El Institut Català del Sòl (Incasòl) utilizará parte de los fondos de las fianzas de alquileres que gestiona para la construcción de vivienda pública, con especial atención al régimen de alquiler. La medida se debe a una modificación en la disponibilidad de estos fondos, que permitirá liberar recursos para impulsar nuevas promociones.
Hasta ahora, el Incasòl debía mantener un 10% del importe total de las fianzas de alquileres en reserva, pero este porcentaje se reducirá al 5%. Con este ajuste, la Generalitat podrá destinar unos 80 millones de euros a proyectos de vivienda pública.
La decisión responde a la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible en Cataluña, donde la demanda de alquiler social supera con creces la oferta disponible. Con esta inyección de fondos, se espera acelerar la construcción de nuevas viviendas protegidas para facilitar el acceso a una residencia digna.
El Incasòl gestiona actualmente las fianzas de alquiler que deben depositar los propietarios, y estos fondos se han utilizado tradicionalmente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con el nuevo uso de parte de estos recursos, se busca dar una respuesta más eficiente a la emergencia habitacional.
Desde el Govern se destaca que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el parque de vivienda pública. Además del uso de estos fondos, se están explorando otras vías de financiación para aumentar el número de viviendas de alquiler social.
El sector inmobiliario y los colectivos de vivienda seguirán de cerca la implementación de esta medida para evaluar su impacto en la construcción de VPO y en el mercado de alquiler en Cataluña.
Más medidas para ampliar el parque de vivienda pública
El Govern también ha aprobado otras medidas para reforzar el acceso a la vivienda. Se ampliarán los ámbitos en los que la Administración podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir pisos a grandes tenedores en municipios con mercado residencial tensionado. Todas las viviendas adquiridas mediante esta vía se calificarán como protegidas de forma permanente, garantizando el crecimiento del parque público.
Además, se facilitará el proceso de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial, permitiendo a los interesados registrarse para optar a promociones concretas con menos trámites. También se endurecerán las sanciones ante la negativa a suministrar datos sobre viviendas vacías u ocupadas, y se asegurará la puesta en marcha del Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, obligando a la inscripción y a la declaración de los inmuebles en propiedad.
El Ejecutivo catalán ha establecido, además, un módulo único de precio de alquiler y venta de vivienda protegida en toda Cataluña. Los promotores tendrán la certeza de que el precio del alquiler será de 10,65 euros por metro cuadrado y podrán explotar la promoción durante 75 años, tras lo cual el suelo y el edificio pasarán a ser de titularidad pública. Finalmente, la Llei de Barris podrá comenzar a desplegarse sin necesidad de un reglamento específico para su implementación.
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