El debate sobre las viviendas de uso turístico sigue ocupando un lugar destacado en la opinión pública, en un contexto marcado por la subida del precio los alquileres, las dificultades de acceso a la vivienda y un fuerte crecimiento demográfico.
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Ante este escenario, Juan Cubo, presidente de AVVA Pro (Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía), defiende en ‘Onda Cero’ la contribución del sector a la economía local y cuestiona que se le responsabilice de la crisis habitacional, que atribuye a la insuficiente construcción de inmuebles y a la falta de planificación urbanística durante la última década.
“Ola populista” que desvía el foco
Cubo habla de una “ola populista” que, a su juicio, desvía la atención del origen real del problema, y recuerda que las viviendas turísticas representan únicamente entre el 2 y el 3% del parque residencial de Málaga, por lo que, según sostiene, su influencia sobre el mercado inmobiliario no es tan determinante como se les atribuye.
Para el presidente de la asociación, el principal desafío de la provincia es el desequilibrio entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de nuevas viviendas, ya que, en su opinión, Málaga lleva más de una década sin construir al ritmo necesario para responder a su expansión demográfica y económica, y ese dinamismo no ha ido acompañado de una planificación suficiente por parte de las administraciones.
De ahí que insista en que restringir la actividad turística no resolverá las dificultades de acceso a la vivienda y que advierta de que esas limitaciones pueden perjudicar a la economía y al empleo. Como ejemplo, señala que, pese a las restricciones que se aplican en la ciudad, los precios de compraventa y alquiler siguen aumentando, algo que a su juicio evidencia que el problema es la escasez de oferta residencial.
En cuanto a la moratoria sobre las viviendas turísticas y el endurecimiento de las condiciones de la actividad, Cubo recuerda que la asociación no se opuso inicialmente, al considerar que permitiría comprobar sus efectos reales sobre el mercado, pero sostiene que las medidas adoptadas no están alcanzando los objetivos anunciados y critica la rapidez con que se aprueban nuevas disposiciones.
En su opinión, el sector ha pasado de un escenario de escasa regulación a otro de excesiva intervención, y defiende normas que garanticen la calidad de los alojamientos y que sirvan para “ordenar la actividad y no para prohibirla”. También reivindica el derecho de los propietarios a decidir el destino de sus inmuebles y recuerda que muchas viviendas se destinan al alquiler turístico por seguridad jurídica, rentabilidad o necesidades de uso temporal.
Control del ruido y perfil del huésped
Frente a las críticas por las molestias vecinales, Cubo destaca los avances del sector en profesionalización y control y afirma que, según los datos de la asociación, Málaga es la ciudad española con mayor implantación voluntaria de dispositivos de control de ruido en viviendas turísticas. Aproximadamente un tercio de los alojamientos cuenta con sistemas capaces de detectar niveles sonoros elevados y activar protocolos, que consisten en avisar a los huéspedes y, si el problema persiste, movilizar a personal que interviene en la vivienda.
Según los registros que cita el presidente de la asociación, prácticamente todas las incidencias se resuelven en menos de 28 minutos, y los episodios registrados durante el verano representan en torno al 0,012% de las pernoctaciones.
Más oferta y un marco estable
El presidente de AVVA Pro se muestra convencido de que las viviendas de uso turístico son una modalidad plenamente consolidada, que seguirá formando parte de la oferta de Málaga y la Costa del Sol, y considera que su futuro pasa por reforzar la profesionalización, mejorar los estándares de calidad y contar con un marco regulatorio estable que dé seguridad a propietarios y usuarios.
En cuanto a la solución a la crisis de vivienda, Cubo la vincula a aumentar la oferta y, para ello, reclama simplificar la normativa urbanística, reducir las cargas burocráticas y facilitar que los promotores puedan construir al ritmo que exige la demanda, además de adecuar la planificación residencial al crecimiento de la población, vinculado a los movimientos migratorios y a la llegada de nuevos residentes.
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