Conflictos arrendador

Fumar dentro de una vivienda alquilada no obliga, por sí solo, al arrendatario a asumir el coste de la pintura, la limpieza o la sustitución del mobiliario cuando termina el contrato.

Intentar recuperar una vivienda en alquiler antes de tiempo puede tener consecuencias muy relevantes cuando no se respetan los requisitos que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que rechaza un desahucio por finalización de contrato al entender que el alquiler seguía dentro del periodo de prórroga obligatoria.

Pagar el alquiler durante años y continuar en la vivienda no significa necesariamente que el contrato siga protegido por las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Girona en una sentencia que da la razón a una arrendadora que reclamaba recuperar su piso tras finalizar el contrato. La resolución concluye que el alquiler ya había agotado sus prórrogas legales y que la relación entre las partes se encontraba en situación de tácita reconducción. En consecuencia, bastaba con comunicar la voluntad de no renovar.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid vuelve a poner el foco en uno de los conflictos más habituales del mercado del alquiler: la devolución de la fianza. El tribunal ha confirmado que la empresa propietaria del inmueble debe reintegrar este importe al inquilino, rechazando su reclamación por supuestos desperfectos. La clave vuelve a situarse en la prueba, ya que el arrendador no logró acreditar que los daños fueran consecuencia de un uso incorrecto de la vivienda. Por el contrario, la Sala considera que encajaban dentro del desgaste normal derivado del paso del tiempo y del uso cotidiano.

Un caso de duda frecuente entre quienes deciden arrendar una vivienda de su propiedad es si como propietario puede entrar en la vivienda alquilada o, por el contrario, el acceso al inmueble se encuentra vetado en favor del derecho del arrendatario a hacer un uso exclusivo de la casa mientras dure su contrato. Por lo general, no se podría acceder, pero existen excepciones por las que el propietario sí puede entrar en la vivienda arrendada, tal y como establece la propia Constitución española: "Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

Una tubería cede, el agua se filtra al piso de abajo y aparece la gran pregunta: ¿quién paga los daños cuando la vivienda está alquilada? Estos conflictos son de los más frecuentes entre inquilinos y propietarios y, a veces, acaban en los tribunales. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid señala que no se puede exigir responsabilidad al propietario si no hubo aviso para intervenir a tiempo. Distinto sería el supuesto en el que el daño es continuado y fácilmente perceptible, ya que en esos casos los tribunales pueden apreciar que el propietario tuvo posibilidad real de conocer la avería y exigirle una mayor diligencia en el mantenimiento de la vivienda.

Es una escena habitual: el propietario incluye en el contrato que el inquilino pagará los gastos de comunidad. Pasa el tiempo, surge un impago y llega la reclamación. Lo que parecía claro sobre el papel termina discutiéndose en los tribunales. La Audiencia Provincial de Alicante vuelve a poner el foco en un detalle que muchos pasan por alto: si el contrato no determina el importe anual de los gastos de comunidad en el momento de su firma, el pacto de repercusión no resultará exigible al arrendatario.

¿Qué ocurre cuando un propietario reclama muebles tras finalizar un alquiler, pero el contrato no incluía elementos probatorios suficientes? La Audiencia Provincial de Barcelona lo ha aclarado: sin pruebas objetivas que acrediten la inclusión de los bienes en el arrendamiento, la reclamación carece de viabilidad. Así lo establece una resolución que vuelve a poner el foco en uno de los grandes olvidados de los contratos de alquiler: el inventario. La sentencia, dictada el pasado octubre, delimita con precisión cuándo puede exigirse responsabilidad por la desaparición de bienes en la vivienda.

Las reparaciones en viviendas de alquiler suelen generar muchas dudas frecuentes. Un grifo que gotea, una caldera que se avería o un enchufe que provoca cortes de luz son situaciones comunes. La respuesta no depende de la voluntad de las partes, sino de lo que establecen la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil, que determinan con claridad qué gastos debe asumir cada uno en cada situación. Así, el propietario está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad durante toda la vigencia del contrato. Mientras, el inquilino debe asumir el coste si la avería o el deterioro se debe a un uso inadecuado del inmueble.

Alquilar una vivienda sigue siendo una forma de rentabilizar el patrimonio inmobiliario. Sin embargo, quienes tienen experiencia en este terreno saben que ser casero conlleva más que cobrar una mensualidad. Conflictos con el inquilino, impagos, desperfectos o quejas vecinales pueden aparecer en cualquier momento, y es aquí donde conviene conocer los derechos, las obligaciones y, sobre todo, las soluciones. Por eso vamos a repasar los problemas más comunes entre arrendadores e inquilinos.

Cuando una persona alquila una vivienda, esta pasa a ser su residencia habitual, su casa. Sin embargo, la propiedad sigue en manos del propietario, por lo que muchas veces se puede creer que el casero puede entrar en un piso alquilado cuando quiera. Pero no es cierto. En el momento en que existe un contrato de alquiler, la casa pasa a ser la morada del inquilino, con lo que si éste no lo consiente, el arrendador no podrá entrar.

Los principales problemas jurídicos de los españoles están relacionados con la compra de viviendas y otras propiedades inmobiliarias, el alquiler y los préstamos bancarios. Ésta es la principal conclusión que se puede extraer del estudio que han realizado la consultora Kantar TNS y la plataforma especializada en el área legal Rocket Lawyer. Según sus datos, los españoles tenemos más conflictos jurídicos que franceses u holandeses, sobre todo en temas vinculados al sector inmobiliario.

En prácticamente todos los contratos de alquiler que se firman en España hay una cláusula que hace referencia al artículo 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): “Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario”.

La Asociación para el Fomento del Alquiler, Arrenta, pide que se creen juzgados especializados en arbitraje en todas las capitales de provincia para que se reduzca el tiempo que se tarda en resolver conflictos de alquiler.

El pasado año se produjeron en España 29.579 sentencias sobre arrendamientos urbanos, el 95% de ellas, 28.190, por falta de pago de la renta o de la fianza, según el instituto nacional de estadística.