El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco contra diversos artículos de la Ley estatal de Vivienda. En concreto, País Vasco alega que esta normativa podría vulnerar el ámbito competencial reservado a las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, en particular, las atribuciones garantizadas por el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pero no es el único recurso que tiene entre manos el alto tribunal: hay otros ocho recursos de inconstitucionalidad entre los que destacan el de Andalucía, Madrid o Baleares.
En una comparecencia del pasado 26 de julio de 2023 el portavoz del Ejecutivo Vasco, Bingen Zupiria, señaló que la Ley de Vivienda contiene varios preceptos que "condicionan el autogobierno vasco en materia de vivienda" y, por lo tanto, "existe una vulneración de competencias que corresponden" a Euskadi.
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno sostiene que la Ley estatal "ocupa el ámbito vasco para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar".
Por ello, el recurso de inconstitucionalidad impugna hasta siete preceptos de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda: los artículos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18 así como la disposición transitoria segunda.1; la disposición adicional tercera, disposición final primera, apartados uno, tres y seis, y la disposición final cuarta de la citada norma.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda es objeto de ocho recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Además de estos dos, la norma ha sido recurrida por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por el Parlamento de Cataluña y por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears y Madrid (admitidos a trámite en el Pleno del 26 de septiembre de 2023.
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