Comunidad de propietarios

La falta de acuerdo no permite a una comunidad de propietarios dejar vacante la presidencia como forma de funcionamiento. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Bizkaia, que ha declarado nulo el acuerdo adoptado por una comunidad que decidió seguir funcionando sin presidente después de que la candidatura propuesta fuera rechazada. La sentencia, del 4 de junio, recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) prevé distintos mecanismos para garantizar el nombramiento del presidente cuando la elección no prospera, por lo que la comunidad no puede dar por finalizado el proceso sin cubrir este cargo.

Hay administradores de fincas que llevan décadas gestionando los mismos edificios sin un plan de sucesión claro. Antonio Baldellou, CEO de inmho en España, lo identifica como uno de los motores del negocio que dirige: un sector extremadamente fragmentado, con poca profesionalización y sin grandes operadores hasta que aparecieron los consolidadores. inmho gestiona 15.000 comunidades de propietarios, con el segundo operador probablemente en la mitad de esa cifra. Sin embargo, eso representa menos del 3% de un mercado de un millón de comunidades en España. También cuenta con 8.000 alquileres bajo gestión.

Las decisiones de una comunidad y el presupuesto anual se aprueban en la junta. Sin embargo, hay una duda muy habitual entre los propietarios: ¿es obligatorio asistir a las reuniones de vecinos?

Muchas personas se plantean cerrar su plaza de aparcamiento en el garaje comunitario por motivos de seguridad o para utilizarla como trastero, además de para guardar el coche. Pero ¿es esto legal? ¿Cómo se podría hacer y de qué depende?

Instalar una pérgola en la terraza puede parecer una obra sencilla, especialmente cuando la comunidad lo autoriza. Sin embargo, este visto bueno no permite cualquier actuación. Si la obra ejecutada no coincide con la aprobada, se puede exigir la retirada de aquello que exceda de la autorización concedida. Así lo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, concluyendo que el propietario puede mantener la estructura de madera, pero no la cubierta que añadió posteriormente.

Se aprueba una derrama en una comunidad de propietarios y cuando llega el momento de pagar, uno de los vecinos no lo hace.

¿Qué ocurre cuando unas obras en la vía pública terminan provocando daños en un edificio? La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense nos da la respuesta, recordando la importancia de respetar las condiciones autorizadas. El juzgado ha condenado a una empresa a indemnizar con 6.595,71 euros más las costas a una comunidad de propietarios por los daños causados durante la ejecución de unos trabajos que provocaron una fuga de agua.

La complejidad administrativa se ha convertido en una de las grandes cuestiones de fondo para el sector de la administración de fincas. En los últimos meses, diversos colegios profesionales y organizaciones sectoriales han alertado del impacto que están teniendo la creciente carga regulatoria, la tramitación documental y la acumulación de obligaciones vinculadas a rehabilitación, sostenibilidad o coordinación de proveedores sobre la gestión diaria de las comunidades de propietarios. El gran desafío ya no consistirá únicamente en gestionar edificios, sino en gestionar toda la complejidad que existe alrededor de ellos.

Cada vez es más frecuente la instalación de cámaras de seguridad por parte de comunidades de propietarios.

Cambiar un cerramiento de pavés por una ventana puede parecer una reforma menor, pero cuando esa modificación afecta a la relación entre dos fincas colindantes, las consecuencias pueden acabar resolviéndose en los tribunales. Es precisamente lo que ocurrió en un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado la razón a una comunidad después de que varios vecinos sustituyeran esos elementos por ventanas practicables en el muro que delimitaba ambas propiedades.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona vuelve a poner el foco en un aspecto clave: no basta con que el aparato de aire acondicionado esté permitido, también debe respetar los límites de la convivencia, en especial la prohibición de causar molestias a otros vecinos. El caso parte de una comunidad que decidió actuar frente a la instalación de una unidad exterior situada en la parte baja de una terraza. El problema no era el aire acondicionado en sí, sino su efecto: expulsaba aire caliente hacia la terraza colindante.

Tres años después de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal la tenencia de mascotas en pisos sigue generando dudas entre los propietarios. Dicha norma reconoce a los animales como "seres sintientes" y refuerza el derecho a tenerlos bien atendidos en un domicilio, pero no deroga automáticamente los estatutos comunitarios si estos limitan su presencia en las fincas. Así lo avaló el pasado abril una sentencia que enfrentó al dueño de un caniche contra sus vecinos y dio la razón a estos últimos. Una resolución que, para el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, otorgó preferencia a la capacidad de autorregulación de cada comunidad frente a esta norma estatal, siempre que se encuentre dentro de los límites de la Ley de Propiedad Horizontal.

Alquilar tu vivienda vacacionalmente puede ofrecerte unos ingresos extra, pero puede perjudicar a los vecinos, por ejemplo, con ruidos molestos. Las comunidades de propietarios tienen potestad para restringir o limitar los pisos turísticos, pero qué ocurre en comunidades de vecinos formadas por dos casas si una de ellas está favor y la otra está en contra. En este caso no es posible alcanzar un acuerdo que permita el voto favorable para restringir el alquiler turístico, por ejemplo, limitando o condicionando la actividad turística. En opinión del abogado Juan R. Méndez, exploraría la vía del juicio de equidad, dispuesta en el artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal.

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

¿Todos los bloques de pisos o casas agrupadas tienen que ser, forzosamente, una comunidad de propietarios? Lo cierto es que no y tampoco es obligatorio, aunque constituir una comunidad puede tener ventajas. Cuando existen cinco o más propietarios, lo habitual y recomendable es constituir una comunidad de propietarios. Aunque la normativa no establece de manera expresa una obligación en todos los supuestos, la comunidad facilita la organización interna, la gestión económica y la toma de decisiones sobre zonas comunes y servicios compartidos.

¿Qué ocurre cuando un edificio funciona como si fueran varias comunidades de propietarios pero legalmente no lo son? La Audiencia Provincial de Navarra ha dado respuesta en una sentencia del 18 de marzo: los acuerdos adoptados en esas circunstancias pueden ser nulos. El caso parte de una situación muy habitual, especialmente en bloques de viviendas con varios portales. Durante años, en un edificio cada acceso actuaba por su cuenta, se celebraban juntas separadas, se aprobaban cuotas distintas y se gestionaban gastos de forma independiente. El conflicto arrancó cuando uno de los portales convocó una junta.

Se acerca el verano y las terrazas y los balcones de los edificios se utilizan con más frecuencia. Aunque la ley no específica claramente qué está prohibido o no en estos espacios exteriores, sí que ofrece el marco. Por ejemplo, no se pueden realizar actividades molestas, peligrosas, insalubres, ilegales o que puedan dañar el edificio. En lo que respecta a las barbacoas, las piscinas o los jacuzzis, la clave está en lo que establezca cada comunidad de vecinos y la ordenanza municipal, pero conviene tener en cuenta que el humo y los olores pueden molestar a los vecinos y que el peso de una piscina puede suponer un riesgo estructural para el inmueble. Ante la duda, conviene preguntar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas.

Según establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el presidente de una comunidad debe tomar las decisiones, y conseguir que se lleven a cabo, según lo que se haya acordado en la junta de propietarios. En función de la propuesta presentada, será necesario contar con la unanimidad de todos los vecinos o simplemente la mayoría de los presentes en la reunión. En las cuestiones del día a día, como la contratación de servicios o la gestión económica, no necesita de consenso, ni tampoco en actuaciones de urgencia que pongan en peligro la seguridad del inmueble, pero debe explicar todo lo que ha hecho.

Los ruidos son uno de los principales motivos de conflicto en una comunidad de propietarios. El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que no está permitido desarrollar "actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”, aunque conviene intentar resolver los conflictos de forma amistosa antes de mandarle un burofax, llamar a la policía e ir a juicio. Por tanto, es recomendable hablar con el vecino primero para comunicarle que te molestan los ruidos.

Uno de los conflictos habituales en aquellos edificios y comunidades con pisos en planta baja, aunque pueden darse en todo tipo de urbanizaciones, es la instalación de rejas de seguridad en ventanas, balcones y terrazas. Estos equipamientos tienen como objetivo aumentar la seguridad y evitar robos, pero hay a quien le molestan porque alteran la estética de la fachada. ¿Se puede oponer la comunidad a su instalación? Sí que puede oponerse a la instalación de rejas, ya que cambia la configuración de la fachada y pueden entender que no existen riesgos asociados, sea o no cierto.

Los ascensores forman parte de nuestro día a día y su funcionamiento es clave para la seguridad en los edificios. Tras la aprobación en 2024 del Real Decreto 355/2024, que actualiza las exigencias técnicas aplicables a estos equipos, comienza ahora su aplicación práctica a través de las inspecciones periódicas. Y ojo, porque esta ley obliga a muchas comunidades de propietarios a revisar y, en su caso, modernizar sus elevadores y realizar reformas cuando no cumplen los requisitos técnicos. El coste puede llegar a los 40.000 euros.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que en toda comunidad de vecinos tiene que haber un presidente, que se elegirá por votación por parte de los propietarios, mediante sorteo o turno rotatorio. Pero ¿qué pasa si el presidente de la comunidad de propietarios es corrupto o negligente, ¿se le puede echar? ¿Y al administrador de fincas? A ambos se les puede denunciar y destituir cuando existe incumplimiento de sus funciones, negigencia o daños causados a la comunidad o a propietarios individuales.

La convivencia con animales domésticos en las comunidades de propietarios es fuente de conflicto recurrente. Un juzgado de Vigo ha avalado la prohibición de tener mascotas en un edificio residencial, pese a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, y ha rechazado la demanda de un propietario que pretendía convivir con su perro en su vivienda habitual. La resolución concluye que la comunidad actuó conforme a derecho y que dicha limitación no vulnera la normativa vigente, fallo que refuerza el peso de los estatutos en el régimen de propiedad horizontal. Según los hechos probados, el propietario adquirió el perro en agosto de 2023 cuando ya residía en el inmueble y era plenamente consciente de la prohibición.

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco obliga al Ayuntamiento de Irún a pagar más de 214.000 euros a una comunidad de propietarios por el mantenimiento de un vial privado usado por el público durante años, en una sentencia que corrige el criterio previo y reconoce que la administración no puede beneficiarse de un uso general sin asumir sus costes. El plan urbanístico de la ciudad, lejos de exonerar al consistorio, se convierte en la base para condenarlo: si hay uso público, hay obligación de contribuir al mantenimiento y conservación del espacio.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a una comunidad de propietarios de Pamplona a pagar casi 8.000 euros a un propietario por los daños causados por filtraciones de agua en su local comercial, pese a que el origen de las humedades se encontraba en una terraza que era de uso privado de uno de los vecinos del edificio. Los problemas comenzaron en 2019 tras un periodo prolongado de lluvias y fueron agravándose con el tiempo.