Los decretos leyes de vivienda afrontarán este 12 de noviembre su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13.
Como la mayoría de los decretos ley, el segundo de los textos, el RD 29/2026 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en este caso desde el pasado 8 de octubre. Sin embargo, tiene que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta (30) días, según lo que dicta la Constitución.
Por su parte, el primero de los decretos, el RD 28/2026, es una excepción en el caso de la entrada en vigor. Tal y como contempla su disposición final segunda "el presente real decreto-ley entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026", por lo que aún no se aplica.
Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente (único órgano que queda activo ante la disolución) quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos.
La fecha elegida para tomar esa decisión ha sido este jueves 12 de noviembre. Además de los decretos, también comparecerá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para explicar la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030.
La Diputación Permanente tendrá que volver a reunirse más adelante para decidir sobre otros decretos que están pendientes de votación en el Congreso, uno con medidas de protección social y laboral, otro con las ayudas a las víctimas de la tragedia Ferroviaria de Urda (Toledo) y otro, aprobado este mismo martes, para conceder ayudas a familias monoparentales.
El decreto con la mayoría de medidas tiene mayoría, el monotemático de alquiler permanente no
Como hemos comentado, los decretos de vivienda son dos textos distintos: uno incluye un abanico de medidas amplio para intervenir en el mercado de la vivienda, sobre todo en el alquiler, y el otro modifica el anterior para convalidar la aparición de los alquileres permanentes, con medidas que obligarán al propietario a pagar una indemnización al inquilino si decide romper el contrato de alquiler. Ambos decretos afectan de lleno a los propietarios de viviendas en alquiler.
El Gobierno intentó aprobar estas dos normas a principios de octubre este año, pero se encontró con la oposición de PP, Vox, Junts y UPN (formaciones que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños) en los dos decretos. Además, el PNV y Coalición Canaria también votaron en contra del decreto que regulaba la indemnización al inquilino.
La caída de esos decretos provocó el adelanto electoral al 29 de noviembre. Una vez disueltas las Cortes, el Ejecutivo decidió volver a aprobar los textos con pequeñas modificaciones para que no fuesen exactamente iguales, con la diferencia de que se votarían en la Diputación Permanente, donde sí tiene los números para aprobar al menos el decreto más general de medidas.
Este órgano tiene 69 diputados, de los cuales el bloque de izquierdas tiene 34 repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación esta última que representa a todo el Grupo Mixto; frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts.
De este modo, la llave la tiene el PNV, que tiene un escaño en la Diputación. Los vascos ya han confirmado que, tal como hicieron antes del adelanto electoral, apoyarán el decreto más amplio y votarán en contra del otro.
Así las cosas, el decreto con la prohibición de desahucios, los límites en la compra de vivienda a los llamados 'fondos buitre' o las bonificaciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos podrá convalidarse con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, con la indemnización a los inquilinos, no tiene mayoría para ser convalidado.
Principales medidas ya en vigor
Entre las medidas que incluye el primer decreto, está el mecanismo llamado 'Tu Casa', que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda. Este estará dotado con 10.000 millones de euros.
Además de la dotación de la línea del ICO, se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, al tiempo que endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos 'buitre', ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.
Asimismo, el primer decreto establece la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se regula una prórroga automática de los contratos de alquiler hasta el 2028.
En lo que respecta al otro decreto, el texto fija que una vez superados los cinco años de alquiler (siete si el propietario es una persona jurídica), el contrato de alquiler se prorrogue automáticamente otros cinco años y, si el casero quiere romper el contrato, se abone una indemnización equivalente al pago de un año de alquiler al inquilino.
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