El asesor español de la UE en vivienda cuestiona los límites a pisos turísticos y segundas residencias

Jaime Pérez Luque es el único español que forma parte del Comité Asesor de Vivienda de la Unión Europea, el grupo de trabajo encargado de realizar recomendaciones a Bruselas para el Plan Europeo de Vivienda Asequible, que todavía tiene un largo camino legislativo por delante para entrar en vigor.

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El también director del Instituto ESCP de Finanzas y Gestión Inmobiliaria ha cuestionado durante el V Congreso Nacional de Vivienda organizado por APCE en Barcelona varios puntos de la propuesta que aprobó Bruselas en septiembre, nueve meses después de que el Parlamento Europeo planteara un texto. 

A pesar de que ha valorado de forma positiva el "cambio de paradigma, donde se puso por primera vez atención a la vivienda", ha criticado que el texto impulsado por la Comisión Europea es "decepcionante" y "muy descafeinada". No solo porque ha dejado fuera una "gran cantidad de propuestas interesantes que tuvimos sobre la mesa", sino porque apuesta por regulaciones como los límites a los pisos turísticos o a la compra de segundas residencias en zonas con mucha presión en vivienda. 

Según Pérez Luque, las propuestas sobre el alquiler turistico podrían tener "un impacto muy negativo en países y zonas turísticas -por ejemplo, en términos de empleo", mientras que las limitaciones a la segunda residencia podrían atentar contra la libre circulación de capitales, por lo que considera que su aplicación sería complicada. "Las propuestas de regulación son peligrosas", ha recalcado.

Otra de las razones por las que considera que el texto europeo no cumple expectativas es que se reduce a la puesta en marcha de una plataforma paneuropea que aúne inversión público-privada.

En cuanto a los puntos más positivos, ha hecho hincapié en la eliminación de los límites para invertir en vivienda asequible (hasta ahora, es necesario pedir el visto bueno de Bruselas para proyectos de vivienda asequible de más de 15 millones de euros, tope que no existe en el caso de proyectos de vivienda social) y en que no se está valorando topar el precio de los alquileres. 

Por otro lado, el director del Instituto ESCP de Finanzas y Gestión Inmobiliaria ha hablado de la importancia de movilizar más financiación para impulsar el desarrollo de viviendas, ya que el capital público solo supone del 8%, a través del ahorro privado europeo. Su propuesta pasa porque el BCE acepte como garantía bonos europeos para vivienda asequible, que se reduzcan los requisitos de capital de los bancos para que inviertan en ella y que se cree un fondo paneuropeo que diversifique el riesgo. En su opinión, este esquema atraería capital y ofrecería un retorno estable con poco riesgo. Este punto todavía debe terminar de definirse.

Europa necesita 10 millones de viviendas

En la jornada también ha intervenido en el debate es Borja Giménez Larraz, eurodiputado del PP y ponente y uno de los redactores del informe del Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda, quien también ha mostrado sus recelos acerca del texto aprobado y sus dudas sobre el encaje legal de las limitaciones sobre los pisos turísticos o la compra de segundas residencias. 

Al igual que Jaime Pérez Luque, Giménez asegura que la ley de vivienda asequible que ha presentado Bruselas "supuso una profunda decepción. Ha incluido algunas recomendaciones presentadas por el Parlamento Europeo, como reducir a 60 días el plazo para la obtención de permisos de construcción, pero lo que pretende es regular e intervenir el mercado con restricciones a los alojamientos turísticos y a las compras de segunda residencia, que me parece especialmente preocupante. Personalmente creo que tiene difícil encaje con algunos de los principios fundamentales de la Unión Europea como pueden ser la libertad de mercado y la libre competencia". 

Durante su exposión, el eurodiputado del PP también ha insistido en que la crisis de la vivienda "afecta al conjunto de Europa. En los últimos ocho años hemos observado cómo el precio de la vivienda ha subido un 74% y el del alquiler un 45% en el conjunto de Europa. El problema que observamos, y que también es común, es que hay una falta de oferta generalizada".

Según el europarlamentario, Europa necesita construir 10 millones de viviendas (de las que unas 750.000 serían en España, según el déficit residencial que calcula el Banco de España para este año) y esta falta de oferta es "lo que está empujando los precios hacia arriba". Además de la falta de viviendas, Giménez también asegura que hay otros problemas comunes que arrastra el mercado residencial europeor: "Hay una regulación compleja y una excesiva burocracia, falta suelo finalista, falta financiación, los impuestos son elevados, se está produciendo un aumento de los precios de la energía y los costes de las familias, falta mano de obra..."

Y aunque cree que existe cierto margen de actuación a nivel europeo para atajar estos obstáculos, el eurodiputado popular defiende el llamado 'principio de subsidiariedado'; es decir, que debe primar la competencia nacional, regional y local antes que la comunitaria. "Las administraciones más cercanas al ciudadano son las que conocen mejor sus necesidades y las de las ciudades y los pueblos en materia urbanística y de construcción. Es algo que no debemos de perder de vista. No podemos plantearnos a día de hoy que desde Europa vayamos a dictaminar es un único modo de ver la vivienda", ha argumentado. 

Borja Giménez también ha afirmado que el problema de la vivienda tiene su reflejo en la competitividad y la productividad de la UE y que está lastrando la movilidad de los trabajadores y la captación de talento en muchas ciudades, donde "es complicadísimo poder subsistir y buscar una vivienda"; la misma teoría que manejan promotores, inversores y otros agentes del negocio inmobiliario.