, pero hay a quien le molestan porque alteran la estética de la fachada. ¿Se puede oponer la comunidad a su instalación? Sí que puede oponerse a la instalación de rejas, ya que cambia la configuración de la fachada y pueden entender que no existen riesgos asociados, sea o no cierto.

No recoger una carta certificada no sirve para evitar el pago de las cuotas cuando la comunidad acredita un intento válido de notificación. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Pontevedra en una sentencia que vuelve a poner el foco en una de las cuestiones más habituales en el ámbito vecinal: la morosidad. El fallo confirma la condena a un propietario al pago de más de 3.700 euros y refuerza una idea clave: cuando se cumplen los requisitos y el acuerdo no ha sido impugnado en plazo, la deuda es exigible aunque el vecino alegue que no recibió las notificaciones.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que en toda comunidad de vecinos tiene que haber un presidente, que se elegirá por votación por parte de los propietarios, mediante sorteo o turno rotatorio. Pero ¿qué pasa si el presidente de la comunidad de propietarios es corrupto o negligente, ¿se le puede echar? ¿Y al administrador de fincas? A ambos se les puede denunciar y destituir cuando existe incumplimiento de sus funciones, negigencia o daños causados a la comunidad o a propietarios individuales.

La convivencia con animales domésticos en las comunidades de propietarios es fuente de conflicto recurrente. Un juzgado de Vigo ha avalado la prohibición de tener mascotas en un edificio residencial, pese a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, y ha rechazado la demanda de un propietario que pretendía convivir con su perro en su vivienda habitual. La resolución concluye que la comunidad actuó conforme a derecho y que dicha limitación no vulnera la normativa vigente, fallo que refuerza el peso de los estatutos en el régimen de propiedad horizontal. Según los hechos probados, el propietario adquirió el perro en agosto de 2023 cuando ya residía en el inmueble y era plenamente consciente de la prohibición.

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco obliga al Ayuntamiento de Irún a pagar más de 214.000 euros a una comunidad de propietarios por el mantenimiento de un vial privado usado por el público durante años, en una sentencia que corrige el criterio previo y reconoce que la administración no puede beneficiarse de un uso general sin asumir sus costes. El plan urbanístico de la ciudad, lejos de exonerar al consistorio, se convierte en la base para condenarlo: si hay uso público, hay obligación de contribuir al mantenimiento y conservación del espacio.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a una comunidad de propietarios de Pamplona a pagar casi 8.000 euros a un propietario por los daños causados por filtraciones de agua en su local comercial, pese a que el origen de las humedades se encontraba en una terraza que era de uso privado de uno de los vecinos del edificio. Los problemas comenzaron en 2019 tras un periodo prolongado de lluvias y fueron agravándose con el tiempo.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que afecta directamente a numerosas urbanizaciones y edificios situados en primera línea de costa: las comunidades de propietarios, al carecer de personalidad jurídica propia, no pueden ser formalmente titulares de una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Así lo establece la Sala Tercera en su sentencia 1420/2025, de 5 de noviembre (recurso 1972/2024), en la que analiza el intento de una comunidad de propietarios de Andratx (Mallorca) de obtener la concesión de un solárium y piscina parcialmente ubicados en terreno demanial, esto es, de titularidad pública.

Los equipos de climatización pueden parecer una solución sencilla para muchas viviendas. Sin embargo, cuando se instalan en un espacio que forma parte de los elementos comunes de una comunidad, esa decisión no puede adoptarla un propietario de forma unilateral. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha recordado en una sentencia en la que ordena retirar seis compresores de la cubierta de un edificio residencial, así como eliminar el resto de alteraciones. La resolución ofrece una importante aclaración sobre los límites que impone la Ley de Propiedad Horizontal.