El casero puede evitar las prórrogas si necesita la vivienda, pero no acortar la duración del alquiler

La Audiencia de Baleares rechaza que el propietario ponga fin al contrato antes de que finalice el plazo pactado de cinco años
Calendario de sobremesa con el día 30 marcado en rojo y un bolígrafo señalándolo
La Audiencia de Baleares rechaza que el casero recupere la vivienda antes de que finalice el plazo pactado Creative commons

La Audiencia Provincial de Baleares ha recordado en una sentencia del 4 de junio que un propietario no puede recuperar su vivienda alegando que la necesita si el plazo que pactó con el arrendatario sigue vigente.

El tribunal ha dado la razón a un inquilino que se negó a abandonar el piso tras recibir un burofax en el que el arrendador le comunicaba que lo necesitaba para residir con su familia. El contrato tenía una duración de cinco años y todavía quedaban dos para que venciera.

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El inquilino consideraba que el casero no podía ponerle fin antes de tiempo y cuestionaba la necesidad alegada, ya que durante el procedimiento aportó documentación que demostraba que el propietario tenía otro inmueble en la misma localidad y que lo alquiló prácticamente al mismo tiempo que le reclamaba la entrega.

Ante la negativa del arrendatario, el casero acudió a los tribunales para solicitar la resolución del contrato, el desahucio y una indemnización de 1.175 euros mensuales desde la fecha en que debía dejar la vivienda hasta su entrega efectiva.

Calculaba esa cantidad por la diferencia entre el importe que pagaba el inquilino y el precio medio de arrendamiento de inmuebles similares en la zona. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma desestimó íntegramente su demanda, por lo que recurrió en apelación.

¿Puede el casero recuperar la vivienda antes de que finalice el plazo pactado?

El propietario defendía que tenía derecho a recuperar el inmueble porque el contrato incluía una cláusula que le permitía hacerlo por necesidad tras el primer año, siempre que avisara con al menos dos meses de antelación, siendo este uno de los requisitos exigidos en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La Audiencia Provincial, sin embargo, recalca que ese precepto no confiere un derecho a resolver el contrato de forma anticipada. Para llegar a esta conclusión, distingue entre recuperar una vivienda cuando termina una prórroga y poner fin al alquiler antes de que venza el plazo pactado.

El artículo 9.3 permite al arrendador (si es persona física y así lo hizo constar en el contrato) evitar las prórrogas obligatorias cuando, una vez transcurrido el primer año, necesita ocupar la vivienda como residencia permanente para sí, para sus familiares en primer grado, o para su cónyuge en caso de divorcio, separación o nulidad matrimonial.

Pero este mecanismo no permite resolver cualquier contrato antes de su vencimiento. En este caso, las partes habían acordado una duración de cinco años, es decir, el casero pretendía interrumpir la duración acordada, no evitar las prórrogas.

Recordemos que el artículo 9.2 establece que el contrato se entenderá celebrado por un año cuando no se haya estipulado un plazo, mientras que el 9.1 dispone que, si bien la duración puede ser libremente pactada por las partes, el inquilino tendrá derecho a prorrogar el alquiler por periodos anuales hasta alcanzar los cinco años o los siete, si el arrendador es persona jurídica. El propietario puede utilizar el artículo 9.3 para evitar esas prórrogas, pero no para acortar la duración pactada.

La cláusula de necesidad no permite acortar el plazo pactado

La existencia de una cláusula que reconocía al propietario la posibilidad de recuperar la vivienda no cambia esta conclusión. La Audiencia recuerda que, conforme a los artículos 4.2 y 6 de la LAU, los pactos no pueden modificar en perjuicio del inquilino las normas del Título II, salvo que la propia ley lo autorice. Por este motivo, la cláusula que permitía resolver el contrato anticipadamente es nula y debe tenerse por no puesta.

De esta manera, que ambas partes hubieran incluido esa posibilidad no significa que el propietario pudiera ejercerla dejando al margen los límites que impone la LAU para proteger al inquilino.

El propietario tampoco acreditó la necesidad de recuperar la vivienda

Pese a que la duración pactada ya bastaba para rechazar la pretensión del casero, el tribunal también examinó las circunstancias en las que había solicitado la recuperación del inmueble y concluyó que tampoco acreditó suficientemente la necesidad alegada.

Uno de los elementos que tuvo en cuenta fue la existencia de otra vivienda de su propiedad en Palma. Además, el propietario firmó un contrato para arrendarla a un tercero el 12 de marzo de 2024, entrando en vigor el día 15 de ese mes.

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque apenas dos días después de formalizar ese alquiler, el 14 de marzo, envió el burofax para comunicar que necesitaba recuperar el inmueble.

La Sala considera significativo que el propietario arrendara la otra vivienda en lugar de utilizarla para vivir con su familia, sin explicar por qué había tomado esa decisión, pese a que parecía reunir las condiciones necesarias para servir como residencia.

A esta circunstancia se añadió la declaración de la suegra del casero, propietaria de la vivienda en la que este residía, quien manifestó que nunca le había pedido que se marchara y que fue él quien decidió abandonar el domicilio.

La Audiencia Provincial de Baleares valoró estos elementos y concluyó que no quedó acreditada una necesidad real que justificara recuperar el piso alquilado, por lo que desestimó el recurso, confirmó la sentencia de primera instancia y le impuso las costas.

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