Comunidad de vecinos

Las caídas en los accesos a los edificios, aunque no suelen ser habituales, sí pueden suponer un quebradero de cabeza para una comunidad de propietarios. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de Barcelona, que en sentencia 9627/2025, ha condenado a una comunidad de Pineda de Mar a indemnizar con casi 6.171 euros a una vecina que sufrió una caída en el acceso al inmueble, al considerar que el pavimento presentaba un desnivel poco visible y carente de señalización, lo que convertía la zona en un punto peligroso para el tránsito. De esta manera, la sentencia revoca el criterio del juzgado de primera instancia, que había atribuido el accidente a un “riesgo general de la vida”.

La Audiencia Provincial de Girona ha vuelto a poner el foco en uno de los conflictos más habituales en las comunidades de vecinos: las obras en patios de luces de uso privativo y los límites reales de las autorizaciones vecinales. La clave no está tanto en el cerramiento en sí, sino en un detalle que muchos pasan por alto: no cumplir las condiciones impuestas por la comunidad puede dejar sin efecto cualquier permiso y obligar a desmontar la obra, incluso años después.

Cuando hablamos de comunidades de vecinos, tanto en un mismo edificio como en una urbanización o cualquier otra fórmula de gestión compartida, la Ley de Propiedad Horizontal es, sin duda, el texto legal imprescindible para conocer los límites y condiciones del funcionamiento de este régimen. Es

Si vives en un régimen de propiedad horizontal y eres propietario de un inmueble, es muy probable que, al analizar el desglose de gastos de la comunidad, encuentres una partida destinada al seguro de la comunidad de propietarios.Para que salgas de dudas, te contamos todo lo que debes saber sobre el

La Audiencia Provincial de Málaga acaba de confirmar que una vecina tendrá que demoler un muro levantado sin autorización entre su plaza de garaje y su trastero, al considerar que la obra vulnera la Ley de Propiedad Horizontal y altera la configuración del edificio. En la sentencia, el tribunal no aprecia trato discriminatorio, ni abuso de derecho por parte de la comunidad, pero sí una obra ejecutada sin la debida autorización, lo que basta para ordenar su derribo.

Instalar un ascensor en un edificio antiguo suele ser una fuente de conflictos vecinales, sobre todo cuando la obra afecta a espacios de uso o titularidad privativa. En una reciente sentencia, la Audiencia de Madrid lo deja claro: la instalación de un ascensor con ocupación parcial de un patio privativo es jurídicamente admisible de forma excepcional cuando se acredita de manera concluyente que no existe ninguna alternativa viable en elementos comunes y que la afectación es mínima, proporcionada y no supone una pérdida relevante de funcionalidad, habitabilidad o valor del elemento privativo afectado.

Cubrir un patio de luces es una de las dudas más habituales en las comunidades de vecinos. Aunque a menudo solo un propietario tenga acceso a este espacio, la ley lo considera un elemento común, por lo que cualquier cerramiento o cubierta está sujeta a autorización de la comunidad y al cumplimiento de la normativa técnica y urbanística vigente.

Hoy en día se pueden encontrar cámaras de seguridad de videovigilancia con capacidad de grabar o de ver en directo por poco dinero. Pero en una comunidad de propietarios, la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios compartidos, como pueden ser pasillos, patios o plazas de garaje, requiere obligatoriamente del consentimiento de la junta de propietarios. Por tanto, todo aquel que desee instalar cámaras en su fachada que puedan captar imágenes de zonas comunes debe obtener previamente el acuerdo de sus vecinos. 

Si un vecino de la comunidad de propietarios tira colillas a tu patio o zonas comunes, es posible hacer una reclamación, tal y como recoge la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1, que obliga a los propietarios a respetar las instalaciones generales de la comunidad, evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos. Asimismo, arrojar colillas al patio comunitario está prohibido por ley, y se pueden emprender acciones legales contra esta conducta.

El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, así como el presupuesto de 2016, de una comunidad de propietarios de Madrid, por no ajustarse al Título Constitutivo ni a la Ley de Propiedad Horizontal, debido a un sistema de reparto de gastos que individualizaba por portales y no aplicaba el coeficiente de participación de forma uniforme. La sentencia estima en parte el recurso de casación presentado por uno de los propietarios, que impugnó la aprobación de las cuentas. Según expuso en su demanda, el edificio debía aplicar “el criterio de distribución por coeficientes, sin exclusiones ni excepciones respecto de ningún capítulo de gasto” y, sin embargo, algunas partidas se asignaban solo a determinados portales o se distribuían a partes iguales.

Las comunidades de propietarios son una fuente de conflictos. Lo que uno quiere para su vivienda puede que afecte al propietario de la casa de al lado. Imagina que quieres poner un muro o ampliar uno ya existente para ganar privacidad entre el jardín de tu casa y la del vecino, algo muy frecuente en urbanizaciones de casas adosadas o chalets. El Código Civil establece que ninguno de los vecinos puede hacer su parte del muro más alta que el punto más alto acordado sin el permiso del otro.

El estacionamiento de varios vehículos en una misma plaza de garaje, sin respetar las líneas divisorias y ocupando las zonas de paso, dificultando con ello las maniobras de entrada y salida de la plaza vecina, se ha convertido en fuente de conflicto de no pocas comunidades. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga obliga a una propietaria a “cesar de inmediato la invasión de la zona común fuera del perímetro que delimita su zona de aparcamiento, debiendo aparcar sus vehículos dentro del referido perímetro delimitado por líneas horizontales pintadas en el suelo de color blanco”.

Las humedades en comunidades de vecinos siguen siendo una de las principales fuentes de conflicto en los edificios residenciales. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, dictada el 10 de octubre, ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad de la comunidad de propietarios cuando se toleran obras sin permiso en elementos comunes. El fallo condena a la comunidad a pagar más de 7.500 euros a un propietario de locales comerciales por los daños provocados por filtraciones de agua, y subraya que la pasividad de la comunidad, cuando existe conocimiento efectivo de una obra no autorizada y de la reiteración de los daños, puede generar responsabilidad frente a los propietarios perjudicados.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado una serie de reformas realizadas en el patio interior de un edificio por el propietario de un local comercial. Los jueces entienden que las actuaciones no alteraron elementos comunes ni causaron perjuicio a la comunidad de propietarios, los dos pilares que utiliza la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para considerar que una reforma inconsentida es ilícita. La clave para saber si la intervención en un patio interior necesita autorización es si la obra afecta a la estructura, configuración o seguridad del edificio. Si se limita a un uso normal del espacio y no modifica elementos esenciales, suele considerarse válida sin unanimidad.

Instalar un jacuzzi en la terraza puede parecer una mejora atractiva…, hasta que afecta a la estructura del edificio y acaba en los tribunales. Eso es lo que ha ocurrido en Oviedo, donde la Audiencia Provincial ha confirmado la responsabilidad de los propietarios y la obligación de ejecutar todas las obras necesarias para garantizar la estanqueidad, tras instalar un jacuzzi sin autorización y realizar otras intervenciones que acabaron provocando filtraciones; así como abonar 1.962 euros por los daños ocasionados a la vivienda inferior. Todo un ejemplo de cómo una intervención no autorizada en elementos comunes puede derivar en conflictos graves y prolongados dentro de la comunidad.

La Audiencia Provincial de Zamora ha zanjado un conflicto frecuente en muchas comunidades de vecinos: ¿deben los propietarios de locales comerciales pagar la instalación del ascensor aunque no lo usen? Su sentencia confirma que todos los comuneros están obligados a contribuir al coste, aun cuando sus estatutos les eximen de determinados gastos. El fallo, alineado con la doctrina del Tribunal Supremo, aclara que la instalación del ascensor constituye una obra necesaria para garantizar la accesibilidad y la habitabilidad del edificio, y no una simple mejora opcional.

En tiempos en los que el número de envíos de paquetería se ha multiplicado y sigue al alza, es normal preguntarse si tiene obligación el conserje de recoger los paquetes de los vecinos.

La Audiencia Provincial de Zamora, en la Sentencia 231/2025, ha confirmado que los locales comerciales de un edificio deben contribuir al coste de instalación del ascensor, aunque no lo utilicen, al considerar que se trata de una obra necesaria para la habitabilidad del inmueble y no de una simple mejora. Con esta resolución, el tribunal refuerza la tendencia jurisprudencial que considera la instalación de ascensores como una obra necesaria y obligatoria para todos los copropietarios, incluso para los locales exentos de otros gastos comunes.

Colocar un toldo o una pequeña instalación en la terraza puede parecer algo sin importancia, pero hacerlo sin permiso de la comunidad puede salir caro. Así lo ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid, que ha confirmado una sentencia que obliga a una vecina a retirar un toldo y una puerta metálica colocados en una terraza de uso privativo. El tribunal concluye que estas obras supusieron una modificación no autorizada de elementos comunes del edificio, realizada sin el consentimiento de la comunidad.

Pocas situaciones resultan tan estresantes como descubrir filtraciones en el techo provocadas por el vecino de arriba.

El Tribunal Supremo ha establecido que una asociación de propietarios no puede imponer unilateralmente criterios de reparto de gastos distintos a los pactados en el reglamento original de la urbanización sin el consentimiento unánime de todos los copropietarios. El caso se originó en 2017 a raíz de la reclamación formulada por una asociación de propietarios de una urbanización afectada por fuertes lluvias, que exigía a varios copropietarios el pago de los gastos derivados de las obras de reparación de los accesos y viales.

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Guadalajara ha dado la razón a un vecino de El Casar (Guadalajara) afectado por filtraciones de agua en su plaza de garaje, causadas por los daños en el deterioro de la lámina impermeabilizadora de la terraza-patio de la vivienda situada justo encima. Durante el proceso, tanto la comunidad como la aseguradora trataron de desvincularse del problema, alegando que los propietarios del piso superior habían llevado a cabo una ampliación irregular que habría modificado los desagües. Sin embargo, el juez mantiene la responsabilidad de la comunidad de propietarios.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la reclamación de una comunidad de vecinos que exigía la devolución de una cantidad embargada por error de su cuenta bancaria. La Sala de lo Social concluye que el perjuicio alegado no deriva de una resolución dictada por un juez o magistrado, sino de una actuación de la Letrada de la Administración de Justicia durante la fase de ejecución del procedimiento. Al no provenir de una decisión judicial propiamente dicha, el caso no puede considerarse un error judicial en sentido estricto.

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a las obras en comunidades de propietarios. La Sala de lo Civil ha dejado claro que un vecino no puede modificar su vivienda dentro de una urbanización si con ello rompe la estética del conjunto o perjudica a otros residentes. Y esto se aplica incluso cuando se hacen las reformas en espacios de uso privativo, como una terraza. El caso comenzó en Madrid, donde los propietarios de una vivienda adosada cerraron la terraza superior de su casa. Lo hicieron con licencia municipal, pero los vecinos no estuvieron de acuerdo, por lo que denunciaron que el cerramiento desfiguraba la fachada del conjunto y restaba vistas a los demás.

¿Quién paga cuando las humedades se filtran desde una terraza y afectan al piso inferior? La pregunta no es nueva en las comunidades de vecinos, pero vuelve a la actualidad gracias a una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que refuerza la doctrina ya consolidada y aporta un criterio relevante para propietarios y comunidades. El fallo resuelve que los daños detectados en una vivienda no se debieron al uso de la terraza del ático, sino a un defecto estructural de la cubierta del edificio. Y fue esa diferencia la que cambió todo, siendo la comunidad de propietarios quien debe hacerse cargo de la reparación.