En una calle tranquila del Eixample, a dos pasos de la Sagrada Familia, hay un piso reformado que brilla por fuera, pero que para su propietario se ha convertido en una pesadilla. La vivienda pertenece a un hombre con un 76% de discapacidad que, desde hace años, no puede acceder a su propio hogar porque está ocupado por una familia que dejó de pagar el alquiler tras la pandemia. Quien alza la voz es su primo Alberto Asín, que tras el fallecimiento de su tío asumió la tutela legal: “Desde entonces yo soy el tutor legal de mi primo y, en su nombre, pido soluciones”.
El piso, situado en la calle Valencia y con tres habitaciones y dos baños (uno de ellos en suite), fue reformado para sacarle un rendimiento razonable en el mercado del alquiler. La renta pactada era de 900 euros mensuales, un precio que Asín considera ajustado teniendo en cuenta que se trata de un entresuelo junto al metro y a escasos metros de la Sagrada Familia. “Era un piso muy apañado, mi tío incluso pensó en poner ahí una gestoría, pero al final lo alquilamos para que generase ingresos y ayudara a cubrir los gastos de mi primo”, explica.
Durante los primeros años, los inquilinos, una pareja cubana con dos hijos adolescentes, pagaron con normalidad. Pero con la llegada de la pandemia la situación cambió. “Yo les ofrecí durante tres meses pagar solo el 50% del alquiler, lo mismo que hice con el otro inquilino de otro piso de mi primo. Pero después de la pandemia empezaron los problemas: que no podían pagar, que no sé qué… hasta que dejaron de pagar del todo”, recuerda. La fianza de cinco meses quedó consumida y, tras medio año sin ingresos, Asín acudió a los tribunales.
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El procedimiento judicial dio la razón al propietario y se fijó fecha de lanzamiento. Sin embargo, la mujer de la pareja se declaró insolvente y, al ser considerada vulnerable por tener dos hijos menores, el desahucio quedó suspendido. “Lo que yo pido es que eso se revise cada cierto tiempo, no que se declare una vez y ya esté. Decía que ganaba 150 euros al mes… con eso no pagas ni la luz en invierno. Mientras tanto, mi primo, que va con andador dentro de casa y necesita ayuda para todo, ¿no es vulnerable?”, protesta Asín.
El problema va más allá del impago. Los gastos de la vivienda (IBI, comunidad, derramas) siguen corriendo a cargo del propietario. “Es que lo mínimo sería que, si el Estado decide que estas personas no se pueden ir, nos paguen el alquiler directamente a nosotros. Y mientras dure la situación, que al menos nos liberen de pagar el IBI. Es muy fuerte: estamos pagando por una vivienda de la que no podemos disfrutar”, denuncia.
El tutor insiste en que no se trata de una cuestión de dinero, sino de justicia. “Si en Bilbao dan 750 euros de ayuda al alquiler, ¿por qué aquí no? Yo no digo que estas personas no sean vulnerables, me parece bien que se les ayude, pero que no se haga a costa de un propietario que además es discapacitado. Si el Estado decide que no pueden irse, que nos compense. Lo que no puede ser es que mi primo esté más desprotegido que ellos”.
El desgaste, tanto económico como emocional, ya ha tenido consecuencias. El tutor legal admite que, cuando el proceso termine, difícilmente volverá a poner la vivienda en alquiler como residencia: “Lo quitaré del mercado y lo pondré como despacho o lo venderé. Y así habrá un piso menos de alquiler en Barcelona. Luego dicen que no hay oferta… ¿cómo no va a faltar si nos dejan en esta situación?”.
La familia, impotente ante la parálisis judicial, ha decidido dar un paso más y lanzar una petición en Change.org que ya reúne miles de firmas. Reclaman tres medidas claras: revisiones periódicas de la vulnerabilidad de los ocupantes, que las ayudas al alquiler se entreguen directamente a los propietarios y que se exonere del pago de impuestos a quienes no puedan disponer de su vivienda por estos casos.
El caso de este hombre con un 76% de discapacidad, atrapado por la inquiokupación en pleno Eixample, no es solo un drama familiar. También refleja una tendencia que preocupa en Barcelona: cada vez más propietarios, hartos de la desprotección, optan por retirar sus pisos del mercado de alquiler. Una espiral que, lejos de resolver la crisis de vivienda, amenaza con agravarla.
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